Demoras, tensión y denuncias internas: el escrutinio especial que definirá las elecciones hondureñas entra en la zona de riesgo
- Jairo Videa
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El analista Luis León ha advertido que las actas con inconsistencias podrían representar hasta 900,000 votos, una magnitud suficiente para confirmar o alterar el resultado preliminar. Para León, el problema es estructural: mientras los partidos políticos mantengan el control directo del conteo, Honduras seguirá atrapada en un ciclo de denuncias de fraude cada cuatro años. Su propuesta pasa por una nueva Ley Electoral que retire a los actores partidarios de los escrutinios y restablezca la confianza ciudadana en el sistema.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras

El escrutinio especial ordenado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para revisar 2,792 actas con inconsistencias —una operación cuyo resultado puede cambiar el desenlace de la ajustada elección del domingo 30 de noviembre— avanza con lentitud, en medio de enfrentamientos entre delegados partidarios, denuncias de sabotaje interno y un clima de intimidación que las autoridades electorales califican de «grave».
Según la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, el recuento comenzó con un retraso y desde su puesta en marcha ha mostrado un avance mínimo: jornadas en las que las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) procesaron cifras que en promedio rondan las 15 actas por hora, y episodios en que, según denuncias internas, durante nueve horas se revisó apenas una acta por mesa. Ese bajo rendimiento convierte el proceso en una carrera contra el plazo legal para la declaratoria: el martes 30 de diciembre.
En cuanto a los votos, los registros preliminares muestran una disputa cerrada: diferentes actualizaciones oficiales y de prensa colocan a Nasry "Tito" Asfura ligeramente por delante de Salvador Nasralla, y a Rixi Moncada a una distancia notable en tercer lugar.
Las cifras han oscilado según el reporte y la hora del corte; los porcentajes manejados por agencias sitúan a Asfura en torno al 40–40,5 % y a Nasralla alrededor del 39–39,6 %, con el conteo de actas cercano al 99,8–99,92 % en distintos momentos del proceso. Esas papeletas cuestionadas —y su correcta contabilización— podrían representar decenas o centenares de miles de votos capaces de acortar o revertir la diferencia.
Cronología de la paralización y hechos sobresalientes
El escrutinio especial debía arrancar el 13 de diciembre y comenzó finalmente con retraso; desde entonces se repitieron paradas, confrontaciones verbales y físicas entre representantes de partidos y la intervención de fuerzas de seguridad en el Centro Logístico Electoral (CLE) en Tegucigalpa.
Delegados de los partidos Liberal (PLH) y Libertad y Refundación (LIBRE) suspendieron labores en distintos turnos —en uno de ellos durante seis horas— al negarse a abrir maletas electorales o a participar en el recuento, según testimonios de representantes del Partido Nacional (PNH) y reportes periodísticos. Esa actitud generó suspensión temporal del conteo y reemplazos ordenados por algunos jefes partidarios.
Hubo incidentes de violencia y agresiones en las JEVR que requirieron la intervención policial y militar; cuatro personas fueron retiradas del CLE por altercados.
Acusaciones desde dentro del CNE: sabotaje y presiones por sesiones presenciales
Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López han hecho públicas denuncias que no se limitan a desavenencias técnicas: hablan de "acciones orientadas a interrumpir y demorar el proceso electoral" y de presiones para forzar sesiones presenciales del pleno en un contexto que ellas consideran inseguro. Hall llamó a los partidos a sustituir a miembros de Juntas que, a su juicio, se prestan a "lamentables acciones" que socavan la democracia. El señalamiento apunta a sectores internos y a consejeros que se oponen a la continuidad del proceso en la modalidad virtual usando la pandemia y la seguridad como pretexto o como herramienta de presión.
En sentido inverso, el consejero Marlon Ochoa —vinculado al partido gobernante LIBRE— declaró que no validará lo que él califica como una elección "sucia" y advirtió que no firmará una declaratoria que considere fraudulenta; su postura evidencia la fractura y profundiza la incertidumbre sobre la firma unánime requerida para la proclamación.
Seguridad y presión en el exterior del CLE
Mientras las JEVR intentan avanzar, el perímetro del CLE permaneció custodiado por contingentes policiales, militares y escuadrones antibombas, ante la presencia de colectivos y manifestantes que reclaman transparencia pero que, según las autoridades, también entorpecen la operatividad. Observadores internacionales han alertado sobre el riesgo de que la tensión externa se traslade al interior del conteo y comprometa la integridad del proceso.
La voz de los analistas: ¿cómo recuperar confianza?
El analista Luis León, consultado por EFE, planteó una propuesta que apunta al origen estructural del problema: retirar la responsabilidad del conteo de votos a los partidos políticos, lo que implicaría reformar la ley electoral para profesionalizar y despartidarizar la operación técnica del recuento y así reducir las reiteradas acusaciones de fraude que, en su lectura, minan la legitimidad del sistema cada cuatro años.
Esa recomendación choca con la práctica actual en Honduras —y con intereses políticos fuertes— pero responde a una preocupación compartida por sectores que reclaman mecanismos más neutros y técnicos para administrar los comicios.
El analista Josué Murillo y otras voces públicas coinciden en que la legitimidad del escrutinio especial dependerá de la capacidad del CNE para actuar con "celeridad, rigurosidad técnica y sin interferencias políticas"; sólo así, afirman, el eventual presidente electo podrá asumir con el aval del voto popular y no de acuerdos entre cúpulas partidarias.

Riesgos institucionales y escenarios posibles (sin especular)
Demora y declaratoria extemporánea: si el ritmo no se acelera, la fecha legal del 30 de diciembre para la declaratoria corre riesgo de ser incumplida, lo que puede derivar en recursos legales y una mayor incertidumbre pública.
Firmeza institucional: la persistencia de Hall y López en mantener el proceso virtual y completar el escrutinio refleja una postura institucional que busca culminar con la declaratoria pese a las presiones; esa firmeza, sin embargo, enfrenta un desafío si consejeros se niegan a suscribir los actos.
Impacto sobre la transición: la presidenta Xiomara Castro ha dicho que respetará la decisión que el CNE oficialice, lo que matiza el riesgo de ruptura abierta, aunque las advertencias y desconfianzas de partidos como LIBRE mantienen la posibilidad de protestas post-declaratoria.
Lo técnico: ¿qué implica el escrutinio especial?
La revisión de 2,792 actas busca subsanar errores de llenado, incorporar boletas no contabilizadas o anular actas con vicios insubsanables. En rigor técnico, es una etapa normal del ciclo electoral —prevista por la ley— que en contextos políticamente polarizados adquiere un carácter decisivo porque esos paquetes cuestionados concentran el número de votos suficiente para alterar márgenes estrechos.
Su ejecución exige procedimientos de cadena de custodia, revisión presencial (o con controles de transmisión) y condiciones de seguridad y neutralidad que, según los protagonistas, no se han garantizado plenamente.
El escrutinio especial de Honduras no es sólo una operación técnica: es una prueba para la frágil confianza en las instituciones electorales. Los retrasos, los choques entre delegados, las denuncias de sabotaje interno y la presión pública y extranjera colocan al CNE y a los partidos ante la necesidad de priorizar la transparencia y la celeridad sin permitir que la tensión derive en decisiones apresuradas o en impugnaciones masivas.
Que la revisión concluya con un procedimiento técnico, documentado y firmemente custodiado será el elemento que, en este momento, puede reducir el riesgo de una crisis poselectoral.
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