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Canibalismo político del régimen Ortega-Murillo alcanza a cuatro alcaldes sandinistas en siete meses

Aunque circulan versiones extraoficiales sobre supuestos actos de corrupción, las autoridades aún no han confirmado oficialmente las razones detrás de esta cuarta destitución. Este patrón de canibalismo político genera críticas a nivel nacional e internacional, y acentúa las mismas serias interrogantes sobre la nula independencia de las instituciones y la salud de la democracia en el país centroamericano.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua
Ilustración de Coyuntura
Ilustración de Coyuntura

En lo que es un claro patrón de consolidación del poder local, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha destituido a un cuarto alcalde en lo que va de 2023. El último funcionario en ser removido de su cargo como representante municipal del sandinismo es Abiud Saballos Arcia, ahora exalcalde de Moyogalpa, en el departamento de Rivas, en la turística y reconocida Isla de Ometepe. La destitución del funcionario se produce, al igual que la de sus colegas, en el contexto del primer año del nuevo período gubernamental local, tras la controvertida transferencia de las municipalidades en su totalidad (153) al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en enero de este año, luego de los comicios irregulares que se llevaron a cabo en noviembre del año 2022.


Saballos asumió la alcaldía de Moyogalpa este año, después de haber ostentado el cargo de vicealcalde desde 2018, tras los comicios municipales del año 2017, una votación que sigue envuelta en denuncias de fraude por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) a favor del aparato orteguista, según denuncias elaboradas por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes.


Aunque en los pasillos de la alcaldía de Moyogalpa se han escuchado rumores de que la destitución de Saballos Arcia se debió a supuestos actos de corrupción, según fuentes consultadas para este reporte, aún no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades pertinentes, como la Contraloría General de la República, o el FSLN.


En el caso de Saballos Arcia, el silencio por parte de las instituciones oficiales es notable. Tampoco el CSE, o el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) -encargado de apoderarse de los cargos edilicios- se han pronunciado sobre la destitución del alcalde. La falta de transparencia en estos casos ha sido una constante en el proceso de toma de control del régimen, lo que eleva las sospechas y la preocupación entre la población nicaragüense.


La destitución de Saballos Arcia no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de canibalismo político por parte del régimen de Ortega y Murillo. En los últimos siete meses, ya son cuatro los alcaldes destituidos, lo que evidencia una clara estrategia de consolidación del poder y control absoluto sobre las municipalidades del país. El primero en ser removido fue Jaime Aráuz, exalcalde de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa, quien apenas duró nueve días en la reelección de su cargo después de 22 años de gestión.


Su destitución fue justificada con "problemas de salud", aunque muchos dudan hasta la fecha de la veracidad de esta afirmación.


"Los casos de corrupción, incluidos desfalcos, malversaciones, robos descarados, conexiones con o cometimiento de actos líticos, históricamente, y en la actualidad, han sido maniobrados por la administración sandinista para que no vean la luz. Prueba de ello son situaciones escandalosas como la del exmagistrado del CSE, Julio César Osuna, quien paga una condena de más de 20 años de cárcel en su casa por nexos con el narcotráfico y procesos ilegales en cuanto a la emisión de cédulas de identidad; o la del exjefe de inteligencia de la Policía Nacional, el comisionado general en retiro Adolfo Joel Marenco Corea. Desde hace años Daniel Ortega solo los remueve y los esconde", señala una politóloga y catedrática universitaria consultada por la Redacción de COYUNTURA bajo la condición de anonimato.


El segundo alcalde en correr con la misma suerte fue Pedro Pablo Vargas, exalcalde de Granada, quien fue obligado a renunciar el pasado 09 de marzo tras la presión del Consejo Municipal controlado por el orteguismo. Al igual que en el caso de Aráuz, se argumentaron problemas de salud como razón de su partida. La falta de transparencia en estas remociones ha sido una constante desde hace varios años, lo que genera suspicacias sobre la veracidad de las razones esgrimidas por el régimen sandinista.


El tercer alcalde destituido fue la sandinista María Lesbia Treminio, alcaldesa designada de Ciudad Darío, Matagalpa, señalada extraoficialmente de actos ilícitos y corrupción, nepotismo y malversación de fondos. En su lugar, fue nombrada la maestra y concejal sandinista, Maritza Eleonora Ruiz Matamoros, junto al vicealcalde Arsenio Rayo Flores.


"Quien manda a poner y a quitar en las alcaldías y en todas las instituciones estatales y gubernamentales es Ortega y Murillo. No hay punto de intervención a menos que ello lo decidan", señala la docente.


Estos cambios en las alcaldías se enmarcan tras el proceso electoral altamente cuestionado de 2022, donde el Consejo Supremo Electoral otorgó todas las alcaldías de los 153 municipios del país al partido orteguista, incluso las que estaban previamente controladas por opositores, tras su arrebato por parte del oficialismo. Esto pinta un claro desbalance de poder, nacional y local, y una disminución de la representatividad democrática en el país centroamericano.


El canibalismo político del régimen de Ortega ha sido criticado tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de transparencia en estos procesos de destitución, así como el uso del poder para silenciar a la oposición y mantener un control absoluto sobre el país. Urnas Abiertas, por ejemplo, ha detallado como los fondos estatales son centralizados por la administración sandinista para beneficiar a las alcaldías más sumisas. Estas acciones son una clara estrategia para eliminar cualquier voz discordante y perpetuarse en el poder indefinidamente.


El silencio de las instituciones encargadas de supervisar la probidad de los funcionarios, como la Contraloría General de la República, levanta dudas sobre su independencia y su papel en estos procesos. La falta de rendición de cuentas y la ausencia de explicaciones claras sobre las razones detrás de las destituciones mina continuamente la confianza en las instituciones del Estado y en el proceso democrático del país. "Es evidente que en Nicaragua imperan las ordenes directas de Ortega en cuanto a situaciones del FSLN, del Ejecutivo, de los otros Poderes del Estado y de las municipalidades que deberían trabajar para el bienestar de la Nicaragua profunda, en donde está más del 60 % de la población (zonas rurales). La justicia sandinista puede que investigue, pero por mucho no habrá institucionalidad", explica la analista consultada para este texto.


La destitución del cuarto alcalde en menos de un año por parte del régimen de Daniel Ortega es una muestra más del canibalismo político que caracteriza su cuarto mandato consecutivo, tras llegar al Ejecutivo en 2007. La falta de transparencia y de rendición de cuentas en estos procesos ahonda la preocupación y desconfianza tanto en la población nicaragüense como en la comunidad internacional. Es necesario que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva para esclarecer las razones detrás de estas destituciones y garantizar la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.


Por otro lado, a esta situación es innegable enlazar la reconfiguración diplomática que la administración Ortega-Murillo ha desarrollado en el primer semestre de 2023 con el fin de sacudir sus relaciones internacionales, en la búsqueda de apoyo por parte de otras administraciones totalitarias, y en medio del aislamiento de fuerzas realmente democráticas en el mundo.


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