Copresidencia sandinista instala "súper Fiscalía" en Nicaragua con la nueva Procuraduría General de Justicia "Todos contra la Corrupción"
- Redacción Central
- 6 ago
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"La entidad identificará, perseguirá y procesará a todo responsable de actos lesivos al patrimonio económico, natural, cultural, material, político y jurídico del pueblo nicaragüense, que es el Estado mismo; no permitiendo de ninguna manera, el encubrimiento de intereses ajenos a nuestro pueblo, para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo", cita la nueva legislación.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En una sesión unánime de la Asamblea Legislativa de Nicaragua, dominada por el oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se dio luz verde en primera instancia a una ambiciosa reforma constitucional que da vida a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) "Todos contra la Corrupción". Esta nueva entidad, diseñada como un "baluarte institucional" para supuestamente salvaguardar los bienes públicos y erradicar "prácticas ilícitas", absorbe competencias del Ministerio Público (MP) y la actual Procuraduría General de la República (PGR), centralizando así mecanismos de investigación y persecución penal en un solo organismo. La medida, impulsada por la administración matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, responde a un "llamado imperioso por blindar los avances sociales ante amenazas internas y externas", según detalla la exposición de motivos presentada ante el pleno legislativo.
La iniciativa, respaldada por las y los 91 diputados presentes sin votos en contra ni abstenciones, modifica los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política de Nicaragua. En esencia, transforma el panorama jurídico al instituir una procuraduría con atribuciones ampliadas, enfocada en la defensa intransigente de los patrimonios económico, natural, cultural, material, político y jurídico del pueblo, "que es el Estado mismo", según el sandinismo. El texto aprobado enfatiza que esta institución no tolerará interferencias ajenas, priorizando la autonomía en la detección y sanción de infracciones que menoscaben los intereses colectivos, visualizando un futuro de oposición internacional ante el mecanismo poco transparente. "El Estado nicaragüense, a través de su Procuraduría General de Justicia, no permitirá de ninguna manera, para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo del Erario y los Patrimonios del Pueblo nicaragüense", reza el documento fundacional.
La génesis de esta transformación se remonta a un contexto global marcado por oleadas de inestabilidad, donde Nicaragua busca posicionarse como un "bastión de soberanía" frente a lo que percibe como embates imperialistas. La exposición de motivos, fechada en Managua el martes 05 de agosto de 2025 y firmada por la titular de la PGJ en funciones —Wendy Carolina Morales Urbina—, resalta el "tsunami de corrupción que azota y asola al mundo", argumentando que ningún pueblo empobrecido puede permitirse excepciones. Se invoca un compromiso profundo con principios revolucionarios, patrióticos e inspirados en los ideales de independencia, soberanía, autodeterminación nacional, seguridad y paz, en una batalla perpetua contra la impunidad, con la narrativa Ortega-Murillo siempre "de frente".
Históricamente, esta no es la primera incursión en un modelo similar: en 1980, durante los albores de la Revolución Ciudadana, operó una Procuraduría General de Justicia con objetivos análogos. El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada oficialista, evocó este precedente durante el debate, subrayando que la actual reforma consolida esa "herencia" al unificar esfuerzos contra la delincuencia y las malversaciones. "Estamos garantizando a nuestro pueblo que todos los recursos del Estado, que son los recursos del pueblo nicaragüense, están bajo resguardo, bajo seguimiento, bajo protección de la Procuraduría General de Justicia", manifestó Castro hoy, añadiendo que esta integración libera fondos para "combatir la pobreza y elevar el bienestar familiar".
La fundamentación legal se ancla en disposiciones constitucionales existentes, como los artículos 4, 8, 98, 105, 132, 177 y 178, así como en los numerales 101, 102 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Estas bases habilitan al parlamento para impulsar cambios que fortalezcan la unidad estatal, asegurando que la PGJ actúe como un ente acusador riguroso en representación de las víctimas del crimen organizado, el lavado de activos y el narcotráfico, con el FSLN como principal gestor institucional y presupuestario.
El artículo primero de la ley de reforma, titulada "Ley de Reforma a los Artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política de la República de Nicaragua", detalla las enmiendas específicas. El artículo 132 ve derogado su literal "b" del numeral "8", eliminando referencias "obsoletas" a la PGR y reorientando el ordenamiento jurídico hacia la nueva denominación. A partir de su vigencia, toda alusión a la Procuraduría General de la República en normativas vigentes se sustituirá por Procuraduría General de Justicia.
