El aparato judicial del régimen nicaragüense presentó este martes 13 de diciembre a Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, después de 116 días de secuestro. La Fiscalía lo acusa de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y "propagación de noticias falsas". Además, en la misma causa, acusa al sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos, girando oficio a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para su captura.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Con dos fotografías en las que se distingue a un Rolando Álvarez con evidente perdida de peso, palidez y cierta serenidad, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo oficializó la detención ilegal del religioso con la voz más crítica dentro de la jerarquía católica en Nicaragua, quien fue secuestrado el 19 de agosto de este año.
Según una nota del Poder Judicial, se aceptó la acusación de la Fiscalía "por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses", por lo que el Juzgado del Distrito Penal de Audiencia de Managua ordenó "arresto domiciliario", a pesar de que el religioso lleva más de 100 días incomunicado y bajo estricta custodia de la Policía Nacional en un lugar desconocido.
Al religioso se le fue impuesto un defensor público, y su primera audiencia fue programada para el 10 de enero de 2023.
Por los supuestos delitos que se le acusa ya han sido sentenciados y condenados más de 40 presas y presos políticos en poco más de un año, y según información verificada por la Redacción de COYUNTURA, el régimen inició el montaje del caso contra Álvarez desde los primeros días de agosto, cuando la máquina oficialista comenzó a buscar supuestos testigos que declararán contra el laico, y mientras la fuerza armada mantenía cercada la Curia Episcopal de Matagalpa.
Jennifer Eliett Hernández Granera (abogada defensora impuesta al sacerdote José Leonardo Urbina en su caso por violación) será la jurista que representará a monseñor Álvarez.
La Jueza del Distrito Penal capitalino Karen Chavarria (sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica) y el Fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña (quien también lleva los procesos contra los otros ocho religiosos detenidos junto a Álvarez) dieron trámite a la acusación contra el obispo matagalpino.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) exige la libertad de Álvarez y una postura por parte del Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de la Diócesis de Managua. "Su vida (la de monseñor Álvarez) está en riesgo. Llamamos a todos los organismos de protección de derechos humanos y a la comunidad internacional a elevar sus demandas y emplear todos sus esfuerzos. No más persecución contra la iglesia católica", cita el CENIDH.
"En la audiencia ilegal también se incluyó al sacerdote exiliado Uriel Vallejos a quien llamaron prófugo de la justicia, y se giró el oficio a la INTERPOL para su captura. Llamamos a los líderes de la iglesia que expresen su posición respecto a estos hechos criminales del régimen", explicó el organismo de derechos humanos.
Orden de captura contra padre Vallejos y más detenciones
En la misma causa iniciada contra el líder religioso fue acusado el sacerdote Uriel Vallejos, quien es solicitante de refugio en el país vecino del sur, Costa Rica.
Vallejos es párroco de la ciudad de Sébaco (en la zona céntrica de Nicaragua) y se desplazó por su seguridad fuera de Nicaragua en septiembre de este año. "Solo a los delincuentes se les persigue. Y los delincuentes están en el poder, girando orden contra los demás, escudados en su aparato represor. Sería de mucho agradecimiento a la INTERPOL que capture a los delincuentes que desgobiernan Nicaragua", señaló el líder católico en su cuenta de Twitter.
Además de los 12 religiosos que el régimen Ortega-Murillo secuestró en poco más de cuatro meses, la noche del domingo 11 de diciembre, Manuel Obando Cortedano y Wilberto Artola, periodistas a cargo de las plataformas y medios de la Diócesis de Matagalpa, fueron detenidos por la Policía Nacional. Horas más tarde, también se confirmó el encarcelamiento de María Victoria Pérez -esposa de Obando Cortedano-, y el allanamiento de su vivienda.
Pérez es abogada de la Diócesis de Matagalpa. Sin embargo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua no se ha pronunciado al respecto, o sobre las acusaciones en contra del obispo Álvarez.
Ya son 15 los miembros de la iglesia católica (cuatro colaboradores de la Diócesis de Matagalpa, dos seminaristas, un diácono y ocho sacerdotes) bajo las indagaciones de la Policía Nacional.
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