El caso "Baltodano Monroy" y la nueva arremetida del FSLN contra el sector privado en Nicaragua
- Redacción Central
- 31 jul
- 6 Min. de lectura
La detención de Baltodano Monroy se produjo apenas dos días después de que Daniel Ortega, durante el aniversario 46 de la Revolución Ciudadana de 1979, ordenara públicamente intensificar la vigilancia contra "terroristas y conspiradores". En sus palabras, quienes sean descubiertos deben ser "capturados y procesados". La consigna oficial fue puesta en práctica de inmediato, elevando la represión a un nuevo nivel. Actualmente, al menos 54 personas están presas en Nicaragua por razones políticas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La represión del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha alcanzado una nueva fase con la detención del empresario Álvaro Baltodano Monroy y la posterior cancelación de la concesión de la planta Geotérmica Momotombo, operada por el consorcio privado del que era representante y accionista, la cual tenía más de 40 años de funcionamiento ininterrumpido. Esta decisión afecta directamente a una inversión predominantemente extranjera, con capital proveniente de Guatemala y México, y marca un nuevo hito en el desmantelamiento sistemático del sector privado en Nicaragua.
Baltodano Monroy fue interceptado por la Policía Nacional cerca de las 11 de la noche del lunes 21 de julio de 2025 en un retén instalado entre Nandaime y Rivas, según fuentes policiales. El empresario, de nacionalidad nicaragüense-mexicana, se dirigía a Managua cuando fue detenido y trasladado a un destino hasta ahora desconocido. Al mismo tiempo, su residencia en el reparto Las Colinas fue allanada con violencia: los agentes ingresaron rompiendo puertas y se llevaron computadoras, documentos y dispositivos electrónicos.
No ha habido comunicación oficial de la Policía o del Ministerio Público sobre su paradero ni sobre los cargos que enfrenta. La organización Monitoreo Azul y Blanco denunció su detención como arbitraria y exigió su liberación inmediata, advirtiendo que se trata de una acción represiva ordenada directamente por Ortega, quien días antes, durante el aniversario de la revolución sandinista, llamó a sus bases a vigilar, capturar y procesar a quienes considera "enemigos del pueblo".
Apenas tres días después del arresto, fuentes del sector eléctrico confirmaron la cancelación de la concesión de operación de la planta Geotérmica Momotombo a la empresa mixta que dirigía Baltodano Monroy, lo que refuerza la interpretación de que el régimen continúa usando la confiscación de bienes como castigo político. La planta, ubicada en las cercanías del volcán Momotombo, representa una infraestructura clave para la generación de energía geotérmica en Nicaragua, con una capacidad instalada de 77 megavatios, aunque actualmente sólo produce entre 20 y 25.
La concesión —que debía mantenerse vigente hasta 2029— fue cancelada de forma anticipada, en una medida que, según empresarios del sector, confirma que el gobierno ya no distingue entre inversión nacional o extranjera a la hora de ejecutar represalias. Varios analistas energéticos consultados, bajo condición de anonimato, señalan que el argumento técnico utilizado por el régimen podría ser el incumplimiento de metas de generación establecidas, aunque el trasfondo es evidentemente político.
No es la primera vez que el régimen actúa de esta manera con esta misma planta. En 2014, Ortega reformó la Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos, obligando a toda empresa del sector a operar en asociación con el Estado. Ese mismo año, el gobierno revocó la concesión antes de su vencimiento a la empresa israelí Ormat Holding Corp., que había operado Momotombo desde 1999. La participación de Ormat fue vendida por 7,5 millones de dólares a una alianza de capital guatemalteco y mexicano, incluyendo a socios de la familia Baltodano.
Desde entonces, el consorcio Momotombo Power Company (MPC) ha sido el responsable de operar la planta en sociedad con la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), bajo un contrato de 15 años. La cancelación actual rompe con ese contrato cuatro años antes de lo pactado, y marca la segunda vez en una década que el régimen Ortega-Murillo despoja a inversionistas privados de una concesión previamente negociada.
