Este crecimiento sin precedentes -en el país o la región centroamericana- de la fuerza policial auxiliar no solo desborda las proyecciones oficiales del propio Ministerio de Interior para 2025, sino que también supera el número total de policías profesionales registrados hasta 2021.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha reforzado su estructura represiva con la acelerada expansión de la mal llamada Policía Voluntaria en Nicaragua. Entre el 15 y el 31 de enero de 2025, la Policía Nacional juramentó a 19,540 agentes voluntarios en nueve departamentos del país centroamericano, superando ampliamente a los 3,786 nuevos agentes permanentes incorporados en el mismo período. Esta cifra sobrepasa los 17,299 oficiales que la institución proyectaba tener para 2025 y supera también los 17,349 registrados oficialmente hasta 2021.
El régimen ha consolidado así un contingente que especialistas y defensores de los derechos humanos han calificado como paramilitar, recordando su papel central en la represión desde las protestas antigubernamentales desatadas en abril 2018. Durante la juramentación del viernes 31 de enero en Rivas, el primer comisionado Francisco Díaz reconoció el papel de estos efectivos en la contención de lo que el Estado llama "intento de golpe de Estado", otorgándoles a su vez un rol preponderante en la defensa del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sus funcionarios e intereses.
Históricamente, la Policía Voluntaria había operado en zonas rurales, complementando el trabajo de la Policía nicaragüense. Sin embargo, la magnitud de su reciente expansión -extremada desde el miércoles 22 de enero de 2025, cuando solo habían 7,500 oficiales "voluntarios"- no tiene precedentes, ni en Nicaragua u otro país de Centroamérica. La concentración de estas fuerzas en departamentos clave sugiere un rediseño estratégico de la seguridad bajo el control directo del régimen, con un Poder Ejecutivo más agresivo, y con mucho más poder gracias a una nueva Constitución, diseñada a la medida familiar.
El departamento con mayor cantidad de agentes voluntarios juramentados es León, con 3,600 efectivos, seguido por Chinandega con 3,536, Masaya y Rivas con 2,500 cada uno y Granada con 2,000. En el extremo opuesto, Madriz, con 1,204 agentes, tuvo la menor cantidad incorporada. Matagalpa, Boaco y Estelí también cuentan con esta nueva fuerza "implacable".
A pesar de la falta de transparencia en la composición de estas fuerzas, se sospecha que muchos de los nuevos efectivos provienen de grupos paramilitares, son empleados del Estado obligados a enlistarse y/o reos comunes liberados bajo indultos, cuando estos sumaban más de 51,000 hasta noviembre de 2024. Esto refuerza la hipótesis de que el régimen Ortega-Murillo consolida cada vez más un aparato de control social, político y militar, y represión disfrazado de cuerpos de seguridad ciudadana.
Con la aprobación en segunda legislatura de la nueva Constitución sandinista el martes 28 de enero, tras discutir solo una veintena de artículos, la Policía Voluntaria fue elevada a rango constitucional. La Ley 872 establece que estos agentes deben operar bajo supervisión de la Policía Nacional y limita sus funciones a tareas de apoyo en prevención del delito. No obstante, las evidencias sugieren que su rol va mucho más allá. Búsqueda, captura, inteligencia y hasta estrategias. El artículo 24 de esta ley concede a las y los agentes voluntarios beneficios como equipo de seguridad, viáticos, ayuda económica, defensa legal e indemnizaciones en caso de muerte o discapacidad. Sin embargo, la ley no detalla las características del uniforme ni especifica los límites de su autoridad en la práctica.
Policía de Nicaragua, juramentando oficiales "voluntarios" en Rivas y Boaco, respectivamente | Fotografías cortesía:
El FSLN ha presentado a los nuevos integrantes de las fuerzas armadas con camisetas blancas y pasamontañas, protegiendo sus identidades en todo momento.
Adiós a Horacio Rocha
Mientras el régimen consolida su estructura de control con la Policía y el Ejército involucrados, también ha emprendido una nueva etapa de su purga interna, la que ha sacudido desde hace varios meses a las altas esferas del poder. Horacio Rocha López, comisionado general en retiro y principal ejecutor de los despidos dentro del Estado, fue abruptamente separado de su cargo, para cerrar enero de 2025 por órdenes directas de Rosario Murillo, según varios medios de comunicación independientes.
La notificación oficial sobre su destitución carecía de explicaciones, pero fuentes del Ministerio del Interior y del Frente Sandinista indicaron que Rocha había excedido sus funciones al realizar investigaciones no autorizadas sobre figuras clave del régimen, sin la previa autorización de Daniel y Rosario. Supuestamente, desde el lunes 17 de enero de 2025, Rocha permanece en su residencia bajo restricciones de movilidad y ha sido interrogado por oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua.
Desde su regreso al círculo de poder en 2022, Rocha dirigió purgas que afectaron a altos mandos policiales, jueces y funcionarios del aparato judicial, municipal y económico, incluidos al menos 19 alcaldes y tres vicealcaldes. Fue clave en la destitución de Adolfo Marenco Corea, exdirector de Inteligencia Policial, y en la remoción de Luis Alberto Pérez Olivas, antiguo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, quien terminó relegado a un cargo de menor importancia.
En 2023, Rocha lideró una ola de despidos en el Poder Judicial que resultó en la expulsión de más de 1,000 empleados, incluyendo a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , Alba Luz Ramos, quien desde entonces permanece bajo vigilancia policial. En ese sentido, un total de 3,000 funcionarios han perdido su empleo gubernamental.
Su caída se precipitó meses después de la filtración de un audio del exgeneral del Ejército, y hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, fallecido como preso político en septiembre de 2024. La divulgación de ese material generó la cólera de Murillo -según medios como Confidencial y 100 % Noticias-, quien desde entonces comenzó a distanciarse de Rocha, culminando con su destitución.
Mientras la supuesta Policía Voluntaria se convierte en un brazo clave del control represivo del régimen, la destitución de Horacio Rocha marca un reacomodo en la cúpula del poder sandinista, y sus fuerzas, legales o no. Aún no se ha designado a su sucesor, lo que evidencia otra vez la profunda purga y desconfianza dentro de la dictadura. La expansión de los cuerpos paramilitares, sumada a la incertidumbre dentro del aparato de seguridad, refleja una estrategia orientada a consolidar un estado policial sin precedentes en Nicaragua, con las fronteras y todas las comunidades controladas por sandinistas.
La comunidad internacional ha condenado repetidamente el uso de grupos paramilitares para reprimir a la oposición. Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo sigue adelante con su proyecto de militarización de la sociedad, reforzando un modelo de gobierno basado en la intimidación, la vigilancia y el control absoluto del aparato estatal. La consolidación de la Policía Voluntaria es, sin duda, una pieza clave en este engranaje de represión y dominación.
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