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Golpe a la solidaridad en Nicaragua. Sandinismo desterró al presidente de Teletón y canceló la colecta nacional

La actividad benéfica estaba programada para el jueves 06 de marzo y tenía como meta recaudar 12 millones de córdobas (aproximadamente 327,651 dólares), destinados a financiar terapias y tratamientos en los centros especializados de la organización.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua
Jóvenes universitarios realizan colecta de Teletón en el año 2017 | Fotografía cortesía
Jóvenes universitarios realizan colecta de Teletón en el año 2017 | Fotografía cortesía

La represión de la monarquía sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha alcanzado a la solidaridad nicaragüense con la reciente cancelación de la colecta anual de la Fundación Teletón y el destierro de su presidente, el abogado José Evenor Taboada. La expulsión forzada del directivo se concretó según medios independientes hoy, miércoles 05 de marzo de 2025, un día después de que la organización anunciara la suspensión de su evento de recaudación de fondos, previsto para el jueves 06 de marzo.


Taboada, quien también preside el bufete Consortium Legal, fue citado a la sede del Ministerio del Interior (MINT) en Managua y conducido directamente por agentes policiales al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, desde donde fue enviado contra su voluntad a Estados Unidos de Norteamérica. Su expulsión se produjo sin orden judicial pública y sin un debido proceso, fuera de todo marco legal, pero repitiendo el patrón de destierros arbitrarios que el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha ejecutado contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios estatales, disidentes y líderes de la sociedad civil desde 2018.


Según fuentes cercanas a la Fundación Teletón, la razón principal de la represalia fue que la organización no "solicitó un permiso oficial para la colecta de fondos en las calles". En los últimos años, la administración de Ortega y Murillo ha intensificado las restricciones sobre organizaciones sin fines de lucro, medios independientes y entidades humanitarias, eliminando ya más de 5,000 oenegés desde 2018, incluidas también universidades y cámaras comerciales.


La Fundación Teletón anunció la suspensión de su colecta el martes 04 de marzo, alegando "motivos de fuerza mayor" sin dar mayores detalles. Esta recaudación anual, realizada de forma ininterrumpida por 25 años, permitía ofrecer terapias y tratamientos gratuitos o de bajo costo a miles de niños con discapacidad en Nicaragua. La meta para 2025 era recolectar 12 millones de córdobas (aproximadamente 327,651 dólares), fondos destinados a la atención en sus tres centros regionales ubicados en Ocotal, Chinandega y Juigalpa.


El evento de recaudación no solo incluía aportes empresariales, sino también la participación activa de la ciudadanía mediante colectas en semáforos y plazas de los 153 municipios del país centroamericano. Voluntarios recorrían las calles con alcancías, logrando que el Teletón se consolidara como la principal iniciativa de solidaridad en la historia reciente de Nicaragua. Su cancelación deja en incertidumbre la continuidad de los servicios de rehabilitación y atención especializada para más de 100,000 beneficiarios.


Vigilancia policial y asalto a la sede de Teletón


Desde la mañana del 05 de marzo, la sede de la Fundación Teletón en Managua estuvo rodeada por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Según testigos, los agentes permanecieron en el lugar sin ofrecer explicaciones sobre su presencia. Horas después, trascendió que la sede había sido asaltada por fuerzas policiales, lo que generó alarma en la comunidad humanitaria y en organizaciones defensoras de derechos humanos, exiliadas en Costa Rica y Guatemala. Empresas como Claro, algunas cafeterías de la capital nicaragüense y al menos dos centros de llamadas ya habían anunciado su apoyo a la colecta de este año. A través de la marcación 2621 se podría donar C$18.31 córdobas más el Impuesto al Valor Agregado.


Un niño recibe atención en un centro de Fundación Teletón | Fotografía cortesía
Un niño recibe atención en un centro de Fundación Teletón | Fotografía cortesía

La embestida contra la Fundación Teletón se suma a una larga lista de acciones represivas emprendidas por la dictadura Ortega-Murillo contra entidades de la sociedad civil. Desde el estallido de la crisis política en abril del año 2018, el régimen ha cerrado y confiscado organizaciones humanitarias, universidades, medios de comunicación y asociaciones religiosas y de cooperación internacional, bajo el pretexto de incumplimientos administrativos o de amenazas a la "seguridad del Estado".


José Evenor Taboada, además de presidir la Fundación Teletón desde 2016, ha tenido una carrera destacada en el ámbito jurídico y empresarial, asesorando a multinacionales como Wal-Mart, General Electric, Sony y Citi. Su bufete, Taboada y Asociados, también representó al empresario chino Wang Jing durante el fallido megaproyecto del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua.


El cierre de Teletón Nicaragua, aunque no oficializado en el Diario Oficial - La Gaceta, genera preocupación por la atención de miles de niños y jóvenes con discapacidad que dependían de sus programas. La Fundación no ha emitido comunicados adicionales sobre si la suspensión de la colecta es definitiva o si buscará alternativas para recaudar fondos. "El gran temor es que también se tomen los tres centros de atención nacional", dijo una fuente a COYUNTURA.


Esta acción del sandinismo también refleja el deterioro de los derechos humanos y la desaparición del espacio cívico en Nicaragua, donde cada vez son menos las organizaciones que pueden operar con independencia. La Fundación Teletón, que por más de dos décadas mantuvo su estatus legal a pesar de la persecución gubernamental, ahora se suma a la lista de entidades asfixiadas por el aparato estatal.


Mientras la comunidad internacional condena el destierro de Taboada y el asedio a la Fundación, miles de familias en Nicaragua enfrentan la incertidumbre de cómo continuar la atención médica y terapéutica de sus hijos sin los recursos que garantizaba la colecta anual. En un país donde la solidaridad ha sido criminalizada por completo, la niñez con discapacidad se convierte en una de las víctimas colaterales de la represión estatal, con más comunidades vulnerabilizadas siendo perjudicadas, todos los días del año.


 

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