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Dictadura Ortega-Murillo consolida su control total sobre la Policía Nacional de Nicaragua

La administración sandinista, por orden del Ejecutivo, a través de una reforma constitucional que será aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en las próximas horas, convierte al órgano policial en una empresa de seguridad partidaria, endureciendo las sanciones contra las y los oficiales que desobedezcan. Ya no será una Policía "profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante".

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
Una imagen de archivo de Daniel Ortega en Managua, Nicaragua | Fotografía de CNN
Una imagen de archivo de Daniel Ortega en Managua, Nicaragua | Fotografía de CNN

Como último paso hacia el control absoluto del aparato represor del país centroamericano, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha enviado con carácter de urgencia una polémica iniciativa de reforma a la Asamblea Nacional de Nicaragua, la cual busca convertir a la Policía Nacional en un ente sumiso al mandato presidencial, eliminando su carácter "profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante". Con estas reformas, el régimen sandinista pretende también impedir que los agentes policiales puedan abandonar sus filas, endureciendo las sanciones para aquellos que desobedezcan las órdenes superiores.


La reforma propuesta implica una modificación radical al Artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, que rige el marco legal de la Policía Nacional. De aprobarse, este cambio eliminaría la naturaleza civil y profesional de la institución, relegándola a un mero "cuerpo armado, subordinado al presidente de la República".


Además, se establece la obligación de la Policía de proteger al Gobierno de turno, preservar el orden social y garantizar la seguridad ciudadana, sin mencionar su responsabilidad en la prevención y el trabajo comunitario, de primera necesidad en el territorio nicaragüense ante la lucha contra la violencia, los femicidios, el narcotráfico y delitos comunes.


La experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, destacó que esta reforma supone un cambio drástico y peligroso en la naturaleza de la Policía Nacional. La institución, que debería ser apolítica y no deliberante, se vería subordinada al mandatario en el Ejecutivo, dejando de lado su rol preventivo y comunitario para enfocarse únicamente en su carácter coercitivo y armado.


La otra propuesta de reforma afecta a la "Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872)". En esta se introducen tres nuevos artículos, destacando la adición del delito de "deserción", que se consideraría cuando un miembro policial abandone el servicio, y esto conllevaría una pena de dos a tres años de prisión.


Una manifestante con un cartel que señala que Ortega, Anastasio Somoza y la Guardia "son la misma cosa", en Managua, durante el mes de junio de 2018 | Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa
Una manifestante con un cartel que señala que Ortega, Anastasio Somoza y la Guardia "son la misma cosa", en Managua, durante el mes de junio de 2018 | Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa

Esta nueva medida llama la atención, debido a que en los últimos años se ha observado que varios agentes policiales han decidido abandonar sus puestos y huir a países como Estados Unidos, Costa Rica y España, buscando escapar del régimen represivo y mantenerse al margen de la violencia encabezada desde los cuerpos armados, aunque la cifra de oficiales de la Policía casi se duplicó desde la llegada al poder de Ortega en el año 2007 hasta junio de 2022, mientras el órgano es acusado de ser el principal ejecutor de "violaciones y crímenes en Nicaragua que formaron parte de un plan para eliminar toda disidencia". La adopción de esta sanción no solo refuerza la represión sobre la Policía, sino que también atenta contra la libertad de los miembros de la institución y refleja otra situación preocupante para los derechos humanos en el país.


El camino hacia estas reformas parece estar marcado por la prisa, dado que el vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) confirmó que el Ejecutivo busca que sean aprobadas con trámite de urgencia. Esto, sin duda, plantea serias dudas sobre la transparencia y el respeto al debido proceso legislativo en la aprobación de reformas que afectan directamente a los derechos de los ciudadanos y la libertad de la institución policial, que ha vivido la renuncia de comisionados, cambios en sus directivas nacionales y locales, y hasta la detención del exjefe de inteligencia.


Estas reformas, propuestas por el régimen de Daniel Ortega, representan un grave retroceso para la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.


Al subordinar aún más a la Policía Nacional al presidente y eliminar su carácter apolítico y no deliberante, se consolidan los mecanismos de control autoritario sobre la institución encargada de garantizar la seguridad ciudadana. Esta estrategia legislativa se da a tres meses de la creación de dos universidades policiales con el apoyo del Consejo Nacional de Universidades (CNU).


El director general de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, acompañado de la Jefatura Nacional y el Consejo Nacional de la institución, durante un acto conmemorativo | Fotografía cortesía
El director general de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, acompañado de la Jefatura Nacional y el Consejo Nacional de la institución, durante un acto conmemorativo | Fotografía cortesía

Además, al imponer penas de prisión para aquellos agentes que decidan abandonar sus puestos, se cercena la libertad individual de los miembros de la policía y se evidencia una creciente represión por parte del régimen. Ante esta situación, resulta fundamental que la comunidad internacional esté atenta y se pronuncie en defensa de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua.


Es necesario que se inste al régimen de Ortega a respetar los principios fundamentales de un Estado de derecho y a garantizar la libertad de expresión, la independencia de las instituciones y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Solo así será posible poner fin al autoritarismo y abrir paso a un futuro de libertad y justicia en el país centroamericano.


Actualización del Editor:

El miércoles 05 de julio de 2023, durante la tercera Sesión Ordinaria de la XXXIX Legislatura de la Asamblea Nacional, se aprobaron reformas al artículo 97 de la Constitución Política relacionadas con la detención de policías desertores. Estas reformas recibieron el apoyo unánime de los diputados, con 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, sin ninguna objeción por parte de las y los legisladores de la supuesta oposición.


El Artículo 97 modificado establece ahora que la Policía Nacional es un cuerpo armado subordinado al presidente de la República y depende de su autoridad como Jefe Supremo, en cumplimiento estricto de la Constitución Política. Esta reforma elimina la poca independencia que la institución policial tenía anteriormente.


Además, durante la sesión, se realizaron reformas a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (#872), específicamente en los Artículos 1, 64 y 65. Sin embargo, no se proporcionaron detalles adicionales sobre los cambios realizados en dichos artículos.


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