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Crisis penitenciaria en Honduras: ejemplo de la violencia y de la necesidad extrema de estrategia

La situación en las cárceles de Honduras sigue siendo un problema latente que se ha manifestado en diversas ocasiones. Actualmente, la sobrepoblación en los centros penales es de 6,540 reclusos, un 150 % más de su capacidad máxima, lo que ha generado un ambiente de violencia, inestabilidad y control por parte de las pandillas en el interior de las prisiones. No obstante, la presidenta Castro espera convertir las cárceles en "centros de rehabilitación" con "mano dura y orden".

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Tegucigalpa, Honduras
En una imagen de archivo, un grupo de soldados y policías militares llegan a la Prisión Nacional Marco Aurelio Soto en Tamara, 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, Honduras | Fotografía de AFP
En una imagen de archivo, un grupo de soldados y policías militares llegan a la Prisión Nacional Marco Aurelio Soto en Tamara, 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, Honduras | Fotografía de AFP

La situación precaria y peligrosa que enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras se intensifica. La sobrepoblación, la falta de recursos, la corrupción y la violencia son algunos de los factores que han contribuido a la crisis penitenciaria que vive el país centroamericano desde hace varios años. El fin de semana largo de la Semana Santa de 2023 lo ha evidenciado.


El sábado 08 de abril, cuatro cárceles en Honduras registraron amotinamientos y tiroteos simultáneos, lo que dejó como resultado un preso muerto y siete personas heridas, según el Instituto Nacional Penitenciario (INP). Los enfrentamientos se dieron entre reclusos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18, lo que evidencia la fuerza y el poder de estas organizaciones en el interior de las cárceles.


Ante estos nuevos enfrentamientos, la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció a través de su cuenta de Twitter que pondrá "mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura".


Sin embargo, un día después de su instrucción (el domingo 09 de abril), se registró un nuevo tiroteo en la cárcel El Pozo, en Ilama -la cuarta instalación con mayor población a nivel nacional-, demostrando la complejidad y la magnitud del problema que enfrenta el sistema penitenciario nacional.



Sobrepoblación y homicidios en las cárceles


Según cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), en las prisiones del país hay casi tres veces más personas privadas de libertad que la capacidad de las instalaciones carcelarias. Además, el sistema penitenciario hondureño cuenta con una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con un promedio de 40 homicidios por cada 10,000 personas privadas de libertad.


Por otro lado, un análisis realizado por la Unidad de Datos de El Heraldo señala que "la sobrepoblación (en las cárceles en Honduras) es 150 % más de la capacidad".


"Aunque el jefe policial (Gustavo Sánchez) habla de un 25 % de sobrepoblación, análisis realizados por el rotativo, basados en cifras del INP, detallan que se trata de un 150 % más; hasta ayer (22 de marzo de 2023) había 19,591 personas procesadas o pagando una condena en las cárceles del país, sin embargo, la capacidad es de 13,051. Esto significa que hay una sobrepoblación de 6,540 presidiarios", señala el medio de comunicación hondureño.


En cuanto a los homicidios: al menos 70 presos fallecieron de manera violenta en las 28 cárceles que hay en todo el territorio hondureño desde el año 2019, según declaraciones en febrero de este año de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, quien pidió a las autoridades "proteger a los reos".


Las medidas de la administración Castro


El Poder Ejecutivo aprobó en marzo de 2023 la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en la Isla del Cisne y entre la montaña de Patuca y Gracias a Dios, las cuales tendrían una capacidad para 1,500 personas privadas de libertad cada una, quienes estarían recluidos bajo aislamiento debido a que serán entes de alta peligrosidad: personas en proceso o sentenciadas, por delitos como narcotráfico, crimen organizado, secuestro, extorsión y por vínculos con maras y pandillas.


No obstante, esta medida, como parte del plan de la administración de Castro contra la extorsión y delitos conexos, y de la estrategia nacional de seguridad, no sería suficiente, debido a que "para no superar el límite de los centros penitenciarios se tendrían que construir cuatro cárceles similares a las anunciadas por la Secretaría de Seguridad", según la investigación de El Heraldo.


El Gobierno hondureño también ha implementado programas de rehabilitación para las personas privadas de libertad. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para resolver la crisis en su totalidad.


Según cifras oficiales publicadas en La Prensa, menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, lo que agrava aún más la situación, ya que muchos de ellos permanecen detenidos por largos períodos de tiempo, sin juicio y sin acceso a la justicia. Esta realidad ha provocado el surgimiento de organizaciones criminales y el fortalecimiento de las pandillas, que tienen un alto grado de control sobre la población carcelaria, y han generado un aumento de la violencia en el interior de las cárceles durante los últimos años.


Entrada principal de la Penitenciaria Nacional de Comayagua, en Honduras | Fotografía de EFE
Entrada principal de la Penitenciaria Nacional de Comayagua, en Honduras | Fotografía de EFE

Una estrategia que parece no tener resultados


La crisis penitenciaria en Honduras ha sido objeto de preocupación y denuncia por parte de organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la situación en las cárceles hondureñas es "crítica" y ha hecho un llamado a las autoridades del país para que adopten medidas urgentes con el fin de mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.


En cuanto a las causas de la crisis, se han señalado factores como la falta de inversión en el sistema penitenciario, la corrupción y la violencia generalizada en el país. La falta de acceso a la justicia y la impunidad también son factores que han contribuido a la situación. Por lo tanto, a pesar de las promesas y los anuncios de las autoridades, la solución a este problema parece lejana y difícil de alcanzar.


Según un informe de la organización Human Rights Watch, publicado en 2020, el hacinamiento y las condiciones inhumanas en las cárceles hondureñas son una "grave preocupación". La organización denuncia que los presos no tienen acceso adecuado a la atención médica, alimentación y agua potable, y que la violencia y el abuso por parte de los guardias penitenciarios son comunes.


Por otra parte, el informe también destaca la falta de medidas para la rehabilitación y reinserción de los presos en la sociedad, lo que contribuye a la alta tasa de reincidencia en delitos.


En diciembre de 2022, cuando la administración de Castro anunció a través de Sánchez y Ramón Sabillón, cabeza de la Secretaría de Seguridad de Honduras, las generalidades de la estrategia "para el abordaje del crimen común y especializado que ha afectado gravemente a la colectividad hondureña", como parte de los ocho ejes estratégicos, también se comunicó a la población una reforma al Sistema Penitenciario.


Esta modificación busca "controlar a los internos, personal y demás actores del sistema penitenciario", con acciones como: mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento para el control de ingreso y egreso; adquisición de tecnología para el bloqueo de señales y redes de comunicación utilizadas por los privados de libertad; desarrollar capacidades enfocadas a la prevención, disuasión y control.


Varias organizaciones y activistas de los derechos humanos piden nuevamente, en el contexto de los enfrentamientos de la Semana Santa de 2023 en las cárceles de Honduras, la revisión de cientos de casos judiciales y aprensiones que se encuentran sin resolver.


El lunes 10 de enero, Castro anunció que la viceministra de Seguridad, Semma Julissa Villanueva, quien es doctora y estuvo a cargo de Medicina Forense del Ministerio Público, presidirá el "plan de intervención, SCC", apoyada por el IPN y la Policía Nacional, "con el fin de desmontar las estructuras criminales que operan en centros penitenciarios". "El día viernes (14 de abril) anunciará las medidas", señaló la mandataria hondureña.


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