Dictadura de Ortega y Murillo simula distensión: libera a unos, encarcela a decenas y profundiza la represión
- Jairo Videa
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En medio de un estremecimiento sin precedentes para los regímenes autoritarios del continente tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero pasado, el gobierno de Daniel Ortega ejecutó la liberación selectiva de una veintena de presos políticos nicaragüenses. La medida, más simbólica que sustantiva, coincide con un aumento de detenciones arbitrarias —superiores a 60 personas ligadas a expresiones públicas de apoyo a la caída de Maduro— y con un reforzamiento de juicios fabricados y restricciones a la entrada de observadores internacionales, evidenciando una estrategia de simulación de apertura con el objetivo de aliviar la presión de Washington sin modificar la estructura represiva que mantiene en Nicaragua y otros gobiernos aliados bajo observación regional.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La excarcelación de al menos una veintena de presos políticos nicaragüenses, anunciada y ejecutada en coincidencia con los 19 años de permanencia de Daniel Ortega en el Órgano Ejecutivo, no responde a un proceso de negociación formal ni a un giro sustantivo en la política represiva del régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Analistas políticos coinciden en que se trata de una maniobra calculada para reducir tensiones con Estados Unidos, ganar tiempo y enviar señales puntuales en un contexto hemisférico que se ha vuelto más incierto para las dictaduras aliadas de Managua.
De acuerdo con especialistas consultados por La Prensa, la liberación de personas detenidas por motivos políticos debe leerse como un intento de "liberar presión" en un momento en que el equilibrio regional se ha alterado tras acontecimientos de alto impacto. Entre ellos, la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada por fuerzas especiales de los Estados Unidos de Norteamérica el sábado 03 de enero de 2026, un hecho que, según docentes universitarios que conversaron con COYUNTURA, se anunciaba ya desde hace varias semanas, teniendo en consideración el bombardeo de varias embarcaciones en el Mar Caribe.
El golpe contra el régimen chavista marcó un antes y un después en la percepción de riesgo de administraciones autoritarias como la nicaragüense. "No se esperaba algo de esa magnitud, con ese impacto. Se esperaba por mucho un bombardeo disuasivo", señaló una politóloga. Ese episodio habría colocado a la cúpula de Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ante una realidad distinta: no la de entregar el poder, sino la de administrar el tiempo y maniobrar para evitar un escenario de mayor confrontación directa con Washington.
El cálculo político del régimen apunta, según Eliseo Núñez, a llegar a las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el 03 de noviembre de 2026, cuando la administración de Donald Trump podría enfrentar tensiones internas y un escenario legislativo más complejo. En esos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado —35 puestos—, 36 gobernaciones y numerosos cargos estatales y locales, lo que convierte la jornada electoral en una especie de referéndum indirecto sobre la gestión presidencial.
Presos políticos: cifras incompletas y subregistro
Mientras la monarquía del FSLN intenta proyectar una imagen de distensión, los datos sobre la represión interna muestran una realidad mucho más amplia. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua contabilizaba, hasta el domingo 11 de enero, al menos 44 personas en condición de prisión injusta o desaparición forzada. Sin embargo, el propio organismo advierte que el número real podría ser considerablemente mayor, ya que su registro depende de denuncias de familiares y allegados, muchas de las cuales no se presentan por temor a represalias.
Estas cifras, además, no incluyen a decenas de personas detenidas por manifestar en redes sociales digitales su entusiasmo a la captura de Nicolás Maduro. Según Claudia Pineda, funcionaria del Mecanismo, versiones periodísticas sitúan este grupo en más de 60 personas, arrestadas o retenidas entre el sábado 03 y el viernes 09 de enero. Una parte de ellas habría sido liberada tras 48 o 72 horas, aunque bajo la obligación de presentarse periódicamente en estaciones policiales, una práctica que mantiene el control y la intimidación estatal.
Excarcelaciones como señal, no como acuerdo
El analista político Oscar René Vargas sostiene que las liberaciones recientes encajan más en una lógica de tanteo que en la de una negociación consolidada. "Lo de las excarcelaciones estaría más bien en la idea de abrir una negociación, no de que ya exista", afirmó. Desde esta perspectiva, el régimen podría estar dispuesto a ofrecer más concesiones en temas que son sensibles para Washington, como migración o narcotráfico, con el objetivo de reducir sanciones y presiones diplomáticas.
Núñez coincide en esa lectura y añade que la narrativa del oficialismo busca vender "estabilidad" a cambio de tolerancia internacional. "La tesis de ellos es: yo te vendo estabilidad y me dejas. Ortega intenta presentarse como un guardia de seguridad confiable", explicó. En ese marco, la administración Trump es vista por Managua como más transaccional, aunque cualquier acercamiento se mantendría fuera del escrutinio público.
Un ejemplo de esa política fue la facilitación, por parte de la dictadura sandinista, de vuelos con migrantes cubanos, haitianos, africanos y asiáticos que utilizaban Nicaragua como punto de tránsito hacia Estados Unidos, una práctica que derivó en sanciones estadounidenses en el año 2024. A ello se suma el libre visado otorgado a ciudadanos cubanos desde finales de 2021, considerado ampliamente como un mecanismo de presión indirecta para incrementar los flujos migratorios hacia el norte.
