Megacárcel sin cimientos en Costa Rica. Entre propaganda, amenazas a la democracia y el vacío de Estado
- Jairo Videa
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En la recta final de su mandato y a menos de un año de las elecciones, el presidente Rodrigo Chaves lanza una polémica propuesta de construir una estructura penitenciaria de 5,000 plazas en apenas seis meses, una promesa sin terreno, fecha ni financiamiento claro, mientras enfrenta una denuncia penal por presunta instigación e intimidación tras un discurso que, según el diputado Eli Feinzaig, pone en riesgo la democracia costarricense.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
A menos de un año de las elecciones presidenciales en Costa Rica, el gobierno del siempre polémico y confrontativo Rodrigo Chaves ha lanzado un proyecto que, más allá de sus dimensiones físicas, pretende ser una obra de alto impacto simbólico: la construcción de una megacárcel al "estilo de Nayib Bukele" en El Salvador. Según las declaraciones del Poder Ejecutivo, el centro penitenciario tendrá capacidad para 5,000 personas privadas de libertad y estará listo en tan solo 195 días.
La promesa, sin embargo, colapsa al contrastarla con los hechos. No hay terreno identificado, ni fecha de inicio confirmada, ni mucho menos financiamiento asegurado. Lo que sí abunda es una narrativa mediática cuidadosamente construida para seducir al electorado con un discurso de mano dura. La iniciativa aparece en un momento clave: en la antesala de la campaña presidencial.
Este viraje abrupto en la política penitenciaria del Estado resulta revelador. Hace menos de un año, en julio de 2024, el propio presidente Chaves descartaba la posibilidad de construir prisiones convencionales debido a limitaciones presupuestarias. En su lugar, promovía cárceles de carpas, un modelo improvisado que fue duramente cuestionado y que se vino abajo por carecer de sustento técnico y un plan de factibilidad. En aquel momento, durante una actividad en San Miguel de Desamparados, Chaves fue tajante: "No tenemos presupuestos para megacárceles".
Ahora, el mismo Ejecutivo afirma que puede levantar un complejo penitenciario de gran escala en tan solo seis meses. Esta contradicción se vuelve aún más insostenible cuando se recuerda que el ministro de Justicia, Gerald Campos, había declarado que una prisión de material sólido tardaría al menos tres años en construirse. No se trata de una suposición: el testimonio fue registrado en video y divulgado por la propia Presidencia el viernes 12 de julio de 2024.
Lo más desconcertante es que el plazo de 195 días ya se manejaba para las cárceles de carpas, estructuras mucho más simples. Resulta inverosímil que una megacárcel, con requerimientos logísticos, estructurales y de seguridad de orden superior, pueda ejecutarse en el mismo lapso.
A la inconsistencia en los plazos se suma la confusión financiera. En agosto de 2024, el ministro Campos expuso ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que se utilizaría un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 100 millones de dólares: 70 millones para construir la megacárcel y 30 millones para remodelaciones. Meses después, el monto total del proyecto se redujo primero a 60 millones, luego a 35 millones de dólares. ¿La razón? Según Campos, el ahorro provendría de los planos donados por el actual gobierno de El Salvador. Pero incluso este dato genera más dudas: ¿cómo es posible que unos planos equivalgan al 42 % del valor total de una obra de esta magnitud?
Además, el ministro ofreció diversas versiones sobre la fuente de financiamiento. Habló de donaciones internacionales no especificadas, después del presupuesto ordinario. Pero el 11 de septiembre de 2024, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconoció que el Ministerio de Justicia comenzaría el año 2025 con un déficit de 10,000 millones de colones, afectando servicios esenciales como alimentación, agua y electricidad en los centros penales actuales.
En medio de esta neblina presupuestaria y sin una ruta clara, el gobierno chavista ha comenzado a perfilar posibles culpables ante un eventual fracaso del proyecto. La Contraloría General de la República ha sido señalada como posible obstáculo, con acusaciones preventivas por parte del propio ministro Campos, quien afirmó que si hay trabas, la contralora "cargará sus muertos". Chaves, por su parte, insinuó que no le sorprendería una acción obstructiva de la contralora Marta Acosta. Esta narrativa de anticipación de culpables sugiere que el Ejecutivo está más preocupado por blindarse políticamente que por cumplir con una política pública viable.
