La libertad de Honduras en vilo: más de 30 organizaciones alertan sobre un clima de hostigamiento y estigmatización contra la prensa antes de las elecciones
- 19 nov 2025
- 5 Min. de lectura
Con las tensiones en aumento y el proceso electoral a la vuelta de la esquina, el pronunciamiento colectivo de más de treinta organizaciones internacionales constituye una de las alertas más contundentes de los últimos años sobre el retroceso de las libertades en Honduras. Para estos organismos, el país centroamericano atraviesa un momento crítico en el que la labor periodística enfrenta riesgos crecientes, agravados por discursos estigmatizantes desde instituciones del Estado y, especialmente, desde el liderazgo militar.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
Tegucigalpa, Honduras
A escasos 11 días de las elecciones generales más polémicas y torpes en años recientes—convocadas para el domingo 30 de noviembre de 2025—, un conjunto amplio de organismos de defensa de la libertad de expresión emitió un pronunciamiento conjunto que describe a Honduras como un espacio "hostil e incompatible con los estándares internacionales de libertad de prensa".
La declaración, encabezada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y suscrita por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Artículo 19 y PEN Internacional, expresa "grave preocupación" por la escalada de ataques retóricos, judiciales y digitales contra periodistas y medios independientes.
Las quejas no se limitan a obstáculos administrativos o a críticas aisladas: el comunicado recoge un patrón reciente que, según las organizaciones firmantes, combina acusaciones públicas desde altos mandos militares, intentos de judicializar la fuente periodística y maniobras de vigilancia digital que afectan la seguridad y la integridad del oficio informativo.
En su texto, las entidades subrayan que esos actos se dan en un momento electoral en el cual la protección del pluralismo informativo y de las fuentes debería reforzarse, no debilitarse.
Señalamientos desde el alto mando castrense
El origen inmediato de la alarma, según el pronunciamiento y coberturas periodísticas, son declaraciones públicas del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), general Roosevelt Hernández, quien ha acusado a medios y a periodistas —en particular a los vinculados con Grupo OPSA, propietarios de diarios como La Prensa y El Heraldo— de protagonizar "campañas mediáticas" y de formar parte de un supuesto "entramado" con estructuras del crimen organizado.
Esas imputaciones, afirman las organizaciones firmantes, se han proferido sin pruebas y constituyen una forma de estigmatización que deslegitima y expone al personal informativo.
Varios medios y actores públicos han reaccionado a dichas acusaciones. Grupo OPSA —empresa periodística afectada por las imputaciones— ha rechazado con firmeza las aseveraciones del militar. Al mismo tiempo, la SIP y otras voces independientes recuerdan que las Fuerzas Armadas deben mantener neutralidad política y que, constitucionalmente, están subordinadas al poder civil; por ello urgen a que la institución militar se abstenga de emitir señalamientos que puedan interferir en el desarrollo normal del proceso electoral.
Judicialización y presiones sobre fuentes
Entre los antecedentes que recoge el comunicado figura la intención formal de perseguir judicialmente a una decena de medios para obligarlos a revelar sus fuentes, acción que, de concretarse, vulneraría garantías reconocidas por la legislación nacional e instrumentos internacionales sobre protección de la confidencialidad informativa. La ofensiva legal —registrada en la primera mitad del año— habría apuntado a al menos doce medios, entre los que se cuentan diarios tradicionales, emisoras y portales digitales.
Organizaciones de prensa y asociaciones de periodistas denunciaron la medida como un mecanismo para silenciar investigaciones y ejercer censura indirecta.
El medio digital Criterio.hn figura como caso emblemático: reportó incidentes de intervención de cuentas, hostigamiento judicial y descalificaciones públicas vinculadas a sus pesquisas sobre corrupción. Estos episodios, junto con otras prácticas señaladas por las organizaciones —vigilancia digital, campañas de descredito y presiones administrativas— componen el entramado de riesgos que, según los firmantes, afecta de modo especial a quienes cubren temas sensibles como corrupción o crimen organizado.
Impacto en el ecosistema informativo y en el usuario ciudadano
La combinación de acusaciones desde una posición de autoridad, la amenaza de litigios para obligar a revelar fuentes y los ataques cibernéticos genera efectos concretos: autocensura, retraimiento investigativo y desgaste institucional de medios que ejercen vigilancia ciudadana. Para el electorado, dice el comunicado, la consecuencia más directa es la reducción del acceso a información verificada y plural —justo cuando las decisiones públicas y privadas durante la campaña demandan mayor transparencia—.
Las organizaciones firmantes advierten que la erosión de las garantías periodísticas compromete la calidad y legitimidad del propio proceso electoral.
Reclamaciones y medidas urgentes exigidas al Estado
El texto colectivo plantea una batería de demandas concretas dirigidas al Estado hondureño: garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información; proteger la confidencialidad de las fuentes; ordenar a las Fuerzas Armadas la abstención de discursos estigmatizantes; investigar y sancionar las amenazas y la vigilancia contra periodistas; fortalecer los mecanismos de protección existentes y activar protocolos de emergencia para la prensa en riesgo; y abrir un canal formal de diálogo entre las instituciones estatales, las asociaciones de prensa y las organizaciones de derechos humanos.
Además, llaman a misiones de observación internacional —Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Europea, entre otras— a dar seguimiento específico antes, durante y después de los comicios.
Firmaron el pronunciamiento una diversidad de organismos que incluyen tanto asociaciones regionales como organizaciones globales y gremiales: Alianza de Medios MX, Artículo 19, FLED, FLIP, Fundamedios, IPYS, WAN-IFRA, ANP de Bolivia y Chile, la Asociación Mundial de Editores de Noticias, el National Press Club y numerosas asociaciones profesionales de la región, además de la propia SIP.
Ese abanico busca subrayar que la alerta tiene resonancia transnacional y que la vigilancia sobre Honduras no es patrimonio de un solo actor.
Qué se juega y cuál es el margen de respuesta
La capacidad del Estado hondureño para atender las demandas planteadas por la comunidad internacional constituye una prueba de su compromiso con las garantías democráticas en un calendario electoral apretado. Las organizaciones no proponen condenas simbólicas solamente: solicitan medidas investigativas y de protección con plazos y protocolos concretos que permitan revertir o, al menos, mitigar los efectos negativos sobre la labor informativa.
La eficacia de esas acciones depende, en última instancia, de la voluntad institucional y del control civil sobre las Fuerzas Armadas, un punto que las entidades firmantes resaltan de forma reiterada.
El pronunciamiento colectivo de más de treinta organismos plantea una alerta clara: a la par de discursos que sitúan a periodistas en la diana, existen mecanismos de presión —judiciales, digitales y administrativos— que limitan el libre ejercicio del periodismo. Frente a ello, las organizaciones piden pasos concretos e inmediatos para garantizar la seguridad y la independencia informativa en un momento clave para la vida política hondureña.
El reclamo no es solo por la protección de los profesionales de la prensa, sino por la integridad del proceso democrático que se abre con las elecciones del próximo domingo 30 de noviembre.
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