El exilio ya no protege. Periodistas nicaragüenses enfrentan nuevas amenazas tras asesinato de opositor en Costa Rica
- Redacción Central
- hace 4 días
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Actualizado: hace 2 días
La constante vigilancia a sus familiares, las amenazas digitales y las limitaciones para acceder a información han obligado a varios reporteros a modificar sus coberturas o incluso abandonar la profesión. "Muchos optan por trabajos alternativos para sobrevivir, sacrificando su vocación periodística", lamenta la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) emitió un contundente informe el jueves 10 de junio de 2025 que desnuda la escalada de hostigamiento y represalias del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo contra periodistas nicaragüenses exiliados y sus allegados que permanecen en el país centroamericano. La investigación revela un patrón sistemático de agresiones que, desde el interior y el exterior de Nicaragua, busca amedrentar a quienes se mantienen críticos frente a la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El documento, elaborado desde San José, Costa Rica —donde opera la FLED en el exilio—, señala que durante el segundo trimestre de 2025 se documentaron al menos 40 violaciones a la libertad de prensa, la mayoría concentradas en junio, entre las que predominan agresiones verbales, escritas y digitales dirigidas a desacreditar y atemorizar a medios y comunicadores independientes.
El asesinato del exmilitar y analista político Roberto Danilo Samcam Ruiz, el jueves 19 de junio en San José, ha provocado un impacto profundo en el gremio periodístico nicaragüense exiliado, en particular en Costa Rica, donde reside una importante comunidad de comunicadores fugados del país. Samcam, quien fue despojado de la nacionalidad nicaragüense y naturalizado español tras ser acusado de "traición a la Patria", ejercía desde el exilio una férrea crítica hacia Ortega, denunciando la implicación del Ejército en la represión de 2018 y la existencia de redes de espionaje contra opositores en el exterior. Los hechos ocurrieron cuando un hombre ingresó a su residencia y le disparó múltiples veces, según informó el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ). Su familia ha solicitado el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y España para que colaboren en la investigación. Ese crimen no es interpretado como un hecho aislado, sino como un mensaje directo para quienes continúan denunciando desde fuera las violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Varios periodistas exiliados han declarado que, a partir del asesinato, han extremado medidas de seguridad personal, evitando espacios públicos, limitando su exposición en medios y redes sociales, e incluso gestionando su reubicación hacia países considerados más seguros como España.
Además del acoso a distancia, el informe detalla un preocupante aumento en las acciones intimidatorias contra los familiares de periodistas exiliados que permanecen en Nicaragua. En un caso, una periodista radicada en EE.UU. denunció que civiles armados vinculados al partido sandinista realizaron vigilancia en la vivienda de sus familiares en abril de 2025, hechos que generaron un fuerte impacto emocional y fueron interpretados como represalias directas por su trabajo desde el exilio. Otro testimonio señala que fanáticos sandinistas vigilaron la vivienda de la familia de una comunicadora, lo que la llevó incluso a renunciar a tramitar el pasaporte de su hija por temor a represalias administrativas. En junio, otra periodista fue blanco de una campaña sistemática de amenazas, que incluía mensajes con detalles precisos de su domicilio, sus hijos y rutinas familiares. Este tipo de acciones amplía el radio de persecución del régimen y extiende la presión más allá del profesional del periodismo, generando un clima de inseguridad e intimidación en los círculos íntimos de las y los exiliados.
La FLED documenta que solo entre abril y junio de 2025, cuatro periodistas se vieron forzados a abandonar Nicaragua, elevando a 293 la cifra total de comunicadores expulsados desde las protestas iniciadas en abril de 2018. Este éxodo masivo es síntoma de la persistente persecución ejercida por el régimen contra la prensa crítica. Las restricciones al trabajo periodístico no solo se expresan en violencia directa, sino también en barreras legales, hostigamiento policial durante coberturas, vigilancia constante y confiscación de medios y bienes particulares. Muchas voces informativas se han visto forzadas a limitar sus coberturas o abandonar la profesión, optando por trabajos alternativos ante la imposibilidad de ejercer libremente.
Este deterioro en la libertad de prensa sucede en un marco donde el régimen Ortega-Murillo ha consolidado un aparato legal y constitucional que justifica la censura y el control. La reforma a la Ley de Ciberdelitos en 2024 elevó las sanciones para quienes publican en redes sociales digitales, mientras una reforma constitucional otorgó al Estado facultades para vigilar a medios y a la iglesia bajo el argumento de evitar "intereses extranjeros". Desde 2018, más de 50 medios independientes han sido clausurados o confiscados en Nicaragua, según Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Este escenario ha limitado severamente la presencia física del periodismo independiente en el país, desplazando la resistencia al ámbito digital, que a su vez está cada vez más controlado y vigilado por el Estado.
La situación de la prensa nicaragüense refleja la profundización de una política de represión transversal que se expande por la región, donde la libertad de expresión es reprimida no solo dentro de las fronteras nacionales sino también en el exilio, mediante una red de persecución que alcanza a familiares y entornos cercanos. El asesinato de Roberto Samcam simboliza el punto crítico de una escalada de violencia y advertencias que obligan a periodistas a reconsiderar su seguridad, limitando así la capacidad de informar y denunciar. En un contexto donde el Estado utiliza herramientas legales y extralegales para silenciar voces críticas, la comunidad internacional y los países de acogida enfrentan el reto de proteger a quienes, desde la distancia, mantienen vivo el ejercicio del periodismo independiente.
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