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El declive moral de Brasil: una vergonzosa postura contra los derechos humanos en Nicaragua

No hay nada que justifique la "suavización" de los términos condenatorios o la "minimización" del comportamiento transgresor y nefasto que se vive y documenta en Nicaragua día con día.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Editorial

Managua, Nicaragua
Fotografía de EFE
Fotografía de EFE

En la Asamblea General número 53 de la Organización de los Estados Americanos, la reunión anual de mayor relevancia para el órgano, se tiene previsto que este viernes 23 de junio de 2023 se discuta, una vez más, la crisis social, política y humanitaria en Nicaragua -tras la presión de organizaciones de la sociedad civil y embajadores de varios países de América-, un drama que ha recrudecido exponencialmente en los últimos meses, con el fin de atornillar aún más a la familia Ortega-Murillo en el poder.


En Washington está la crema y nata de las instituciones bilaterales, de los grupos opositores y de la diplomacia del continente, con un ambiente caldeado por las polémicas propuestas de corrección presentadas por el Gobierno brasileño de Luis Lula da Silva para una declaración impulsada en contra de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.


El documento fue elaborado por una delegación conformada por Antigua y Barbuda, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, para denunciar el aumento de la represión, el exterminio del espacio cívico y la permanente violación a los derechos humanos y constitucionales en Nicaragua, e incluso la implacable persecución en contra de la iglesia católica, encabezada desde las fuerzas del sandinismo.


Sin embargo, la representación de Brasil impulsó modificaciones sustanciales al texto, intentando suprimir por completo la realidad migratorio de las y los nicaragüenses, quienes huyen de la represión y la persecución -catalogado como "el mayor éxodo de la historia" del país centroamericano-. Se convierte en una omisión, del país suramericano, particularmente dolorosa.


Con esta postura, Brasil está contribuyendo a debilitar el llamado de atención que mínimamente merece la dictadura Ortega-Murillo. La administración de Lula da Silva no puede ignorar la gravedad de la situación en Nicaragua, los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas y la administración sandinista, y los contundentes informes presentados por especialistas, entre ellos el reciente documento elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


Por otro lado, la postura del mandatario Lula da Silva en esta situación debe plantear, por lo menos, serios cuestionamientos. ¿Cómo puede una administración que se autodenomina defensora de los derechos humanos y de la democracia, y que busca dejar un legado regional, restarle importancia a los informes concluyentes de expertos y organismos internacionales? ¿Cómo es posible justificar la eliminación de términos que denuncien los crímenes atroces cometidos contra opositores, estudiantes, periodistas y religiosos?


Independientemente de la deuda moral, o del morbo ideológico, que Lula da Silva comparte con el mítico comandante rojinegro, no hay nada que justifique la suavización de los términos y la minimización del comportamiento transgresor, nefasto y violador de derechos que se vive y documenta en Nicaragua día con día. La lealtad a un personaje o al fantasma de lo que representó no debe nublar el juicio. No se puede seguir rodando en el afán de "no intervenir". La defensa de los derechos humanos y los principios democráticos es una tarea compartida entre la humanidad.


Lula da Silva, en su intento de asumir el liderazgo de la izquierda latinoamericana, busca a toda costa la inclusión total de las oprobiosas e inhumanas dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se debe dejar por sentado, o insistir sin cesar en, que el apoyo a estos regímenes opresivos automáticamente mancha la imagen y la reputación de aquellos que se erigen como líderes, de cualquier ideología o continente. La OEA tiene como reto -y deuda- en ese sentido la lucha contra el autoritarismo, en todas sus formas.


Las posturas del Gobierno brasileño son de alarma, y este giro político y narrativo sobre Nicaragua plantean otras dudas sobre la dirección que Brasil está asumiendo en términos de relaciones exteriores. El intento de Lula da Silva por lavar la imagen de Nicolás Maduro también demuestra un raquítico compromiso con la democracia, la memoria y la justicia.


Por lo tanto, es necesario que los demás países del órgano americano rechacen las modificaciones propuestas por Brasil. El lucro ideológico al cual se han aferrado México, Honduras, Argentina, Bolivia y Colombia debe parar. No se puede abrazar y defender lo indefendible.


Nicaragua urge del apoyo de sus vecinos principalmente, y de la comunidad internacional para superar esta crisis múltiple y restaurar la libertad, la justicia y la dignidad de sus habitantes. Mientras tanto, Brasil debe reconsiderar su postura y actuar en coherencia con los principios que tanto defiende en su discurso. La defensa de los derechos humanos y la democracia no puede ser selectiva ni sujeta a intereses políticos coyunturales o narrativas inmorales. Es responsabilidad de todos los países de la región alzar la voz y tomar medidas para frenar la creciente amenaza autoritaria en Nicaragua, y en cualquier otro lugar donde se socaven los valores democráticos.


Luis Lula da Silva no "puede convertirse en un aliado". Ya lo es. Es un aliado de la dictadura de Nicaragua. Debe exigirle a su homólogo no solo la liberación de Monseñor Rolando Álvarez -como se lo ha prometido al Papa Francisco-, sino también el restablecimiento del estado de derecho y de las libertades humanas y constitucionales en el país centroamericano.


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