Migración y elecciones anticipadas como moneda de cambio
Para Vargas, la migración ocupa un lugar central en la agenda de Trump, lo que explica el interés del régimen nicaragüense en abrir canales de diálogo. Incluso, señala, podrían ponerse sobre la mesa propuestas como elecciones anticipadas o acuerdos migratorios de mayor alcance, aunque todavía falta mucho para que Washington considere sentarse formalmente con Managua.
El impacto psicológico de la captura de Maduro, añade Vargas, habría sacudido a las estructuras que sostienen el poder en Nicaragua. "Todos ellos saben que hay un cambio y que van a tener que actuar. El hecho mismo de liberar a algunos presos políticos demuestra que hay efectos negativos para el régimen", apuntó. Sin embargo, advirtió que las figuras de mayor peso político o militar continúan detenidas y son vistas como "fichas de negociación" de mayor valor, reservadas para una etapa posterior.
Quiénes fueron liberados
Según una actualización divulgada el domingo 11 de enero por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 24 personas fueron liberadas la mañana del sábado 10 de enero, con confirmación directa de sus familiares. De ellas, seis no figuraban en la lista oficial de 62 reos de conciencia del Mecanismo, lo que confirma la existencia de un subregistro de detenciones ordenadas por el régimen.
Entre estos casos se encuentran extrabajadores del Estado. El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) identificó, a partir de imágenes difundidas en medios oficialistas, al doctor Gerald René Areas Lacayo, exjuez del Juzgado Segundo de Ejecución y Embargos de Managua, detenido desde inicios del año pasado, y a Nadezhna Obando Cerna, exasistente del exmagistrado Marvin Aguilar y sobrina del coronel en retiro Lenín Cerna, quien permanecía encarcelada desde enero del año anterior.
Dentro del grupo de excarcelados registrados oficialmente figura el pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, junto a cuatro miembros de su familia, detenidos en julio del año pasado durante una ola represiva en Jinotepe, Carazo. En diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió públicamente su liberación, a lo que el régimen respondió con una comunicación de la Procuraduría General de Justicia en la que los calificó de "malhechores" y los acusó de atentar contra la Constitución y la paz social.
También fueron liberados Armando José Bermúdez Mojica y Mauricio Francisco Alonso Estrada, señalados en el mismo documento oficial, así como otros opositores de Jinotepe que permanecieron casi cinco meses encarcelados: el restaurantero Mario José Rodríguez Serrano; el artista Marvin Antonio Campos Chavarría; y Alder Fabián López Luna, exmilitante del PLI y de Ciudadanos por la Libertad, retornado del exilio en Honduras.
A este grupo se suman Harold Santiago Miranda, investigador universitario y extrabajador de la clausurada Universidad Centroamericana, y el activista Chester Jaromil Cortez, quien se encontraba en condición de desaparición forzada. Ambos habían sido detenidos en agosto del año pasado. Asimismo, recuperaron la libertad Rafael Enrique Acevedo Guevara, conocido como "el teacher", y Óscar Enrique Velázquez Sánchez, "el chino", este último recién regresado de su exilio en Costa Rica.
Desde el norte del país centroamericano fueron excarcelados el exalcalde de Santa María de Pantasma, Óscar Gadea Tinoco, miembro de Ciudadanos por la Libertad, y los jinoteganos José Leónidas Rizo y Ambrosio Concepción Rivera, quienes habían sido sometidos a desaparición forzada tras su captura en mayo del año pasado.
Entre los liberados también figura Engel Fernando Gutiérrez Alemán, de Masaya, registrado de forma anónima por el Mecanismo, y Erick Antonio Mercado López, artesano y promotor cultural de Monimbó, detenido en agosto y sometido a asedio policial desde su participación en actividades culturales vinculadas a la protesta de 2018.
De Managua, el caso más emblemático es el del cineasta Eddy Danilo Meléndez Lacayo, enfermo de Parkinson y encarcelado desde julio de 2021 bajo acusaciones de abuso sexual que organizaciones civiles consideran fabricadas para silenciarlo. En noviembre pasado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental calificó su detención como una muestra del temor del régimen a la disidencia.
Un proceso aún abierto
Testimonios de algunos de los excarcelados indican que el grupo liberado el 10 de enero podría haber superado las 30 personas. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó que continúa monitoreando el proceso y verificando información sobre posibles nuevas excarcelaciones.
Lejos de significar un cambio estructural, estas liberaciones parciales reflejan, según analistas, la vulnerabilidad de un régimen que intenta adaptarse a un entorno internacional menos predecible. La activista Haydee Osuna denunció esta semana que puede existir un subregistro de hasta 700 presos políticos en Nicaragua.
La represión persiste, el número real de detenidos y afectados sigue siendo incierto y las excarcelaciones, por ahora, parecen responder más a cálculos geopolíticos que a un reconocimiento de derechos o a un compromiso genuino con la justicia o una transición.
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