Este patrón ya se evidenció en el caso del proyecto fallido de las cárceles de carpas, donde el presidente amenazó con exhibir públicamente a los diputados que no aprobaran el presupuesto de ¢2,600 millones de colones. Hoy, con el fracaso latente de la megacárcel, el Ejecutivo parece dispuesto a reeditar el mismo libreto: presión política, discurso confrontativo y desvío de responsabilidades.
La necesidad de una solución penitenciaria es innegable. Actualmente, Costa Rica cuenta con 11 centros penales, con una población carcelaria de 17,452 personas y una sobrepoblación del 27 %. La situación es crítica. Las condiciones de vida de las personas privadas de libertad son precarias y representan un desafío estructural para el sistema de justicia. Pero a pesar de esta urgencia, la administración de Chaves ha pasado casi tres años sin presentar un proyecto penitenciario serio, técnico y factible. El repentino giro hacia una megacárcel —bajo la estética propagandística de la seguridad autoritaria— aparece en la recta final de su mandato, justo cuando el país centroamericano se adentra en la campaña electoral.
En paralelo, la crispación institucional se agudiza. La retórica presidencial se ha tornado cada vez más beligerante, al punto que el diputado del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, presentó una denuncia penal contra Rodrigo Chaves, acusándolo de lanzar amenazas veladas que podrían socavar la democracia costarricense.
Feinzaig asegura que las declaraciones del mandatario durante su última conferencia de prensa constituyen un llamado peligroso a la confrontación, al comparar la coyuntura actual con episodios históricos de guerra como la campaña nacional de 1856 y la guerra civil de 1948. Para el legislador, esa analogía carece de fundamento y busca agitar los ánimos. "Lo que pretende es que los costarricenses tomen las armas", advirtió.
Según Feinzaig, el discurso presidencial podría tipificarse como instigación, intimidación o incluso apología del delito. Asegura que tras la conferencia circularon videos y audios de ciudadanos —incluyendo un exjefe policial vinculado al narcotráfico— llamando a organizarse en defensa del presidente, incluso con armas. Este tipo de reacciones, en palabras del diputado, evidencian el grave riesgo que enfrenta la institucionalidad del país.
Otro aspecto inquietante que señala el legislador es la cercanía del mandatario con personas ligadas al crimen organizado. "Ahora esa es la gente con la que pareciera que se está queriendo relacionar Rodrigo Chaves", declaró Feinzaig, cuestionando también la designación de un abogado "defensor de narcotraficantes y corruptos" como representante legal del presidente. Se refiere a José Miguel Villalobos.
La denuncia también acusa al presidente de fomentar la división entre los cuerpos policiales. Chaves hizo una comparación entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, señalando que mientras el Congreso busca "comprar" una Policía de 1,000 hombres armados —en referencia al Organismo de Investigación Judicial (OIJ)—, él cuenta con una fuerza de 17,000 agentes. Para Feinzaig, estas declaraciones no solo amedrentan a los funcionarios judiciales, sino que atentan contra la unidad necesaria para combatir el crimen organizado.
"La amenaza real es el crimen organizado, no las instituciones democráticas. Pero el presidente está intentando fracturar la respuesta institucional", advirtió Feinzaig esta semana, quien también denunció haber recibido amenazas tras hacer pública su denuncia penal. Entonces, la situación política, de seguridad e institucional en Costa Rica atraviesa un momento delicado. De un lado, un gobierno que apuesta por promesas grandilocuentes sin respaldo técnico ni financiero, mientras acusa preventivamente a sus contrapesos institucionales. Del otro, voces de alarma que ven en la retórica presidencial un riesgo para la paz y la estabilidad democrática del país.
La megacárcel que no tiene planos viables, ni terreno definido, ni financiamiento concreto, pero sí abundante propaganda, se convierte en símbolo de una administración que parece más preocupada por la puesta en escena que por la política pública. Y si el desenlace previsto es el fracaso, ya están elegidos los culpables: la Contraloría, los diputados, la prensa crítica, incluso el Poder Judicial.
Entre tanto, los verdaderos problemas del sistema carcelario costarricense —el hacinamiento, la violencia, la falta de oportunidades de reinserción— siguen sin resolverse. Y la democracia, arrinconada entre amenazas y populismo punitivo, observa cómo se normalizan los discursos que debilitan sus cimientos.
La semana pasada, la Sala III —máxima instancia del Derecho Penal en Costa Rica— remitió a la Corte Plena un informe sobre la solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Chaves. Una investigación contra el mandatario tuvo así otro avance a nivel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se procesa el cargo.
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