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Juan Orlando Hernández: de la cúspide del poder en Honduras a una sentencia de 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.

Después de ser declarado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico, pasaron 110 días hasta que el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien fue presidente de Honduras durante dos períodos (2014-2018 y 2018-2022), conociera su sentencia, convirtiéndose así en el primer exmandatario en ser encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico. El futuro de Hernández es desalentador, según expertos como Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA).


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica
Ilustración de Coyuntura
Ilustración de Coyuntura

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido condenado este miércoles 26 de junio de 2024 a 45 años de prisión en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) por su participación en una conspiración de narcotráfico que duró más de una década. La sentencia incluye una multa de ocho millones de dólares, una advertencia para aquellos en posiciones de poder que creen estar por encima de la ley. Este fallo marca una caída estrepitosa para un hombre que, durante su mandato, se presentó como un firme aliado de la administración estadounidense en la lucha contra el tráfico y uso de drogas y armas.


Hernández, de 55 años, fue declarado culpable en marzo tras un juicio de dos semanas en el tribunal federal de Manhattan, seguido de cerca por políticos, ciudadanos y periodistas en su país natal. El juez Kevin Castel emitió la sentencia, instando a la defensa a aclarar en dos semanas cómo se pagará la multa. Durante la audiencia, según fuentes consultadas por COYUNTURA, Hernández se mostró desafiante, declarando su inocencia y acusando a la justicia de actuar injustamente. A pesar de su prolongado alegato, interrumpido varias veces por el juez, parecía resignado a su destino, afirmando que probablemente pasaría el resto de su vida en prisión.


El juicio contra Hernández inició en febrero con fuertes acusaciones de la fiscalía estadounidense, que lo señaló por usar la Policía, el Ejército y el sistema judicial de Honduras para proteger a narcotraficantes y acumular una fortuna. Según el representante de la fiscalía, David Robles, Hernández facilitó el envío de toneladas de cocaína a EE.UU., utilizando su poder para proteger a los narcotraficantes y recibir sobornos a cambio. Las pruebas presentadas demostraron que Hernández, mientras proclamaba su lucha contra el narcotráfico, en realidad facilitaba el tráfico de drogas, utilizando las fuerzas de seguridad hondureñas para garantizar su circulación.


La caída de un "aliado" de Estados Unidos de Norteamérica


La sentencia contra Hernández resalta la paradoja de su carrera política. Durante su mandato de 2014 a 2022, se presentó como un aliado de Estados Unidos de Norteamérica en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, hace tres años, su hermano Juan Antonio Hernández fue condenado a cadena perpetua en Nueva York por cargos similares. Las acusaciones contra el expresidente Hernández se intensificaron en 2019, cuando la fiscalía de Manhattan lo señaló por recibir un millón de dólares del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán. Estas acusaciones y la posterior condena revelan una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios y narcotraficantes en una trama que abarcaba más de una década.


Un informe del Departamento de Justicia detalla cómo Hernández utilizó su posición de poder para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Desde al menos 2004 hasta 2022, Hernández estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más violentas del mundo. Sus cómplices, armados con ametralladoras y dispositivos destructivos, protegían las cargas de cocaína mientras transitaban por Honduras hacia Estados Unidos. Hernández recibió millones de dólares en sobornos de algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas, que utilizó para impulsar su carrera política y consolidar su poder en Honduras.


Durante su mandato, promovió leyes y esfuerzos antinarcóticos públicamente, mientras protegía y enriquecía a los narcotraficantes que le proporcionaban sobornos. Seleccionaba las extradiciones estratégicamente, apoyando las de ciertos narcotraficantes para mantener su control del poder, mientras prometía protección a aquellos que le sobornaban. Esta doble cara de Hernández le permitió mover grandes cantidades de cocaína y cometer actos de violencia y asesinato, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo.


En el juicio, numerosos testigos, incluidos narcotraficantes que admitieron su participación en docenas de asesinatos, declararon que Hernández era un protector entusiasta de los traficantes de cocaína más poderosos del mundo, incluidos Joaquín "El Chapo" Guzmán.


La evidencia presentada mostró cómo Hernández y sus cómplices utilizaban agentes de la Policía Nacional y el Ejército de Honduras para proteger las cargas de cocaína en todo el territorio, hasta en la frontera con Guatemala, incluso. Los miembros de la conspiración recurrían a la violencia y al asesinato para proteger y expandir su negocio, atacando a traficantes rivales y a aquellos que amenazaban su control del comercio de cocaína en Honduras.


Un futuro incierto, pero en la cárcel


Tras la sentencia, la esposa de Hernández, Ana García, visiblemente afectada, dio una conferencia de prensa en la que denunció la sentencia como una injusticia. Acompañada de sus hijas y su suegra, García afirmó que continuarán luchando para demostrar la inocencia de su esposo. Señaló que el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades y motivaciones políticas, y comparó la severidad de la sentencia con las penas de otros criminales en Honduras.


García también criticó a la DEA, sugiriendo que su actuación se limitaba a perseguir narcotraficantes en América Latina, permitiendo que las drogas ingresaran a Estados Unidos. Describió el juicio de Hernández como un "linchamiento judicial y mediático" y acusó a los responsables de pisotear los derechos de imparcialidad y el Estado de derecho. Afirmó que su familia seguirá luchando hasta las últimas consecuencias, confiando en que la justicia prevalecerá y Hernández regresará a casa.


La condena de Juan Orlando Hernández marca un capítulo oscuro en la historia política de Honduras. A medida que su defensa prepara una posible apelación, el caso destaca la compleja relación entre el poder político y el narcotráfico en la región. La caída de Hernández, un hombre que se presentó como un cruzado contra el narcotráfico, pone de manifiesto la profundidad de la corrupción y la violencia en Honduras. Mientras tanto, su familia y seguidores mantienen la "esperanza de una eventual vindicación", en un proceso que aún promete ser más largo y lleno de desafíos.


 

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