Atropello judicial sandinista: el caso de "la Rubia" y la impunidad que erosiona Nicaragua

Más allá de las opiniones divididas, este caso revela la podredumbre del sistema: una justicia que premia la lealtad política y castiga la disidencia. Según la acusación inicial del Ministerio Público, el "influencer" conducía bajo los efectos del alcohol, a 90 kilómetros por hora en una zona limitada a 40, lo que configuraba un claro caso de conducción peligrosa. Inicialmente condenado en noviembre de 2024 a 30 años de prisión por homicidio a título de dolo eventual —una figura penal que implica la aceptación consciente del riesgo mortal—, el Tribunal de Apelaciones de Granada revocó esta pena.

Tribuna Ciudadana | @CoyunturaNic

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Granada, Nicaragua

Carlos Humberto Sandoval Molina en diciembre de 2025 | Fotografía cortesía

En una Nicaragua donde la justicia parece un instrumento al servicio del Ejecutivo y los suyos, el caso del tiktoker conocido como "la Rubia" emerge como un símbolo flagrante de atropello judicial sandinista. Carlos Humberto Sandoval Molina, un joven de 24 años con más de un millón de seguidores en redes sociales digitales, fue liberado recientemente tras causar la muerte de una pareja en un accidente vial evitable, en un proceso que revela las grietas profundas del sistema judicial bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo.

Este no es solo un incidente aislado; es un reflejo de cómo la impunidad se ha convertido en norma, socavando la confianza en las instituciones y perpetuando un ciclo de injusticia que afecta a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

Recordemos los hechos, verificados a través de fuentes independientes y reportajes locales.

El domingo 25 de agosto de 2024, Sandoval conducía en estado de ebriedad a 90 kilómetros por hora en una zona limitada a 40, en la carretera Panamericana cerca de Rivas. Arrolló a Hamilton Pérez Hernández, de 48 años, y a Ana Cecilia Echeverría, de 55, quienes viajaban en motocicleta y fallecieron en el acto.

Inicialmente condenado en noviembre de 2024 a 30 años de prisión por homicidio a título de dolo eventual —es decir, aceptando conscientemente el riesgo de matar—, el Tribunal de Apelaciones de Granada revocó la sentencia el jueves 11 de diciembre de 2025.

Reclasificaron el delito como homicidio imprudente, impusieron solo cuatro años de pena (dos por cada víctima) y la suspendieron inmediatamente, permitiendo su libertad condicional con medidas leves como presentaciones mensuales y tratamientos contra el alcoholismo.

Tras apenas 16 meses en prisión, "la Rubia" salió libre, en un giro que muchos ven como un premio a la irresponsabilidad.

Pero el escándalo no termina ahí. Apenas liberado, Sandoval fue agasajado con un iPhone 17 Pro Max valorado en más de 1,500 dólares, mientras su abogado celebraba que "este es un país maravilloso".

En un testimonio público en una iglesia evangélica, el joven declaró, según fuentes consultadas por COYUNTURA, que "no se siente libre" y que "Dios lo perdonó", un discurso que, si bien puede sonar redentor, ignora el dolor de las familias de las víctimas.

Las hijas de Pérez y Echeverría, quienes agotaron todas las vías legales, se enteraron de la revocación por medios independientes y estatales y han optado por el silencio, resignadas ante un sistema que las revictimiza.

Mientras tanto, el padre de Sandoval, un pastor evangélico, y su madre —condenada a tres años por posesión ilegal, posiblemente relacionada con el caso— han pedido clemencia pública, pero sin asumir la gravedad del acto.

Este caso no es anómalo en la Nicaragua sandinista. Organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente cómo el poder judicial, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aplica interpretaciones legales flexibles según el perfil del acusado.

Para opositores políticos o activistas, las sentencias son draconianas y expeditas; para figuras con conexiones o visibilidad en redes —como "la Rubia", cuya popularidad en TikTok lo convierte en un influyente viral—, la justicia se ablanda. ¿Favoritismo? Las evidencias apuntan a ello. En redes sociales, la indignación es palpable: usuarios denuncian que el régimen promueve "antivalores" al liberar a quienes cometen delitos graves, mientras ignora a las víctimas.

Un post en X (antes Twitter) lo resume crudamente: "vivimos en una era donde tiktokers comprados promueven la dictadura y la impunidad reina".

Otro exige a TikTok revisar la cuenta de Sandoval por "normalizar su crimen y revictimizar a las familias".

Como ciudadanía, entonces, no podemos evitar ver en esto un atropello no solo vial, sino institucional. El sandinismo, que un día prometió justicia social, ha mutado en un aparato represivo que prioriza la lealtad y la imagen sobre la equidad.

Casos como este erosionan entonces la fe en el Estado de Derecho y fomentan una cultura de impunidad que, al final, victimiza a todos.

¿Cuántos más deben morir en carreteras o en protestas para que el régimen entienda que la justicia no es negociable?

Las familias de Pérez y Echeverría merecen reparación, no silencio. Nicaragua merece un sistema judicial independiente, no un engranaje del poder. En esta "Tribuna Ciudadana", invitamos a reflexionar: si la fama en redes puede comprar libertad, ¿qué valor tiene la vida de los nicaragüenses comunes?

Es hora de exigir, antes de que la impunidad se vuelva irreversible.

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