Blindaje selectivo y simulacro de justicia: el alarmante doble discurso del Ministerio Público de Honduras

La denuncia presentada este lunes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) por el escandaloso desfalco en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no debería haber sido necesaria. La Fiscalía ya tenía en sus manos, desde hace más de una semana, una batería de evidencias que van desde cotizaciones duplicadas hasta compras de cámaras fotográficas con fondos públicos, siguiendo, según declaraciones del fiscal, la pista de una filtración descarada que solo ha generado la renuncia de un pequeño eslabón.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Editorial

Tegucigalpa, Honduras

Fotografía de COYUNTURA

El Ministerio Público de Honduras se ha convertido en otro espejo roto de la justicia: refleja trozos dispersos de verdad, según convenga al poder que lo controla. No hay justicia imparcial cuando la institución que debe garantizarla actúa como bufón del oficialismo, silenciando unos escándalos, sobreactuando en otros, y acomodando prioridades según el cálculo político e ideológico del día. En pleno 2025, bajo un clima electoral cada vez más opaco, los hechos confirman un patrón: la Fiscalía —a través principalmente de su jerarca, Johel Zelaya Álvarez, que sale a dar declaraciones moviendo el cabello como si fuera un pavo real—, habla de lucha contra la corrupción, pero protege selectivamente a corruptos. Habla de combatir el crimen organizado, pero calla cuando el narco o la violencia aparece en casa.

El caso más obsceno es el de Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Legislativo, hermano del exmandatario Manuel Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, todavía figura clave del oficialismo. En un video ampliamente difundido en redes sociales digitales tras la publicación original de Insight Crime y la replica de medios locales —conocido como "narcovideo"— se le ve y escucha, en una conversación informal, recibir ofrecimientos de campaña y logística electoral por parte de narcotraficantes. El Ministerio Público no ha abierto ningún expediente. No ha citado a nadie. Ni siquiera ha emitido un comunicado aclaratorio. Al respecto, Johel Zelaya solo sabe decir que no acepta presiones mediáticas.

En contraste, cualquier conversación filtrada que involucra a opositores —como el rebuscado general retirado Romeo Vásquez Velásquez, también señalado en otro "narcoescándalo"— ha sido convertida en un espectáculo de persecución oportuna, aunque no haya pruebas más allá del escándalo mediático.

Ejemplo de eso también es el caso de Esdras Amado López. El Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán notificó ayer que fue ilegal la captura y el allanamiento contra el periodista. Notificó a las partes procesales la resolución dictada por un tribunal de alzada. Se anuló el proceso penal seguido contra López y se ordenó repetir las actuaciones procesales desde el inicio, al considerar que hubo irregularidades en los procedimientos policiales. Amado fue detenido como si de un "capo" se tratase, o peor todavía.

La vara con que se mide el delito no es jurídica, sino ideológica, sin duda. El Salvador, Nicaragua y Guatemala sufren también de ese dolor estomacal y sistemático.

Mientras tanto, la organización de la sociedad civil Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este lunes 30 de junio de 2025 una denuncia formal por el escandaloso "sedesolazo", una presunta red de saqueo sistemático de fondos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), manejada por allegados del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en la que al menos 60 diputados oficialistas y otros 10 opositores están involucrados. A pesar de la documentación presentada, el Ministerio Público se limita a prometer "investigaciones". En los hechos relacionados a funcionarios actuales, no hay allanamientos, ni congelamientos de cuentas, ni órdenes de captura. Solo promesas. Y la salida del ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona.

Los expedientes parecen desvanecerse en la bruma de los discursos. Uno de ellos, el de Ilsy Baquedano —asistente personal de la diputada de LIBRE, Isis Carolina Cuéllar Erazo—, revela cómo con fondos de SEDESOL se pretendía montar un estudio fotográfico, a modo de negocio personal. Cuéllar, además, gestionó supuestas reparaciones en 21 viviendas de Copán con cotizaciones duplicadas. ¿Y el Ministerio Público? Mira hacia otro lado. O a lo mucho trabaja todavía en "indagar" más al respecto. No vaya a ser que hagan falta argumentos, pruebas y razones.

Por otro lado, la Fiscalía poco menciona el gigante caso de "Koriun Inversiones", de vez en cuando, como si le incomodara no concluir los hechos y devolver los fondos entregados por cientos de ciudadanos que esperan respuesta, pero no pasa nada. Como si lo mencionara solo para marcar presencia.

Y mientras tanto, en el corazón del proceso electoral de 2025, se repite la vieja práctica de utilizar recursos estatales y medios de comunicación públicos como brazos de campaña del oficialismo. Rixi Moncada, precandidata presidencial del partido de gobierno, aparece en transmisiones oficiales, ruedas de prensa concertadas, coberturas especiales y propagandas disfrazadas de "informes", junto a spots publicitarios en los que aparecen funcionarios estatales inaugurando obras y agradeciendo a Castro, apelando a su vez a la "continuidad" de la "refundación". La prensa escrita y el canal del Estado se han convertido en herramientas de promoción personal. No hay censura. No hay investigación por uso de bienes públicos con fines proselitistas. Y el Ministerio Público guarda un silencio cómplice.

"Los vamos a seguir gobernando, compañeros", citan una y otra vez, en anuncios de Facebook, YouTube y X. ¿Quién paga eso? ¿Por qué los funcionarios estatales están siendo utilizados para incitar el voto a favor de Moncada y la planilla de LIBRE?

Incluso ante denuncias directas, como las que pesan sobre la legisladora Cuéllar, a quien se vincula con tráfico de influencias y manejo irregular de fondos sociales, el MP no actúa. Ni una citación, ni una declaración contundente.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lo ha dicho con claridad dolorosa este lunes: "el Ministerio Público es un elefante blanco". Una maquinaria inmensa, costosa, adornada de discursos técnicos, pero completamente inútil a la hora de ejercer su función, beligerante contra todo crimen y presunto criminal, sin importar raza, ideología, color y estrato social. En Honduras, la impunidad no solo se tolera: se administra. La Fiscalía es el titiritero de esa impunidad. Un órgano que elige a quién acusar y a quién proteger, según las necesidades del poder. Bajo el ropaje institucional se esconde una estructura de control político, y mientras tanto, los millones robados de los programas sociales siguen desapareciendo, los vínculos del narco con la clase política siguen intocables, y el pueblo sigue pagando la factura de una justicia ausente.

No se trata solo de denunciar. Se trata de no olvidar. De accionar en base a una justicia imparcial y en pro de la ciudadanía, no de unos pocos que son élite. Porque lo que hoy toleramos como inercia, mañana será el sistema.

El caso de Juan López, ninguna novedad todavía. Dos periodistas asesinados en lo que va del año, uno de ellos salvadoreño; cero avances que la ciudadanía conozca.

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