Los liberados que no son libres y la Nicaragua de excarcelaciones secretas y confesiones forzadas
- Jairo Videa
- Nov 19, 2025
- 6 min read
Es fácil trazar la secuencia técnica: detención arbitraria, aislamiento, exhibición pública o liberación doméstica con condiciones. Pero esa secuencia no es sólo administrativa; es una estrategia política que produce efectos concretos en las vidas de las personas. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, el país contaba, al cierre de octubre, con 77 personas reconocidas como presas políticas, muchas de ellas en condición de desaparición forzada, un dato que da cuerpo a una política de detenciones que no nullifica la voluntad de la familia, sino que la silencia.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
A Yerri Estrada lo soltaron sin que nadie lo supiera. Tres meses después de haber desaparecido dentro del sistema penitenciario nicaragüense —tres meses sin una llamada, sin una firma de abogado, sin un parte médico, sin un aviso—, la madrugada en que lo enviaron a su casa en León no hubo registro público, ni comunicado oficial, ni la ceremonia mediática que el régimen suele montar para exhibir fuerza. Solo una orden: silencio.
Cuando su familia supo que ya no estaba en una celda, sino en "casa por cárcel", no hubo alivio. Hubo temor. La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) les advirtió que la liberación llegaba con condiciones: vigilancia, presentarse a firmar todos los días en la delegación policial, y una amenaza directa de que hablar podía revertirlo todo. Era libertad en forma de cadena.
Claudia Pineda, directora de la UDJ, lo resumió como quien describe un patrón que ya conoce demasiado bien: "las familias están amenazadas. No pueden contar nada. Si se filtra algo, habrá consecuencias".
Estrada, un médico tico-nicaragüense de 30 años, había sido detenido el 13 de agosto de 2025. Durante semanas, su madre recorrió puertas, escribió cartas, denunció en medios y suplicó a embajadas sin obtener respuesta. Lo vio una única vez, el 12 de septiembre, no en persona sino a través de una grabación transmitida por los medios oficialistas: un video breve, sin preguntas, sin contexto, sin garantías. Después, otra vez la nada.
Mientras su hijo estaba oculto, ella —Rosa Ruiz— quedó sola en una casa marcada. Sus otros dos hijos y una nieta de cinco años abandonaron el país tras hostigamientos de policías y civiles afines al régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo. La familia se convirtió en desplazada forzosa sin haber cruzado una frontera: primero se movieron de barrio en barrio, luego de ciudad en ciudad, hasta escapar.
El día que Ruiz exigió, públicamente, que entregaran a Yerri a la Embajada de Costa Rica o de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), ya no tenía miedo: tenía rabia. "Mi hijo no cometió ningún delito", dijo. "Lo único que hizo fue ayudar a heridos en 2018". Esa frase, en la Nicaragua actual, suele ser suficiente para desaparecer.
Las excarcelaciones en voz baja
La de Estrada no fue una liberación aislada. Desde el viernes 07 de noviembre de 2025, la dictadura del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) empezó a enviar a casa a varios presos políticos sin avisarle a nadie. Los nombres circularon como susurros en chats cifrados: Leo Catalino Cárcamo Herrera, 62 años. Julio Antonio Quintana Carvajal, 67. Fabio Alberto Cáceres Larios, 65. Ronald Leiva Silva. Jorge Danilo Portocarrero Argüello.
Todos volvieron a sus casas vigiladas. Todos, bajo la misma advertencia: no hablar.
La UDJ cree que dos factores precipitaron esas excarcelaciones: la presión del Departamento de Estado de EE.UU., que había pedido prueba de vida de Yerri Estrada, y el deterioro físico de varios detenidos, ancianos y enfermos. Pero ninguna liberación fue plena; más bien, fueron cambios de celda.
La escena del 11 de noviembre
Once días después de que comenzó la ola de excarcelaciones, ocurrió algo que quienes reportaron desde Nicaragua reconocieron de inmediato: un montaje.
Esa mañana, los medios oficialistas llegaron simultáneamente a la casa de Fabiola Tercero, una comunicadora social que llevaba quince meses desaparecida. El operativo tenía el guion clásico: cámaras listas, un sillón colocado en el centro del cuadro, una víctima debilitada, y una madre sentada a su lado, en silencio.
—Desaparecida no estoy—, alcanza a decir Fabiola, antes de que una voz fuera de cámara la corrija.
—¡Nunca he estado!—, ella repite.
—Nunca he estado y gracias por su preocupación—.
La edición deja huecos, cortes abruptos, frases pegadas sin coherencia respiratoria. Para quienes estudiaron con ella en la confiscada y extinta Universidad Centroamericana (UCA), no hay duda: la mujer que aparece allí es una versión quebrada, controlada, invisible para sí misma.
El abogado de derechos humanos Gonzalo Carrión, exiliado en Costa Rica, lo llama "puesta en escena". Dice que reconoce el método: "desde 2018, el régimen fabrica estos videos. Lo hicieron con Santiago Fajardo. Con Valeska Alemán. Con la familia Reyes Alonso. Siempre el mismo mecanismo: desaparición, coerción, confesión pública".
Carrión señala un punto que desarma todo el montaje: Rosario Murillo nunca deja un vacío comunicacional. Pero en este caso, el régimen guardó silencio quince meses y solo se pronunció ahora, en vísperas de que Estados Unidos de Norteamérica decida la permanencia de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
"Es obvio que fue una operación de propaganda", dice. "Cuando algo es verdad, no necesita un armazón mediático", agrega.
El cuerpo como mensaje político
Los especialistas en tortura y detención arbitraria reconocen los patrones sin necesidad de ver más: privación de sueño, aislamiento, interrogatorios prolongados, coerción emocional, culpa ideológica, amenazas contra familiares. Las confesiones forzadas nunca son solo palabras; son cuerpos que se mueven distinto, miradas que evitan la cámara, voces que no tienen volumen.
Un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consultado por organizaciones de derechos humanos lo explica así: "la persona es grabada cuando ya está exhausta. Lo que vemos no es una declaración: es el final de un proceso".
Un país que niega sus desapariciones
Hasta el miércoles 29 de octubre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registraba 77 detenidos, más de la mitad en desaparición forzada. La administración Ortega-Murillo no reconoce ninguna de estas desapariciones; tampoco permite verificaciones independientes. Por eso, aunque Tercero reapareció ante cámaras, su situación sigue siendo un misterio. Nadie la ha escuchado fuera de la pieza montada por el aparato propagandístico.
Quienes conocen de cerca los procesos represivos en Nicaragua describen el actual momento como uno de "liberaciones sin libertad".
Las personas excarceladas duermen en sus casas, pero siguen bajo un mecanismo de vigilancia que les recuerda que aún están bajo custodia. No pueden hablar, no pueden denunciar, no pueden trabajar, no pueden salir del país centroamericano. La celda se expandió hasta las paredes de su propio hogar.
Yerri Estrada firma todos los días en una delegación policial. Fabiola Tercero sigue sin contacto libre con el mundo exterior. Los demás excarcelados caminan con cuidado, como si su sombra pudiera traicionarlos.
Entre tanto, las desapariciones forzadas continúan siendo negadas, las confesiones forzadas siguen siendo difundidas como si fueran documentos oficiales, y el silencio se mantiene como condición para sobrevivir.
En Nicaragua, la libertad no se anuncia: se negocia, se vigila y se restringe. Y cuando llega, llega sin ruido y con miedo.
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