Dos años de una Corte en letargo: Órgano Judicial nicaragüense, legalmente presidido pero efectivamente desaparecido
- Redacción Central
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El ocaso de Alba Luz Ramos simboliza la desintegración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La magistrada presidenta, que fue central para la construcción del aparato judicial del régimen sandinista, ahora permanece "perfectamente desaparecida", mientras la Corte se mantiene paralizada y subordinada. Lo que alguna vez fue un órgano de control y justicia se ha transformado en una oficina al servicio de intereses políticos, incapaz de garantizar derechos fundamentales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua cumple dos años en un estado que juristas y fuentes internas describen como intervención, desmantelamiento y parálisis absoluta. Aunque en los papeles la magistrada Alba Luz Ramos sigue figurando como presidenta —cargo que ocupa desde hace décadas—, su ausencia física y funcional se traduce en una institución acéfala: direcciones vacías, salas que no sesionan, magistrados que cobran sin poder decidir y una purga que no cesa. El resultado, advierten especialistas en el exilio y operadores judiciales consultados, es la erosión práctica del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y la degradación del sistema de justicia en su conjunto.
El martes 24 de octubre de 2023 marcó un punto de no retorno: durante un operativo ordenado desde El Carmen —la residencia y centro de poder de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en Managua—, Alba Luz Ramos fue desalojada de su despacho. Raptada. Desde entonces, más allá de su existencia administrativa, Ramos se ha convertido en una figura pública borrada, ausente en la gestión cotidiana de la Corte y, según reportes, "desaparecida" en términos de presencia e influencia.
La vicepresidencia recayó en Marvin Aguilar, quien fue señalado como "presidente en funciones". Sin embargo, el supuesto ascenso no se tradujo en autoridad real: Aguilar aparece relegado, con funciones más ceremoniales que ejecutivas, y sin la capacidad de firmar o tomar decisiones sin el visto bueno de la actual Copresidencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fuentes internas describen su rol como el de "figura decorativa": presencia en actos públicos y rúbrica de documentos orientados desde El Carmen.
La institución desmantelada: cifras, sillas y sueldos
A finales de 2023 la CSJ mostraba ya siete de sus 16 sillas vacantes —entre ellas la de la presidenta— por muertes, renuncias y destituciones. Posteriormente, una reforma constitucional en noviembre de 2024 conocida en el discurso público como la Constitución "Chamuca" redujo el número de magistrados de 16 a 10. Pese a ese recorte estructural, la dinámica interna siguió marcada por vacíos y por la presencia de personas que, aunque cobran, no ejercen.
Entre quienes siguen vinculados a la Corte (con asistencia intermitente o funciones limitadas) figuran Marvin Aguilar; Juana Méndez —quien regresó tras renunciar brevemente en un episodio vinculado a la presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia—; Armando Juárez López; Armengol Cuadra; Ellen Joy Lewin Downs; Yadira Centeno; Manuel Martínez y Virgilio Gurdián. A ellos se suma la figura de Patricia Delgado Sáenz, conjueza y esposa de un alto dirigente del Frente Sandinista, que actúa en calidad de magistrada en funciones sin haber sido juramentada formalmente.
La fuente de las órdenes es clara, según los interlocutores: el "visto bueno" de El Carmen se canaliza ahora a través de funcionarios designados para asegurar lealtad. Róger Martínez, señalado como secretario general administrativo y enlace político del FSLN en el Órgano Judicial, y la reorganización impulsada por Fidel Moreno (secretario de organización del FSLN desde la Alcaldía de Managua) se cuentan entre los engranajes de la intervención. En julio de 2024, la reestructuración incluyó el nombramiento de 60 jueces sin carrera judicial, un movimiento que, para juristas críticos, consolidó la presencia de operadores sumisos en los distintos estratos judiciales.
La transferencia de competencias y recursos fue otro golpe: la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE), aprobada en octubre de 2023, trasladó los registros públicos desde la Corte hacia la Procuraduría General de la República (PGR). En enero de 2024 desapareció la asignación mínima del 4 % del presupuesto nacional destinada al sistema de justicia; en abril de ese mismo año, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) fue adscrita a la Procuraduría —rebautizada luego como Procuraduría General de Justicia—, bajo control directo de la pareja gobernante. Esas decisiones redujeron funciones, personal y recursos, transformando la CSJ en un órgano con facultades menguadas.
Purga sistemática
Las depuraciones dentro del Poder Judicial no son un fenómeno reciente ni episódico; constituyen una política de largo aliento. En octubre de 2021 "cayó" Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, por autorizar el trámite de un recurso de amparo vinculado a la pérdida de personería jurídica de un partido opositor. Entre 2022 y 2023 la lista de destituciones y ceses incluyó directores de Medicina Legal, voceros, directores de comunicación, jefes administrativos y jueces que, en distintos momentos, actuaron aplicando la ley de forma que luego resultó inconveniente al poder sandinista.