Los Baltodano: de aliados a enemigos
La caída en desgracia de Álvaro Baltodano Monroy ocurre en paralelo con el encarcelamiento de su padre, el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, uno de los históricos operadores políticos y económicos del sandinismo. Baltodano padre fue asesor presidencial para asuntos de inversión durante más de una década y mantuvo cercanía con el círculo de poder. No obstante, fue arrestado el 14 de mayo de este año en su finca en Matagalpa y sentenciado en un juicio sumario a 20 años de cárcel por "traición a la Patria", junto con la confiscación de todos sus bienes.
Su hijo, Álvaro Baltodano Monroy, figura clave en la empresa Integra Group —dedicada al desarrollo de negocios en Centroamérica y México— ya había sido víctima de restricciones previas por parte de la dictadura, cuando se le impidió salir del país en 2021. La captura de ambos representa un quiebre definitivo entre la familia Baltodano y el régimen que por años defendieron.
Dirigentes empresariales interpretan este episodio como la culminación de una estrategia de largo plazo para desarticular al sector privado independiente en Nicaragua. Denuncian que ya no existe ningún marco legal que proteja la inversión privada en el país, y que toda operación económica depende ahora del aval político de la pareja presidencial.
"Esta es una señal clara: en Nicaragua no hay seguridad jurídica, no hay garantías para invertir, y no importa si sos nacional, extranjero, aliado o adversario. Te pueden quitar tu empresa en cualquier momento", advirtió un empresario bajo condición de anonimato. En ese sentido, la decisión de Estados Unidos de Norteamérica de excluir a Nicaragua del evento regional de "atracción de inversiones" previsto para octubre se percibe como una consecuencia directa de este entorno hostil.
La Nicaragua de 2025 ha regresado, según expertos, a prácticas confiscatorias similares a las de los años ochenta, pero ahora institucionalizadas mediante reformas constitucionales y legales que eliminan los contrapesos a las decisiones del Ejecutivo. Mientras tanto, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y agencias calificadoras de riesgo enfrentan crecientes presiones para pronunciarse ante este tipo de abusos.
El caso de Baltodano Monroy y la cancelación de la concesión geotérmica no es solo un acto represivo más: simboliza el cierre de una era para el empresariado nacional y extranjero que aún creía posible operar dentro del sistema autoritario de Ortega y Murillo. La fase actual —según diversas fuentes— ya no distingue entre adversarios y aliados. En la Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el único seguro de permanencia es la obediencia total al poder y el silencio absoluto.
Hay 10 zonas clave para la apuesta por la geotermia
Nicaragua posee un vasto potencial geotérmico, identificado como la segunda fuente más abundante de energía renovable del país después de la hidroeléctrica, según el informe de Energía Limpia XXI. El Plan Maestro de Geotermia identifica diez zonas estratégicas distribuidas a lo largo de la cordillera volcánica del Pacífico, entre ellas el volcán Momotombo, San Jacinto-Tizate, Masaya-Granada-Nandaime e Isla de Ometepe. Este recurso ha sido destacado por organismos como el Banco Mundial no solo por su contribución energética, sino por su impacto ambiental positivo, al reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Actualmente, solo dos campos estaban en fase de explotación: Momotombo y San Jacinto-Tizate. El primero fue pionero en el desarrollo geotérmico del país centroamericano desde la década de 1980, con una capacidad bruta que alcanzó este año los 25 MW, mientras que San Jacinto-Tizate, operado por Polaris Energy, produce hasta 60 MW netos tras su expansión en 2013. Además, otros campos como El Hoyo–Monte Galán, Casita-San Cristóbal y Managua-Chiltepe se encuentran en fase de exploración bajo concesiones privadas, con resultados prometedores que indican la viabilidad de proyectos comerciales a futuro.
Sin embargo, cinco de las diez áreas identificadas aún no han sido concesionadas, entre ellas Cosigüina, Telica-El Najo y Ometepe, las cuales se encuentran en distintas etapas de prefactibilidad. Pese a la limitada información geocientífica en algunas zonas, los indicios térmicos y características volcánicas sugieren un alto potencial para el desarrollo energético. Las autoridades han mantenido estas áreas disponibles para concesión, en un esfuerzo por atraer inversión y ampliar la matriz energética nacional mediante fuentes sostenibles.
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