El artículo 159, ahora reformado, define a la PGJ como el órgano responsable de ejercer la representación legal y la defensa de los intereses supremos del Estado y el pueblo nicaragüense. Su mandato abarca la persecución y procesamiento de transgresiones al patrimonio económico, natural, cultural, material, político y jurídico, sin concesiones que mitiguen la gravedad de los hechos o las especificaciones de los mismos. "La Procuraduría General de Justicia identificará, perseguirá y procesará a todo responsable de actos lesivos al patrimonio económico, natural, cultural, material, político y jurídico del pueblo nicaragüense, que es el Estado mismo; no permitiendo de ninguna manera, el encubrimiento de intereses ajenos a nuestro pueblo, para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo", establece el texto íntegro publicado en la iniciativa.
Por su parte, el artículo 160 estipula que la jerarquía de la PGJ será nominada por la "Presidencia de la República", quien ejerce la jefatura suprema sobre esta y todas las entidades estatales y descentralizadas, aunque ahora bajo la figura de una Copresidencia. Incorporará todos los órganos de la actual PGR, el Ministerio Público y otras instancias afines, asegurando un "resguardo integral del erario nacional". El "procurador general de justicia", designado copresidencialmente en todo caso, "contará con los recursos necesarios para cumplir sus deberes", enfatizando una orientación acusatoria con "profundo compromiso revolucionario y patriótico".
La derogación explícita en el artículo segundo abroga cualquier disposición contraria, mientras que el tercero ordena la publicación inmediata en La Gaceta - Diario Oficial, una vez ratificada en segunda legislatura. La entrada en vigor dependerá de esta aprobación subsiguiente, prevista en una sesión futura de la Asamblea.
Durante la discusión, el diputado Carlos Emilio López, del FSLN, resaltó el rol "protector" de la PGJ. "En este sentido, el pueblo quedará protegido contra cualquier acto ilícito, contra cualquier acto ilegal que atente cuando se comentan actos de corrupción", explicó, extendiendo su ámbito a salvaguardar la integridad personal, la vida, la propiedad, la seguridad y la paz. López vinculó la reforma a un marco más amplio de "cohesión estatal", describiendo un "estado compacto, coherente, armónico" bajo la dirección copresidencial de Daniel y su esposa y comandataria Rosario, que nomina y domina a los ahora órganos legislativo, judicial, electoral y de fiscalización.
Edwin Castro complementó esta visión al afirmar que la PGJ unifica la "lucha permanente" contra la corrupción, asumiendo todas las funciones del Ministerio Público y la PGR en "un solo puño del pueblo". "Todo acto que atente contra los intereses supremos de la patria, contra los intereses supremos del pueblo, serán perseguidos, procesados, sancionados con las máximas penas que están en nuestras leyes", declaró, destacando su "impacto" en la muy poco probable "redistribución de recursos para el desarrollo social".
A diferencia de mecanismos como la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fallecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) o la soñada Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), esta procuraduría se erige como una entidad puramente ideológica, alineada con la visión sandinista de "autodeterminación", en medio de la "operación laxante", que ha removido al menos a 56 altos funcionarios tras unas 100 pesquisas de la PGR. La PGJ no depende de "injerencias externas", sino que se integra al Ejecutivo para agilizar respuestas ideológicas y represivas contra el despojo de "las conquistas de la Revolución de 1979", incluyendo "ataques a la humanidad" como el lavado de activos y el crimen transnacional.
La reforma consolida entonces el control sobre el aparato judicial, al fusionar roles investigativos y acusatorios en una estructura que representa tanto al Estado como a las comunidades. Esto implica una mayor eficiencia en la identificación de vulnerabilidades y posibles acusaciones —contra funcionarios, aliados, disidentes, empresarios y organizaciones sociales o descentralizadas—, con énfasis en sanciones máximas para infractores, sin distinciones que favorezcan a elites o intereses foráneos.
En el cierre de la sesión, los legisladores firmantes —entre ellos Loria Raquel Dixon Brautigam, como primera secretaria de la Asamblea Nacional— refrendaron el dictamen, marcando un hito en la agenda gubernamental. Con esta aprobación inicial, la Nicaragua sandinista dice "avanzar" hacia una segunda legislatura que podría sellar la operatividad de la PGJ, reafirmando entonces un supuesto "compromiso" con una "justicia proactiva", pero alineada a los ideales poco equitativos y oscurantistas de la Copresidencia matrimonial.
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