Las cifras de despidos —según los reportes independientes— alcanzaron 1,100 trabajadores tras la salida de Ramos y se elevaron a más de 2,200 durante 2024 con nuevas olas de "purga". A finales de octubre de 2025, la barrida institucional se habría reanudado a gran escala, afectando desde jueces hasta conductores y guardias, con destituciones sin previo aviso ni pago de prestaciones. El patrón es consistente: la depuración busca afianzar la sumisión mediante el temor y la expulsión de cualquier elemento que pueda no ser plenamente leal a Daniel y Rosario.
El freno a la administración de justicia y sus efectos en la ciudadanía
La parálisis institucional tiene consecuencias concretas para la población. Juristas como Juan Diego Barberena y Azahálea Solís Román han expuesto cómo la incapacidad de la Corte para constituir salas, dictar autos o tramitar recursos eleva los índices de retardación procesal y niega el acceso efectivo a la justicia. Casos ordinarios —reclamaciones laborales, pensiones alimenticias, procedimientos de amparo— quedan en un limbo procesal sin cauce de resolución.
Barberena subraya que la CSJ ya no cumple su función de control constitucional; Solís añade que para la ciudadanía la Corte dejó de ser un remedio ante arbitrariedades —por ejemplo, frente a indultos masivos o liberaciones sin soporte legal—. "¿A quién te quejas? A nadie", sintetiza la opositora, desnacionalizada por el FSLN. La ausencia de autos, audiencias y firmes resoluciones erosiona la confianza pública y deja desamparados a actores privados y vulnerables que dependen del sistema judicial para defender derechos básicos.
Alba Luz Ramos: autoridad, complicidad y caída
La figura de Ramos sintetiza muchas de las tensiones del sistema: jurista con formación internacional, 35 años como magistrada y 15 años al frente de la CSJ, fue a la vez arquitecta del actual conformado judicial y pieza instrumental en decisiones polémicas. Durante su gestión la Corte aprobó sentencias que facilitaron la reelección presidencial en 2011 y avaló normas como la Ley 840 (concesión del Gran Canal Interoceánico) y leyes represivas posteriores —Ley de Ciberdelitos (1042) y Ley de Soberanía (1055)— que críticos sostienen consolidaron la represión y la criminalización de la disidencia.
La narrativa pública que la acompañó —de dama de la justicia a pieza del aparato— explica en parte por qué su expulsión y posterior desaparición pública desconcertaron incluso a antiguos aliados. Desde su último acto oficial el 12 de octubre de 2023 hasta el operativo que la sacó de su despacho 12 días después, Ramos transitó del poder a la invisibilidad, dejando una CSJ desbaratada y una trayectoria profesional cargada de controversias sobre la independencia y la imparcialidad judicial.
Los análisis especialistas consultados por COYUNTURA a lo largo de estos dos años coinciden en un diagnóstico político: la desestructuración del ahora Órgano Judicial no es accidental sino intencional. Barberena plantea específicamente que la intervención busca crear y promover un ente inoperante que no pueda convertirse en freno político ni en centro de poder alternativo, facilitando así la "sucesión dinástica" de la familia Ortega Murillo y la concentración del control en la pareja gobernante y sus hijos. Solís, por su parte, enfatiza la lógica de lealtad que rige los nombramientos y ceses: solo permanecerán quienes ofrezcan plena confianza a la "monarquía".
Qué permanece y qué falta
En la práctica, lo que queda de la CSJ es una estructura con personal reducido y direcciones despojadas de competencias, un Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que no se reúne con regularidad, y magistrados que actúan bajo supervisión política externa. El recorte constitucional que disminuyó magistraturas, el traslado de registros y competencias a la Procuraduría y la remoción del financiamiento mínimo oficial formalizan una subordinación institucional que va más allá de nombres y puestos: redefine el papel de un ente clave como órgano subordinado y utilitario.
Las propuestas para ocupar los puestos vacantes —esperadas desde noviembre de 2023— siguen sin materializarse, en parte por una supuesta pugna interna en la pareja gobernante que ahora se proclama como Copresidencia. En ese tablero, la renovación institucional está ausente: no hay señales claras de un plan para restaurar independencia, procedimientos regulares o garantías para la carrera judicial.
Dos años después del desalojo de la magistrada presidenta, la CSJ de Nicaragua no solo se encuentra intervenida: su paralización se traduce en un déficit institucional que afecta la vida cotidiana de las personas, la resolución de conflictos y la vigencia de derechos constitucionales y libertades públicas. Los juristas consultados interpretan las medidas como parte de una estrategia política mayor para asegurar la perpetuación del poder; la evidencia documentada —traslados de competencias, reducción presupuestaria, nombramientos de jueces sin carrera— coincide con ese diagnóstico.
Entonces. La desaparición efectiva de una figura central, los despidos masivos, la reconfiguración normativa y la subordinación abierta de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense configuran un cuadro en el que la equidad está, por el momento, incapacitada para cumplir la función esencial que la Constitución le asigna. Para las víctimas de decisiones arbitrarias, para trabajadores sin indemnización y para ciudadanos que buscan amparo, la pregunta es la misma que plantean quienes siguen la situación institucional y humanitaria desde el exilio: si no existe un espacio estatal independiente al que recurrir, ¿qué queda del Estado de Derecho en Nicaragua?
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