Estado de excepción en Honduras se afianza, sin claros resultados, en año electoral, y pese a alertas por violaciones de derechos humanos
- Jairo Videa
- hace 5 horas
- 6 Min. de lectura
Desde su implementación, se han emitido al menos 17 decretos ejecutivos para extender la medida, pero solo cinco han sido aprobados formalmente por el Legislativo. Algunas prórrogas ni siquiera fueron publicadas oficialmente, lo que genera cuestionamientos sobre su validez legal. "Existen ciertas irregularidades en torno a la legalidad de estas prórrogas, que han sido cuestionadas por medios independientes, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos como la nuestra", afirmó Karen Valladares, coordinadora de Cristosal.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
Honduras enfrenta un complejo panorama político, institucional, de seguridad y social ante la prolongación del estado de excepción, una medida que, a pesar de ser presentada inicialmente como una respuesta de emergencia a la crisis de inseguridad, ha suscitado múltiples cuestionamientos nacionales, regionales e internacionales por su impacto en los derechos humanos y el entorno democrático en un año electoral. El régimen de excepción hondureño, vigente desde diciembre del año 2022, fue implementado como una herramienta para combatir la violencia y la inestabilidad, especialmente vinculadas a la extorsión y al accionar de organizaciones criminales.
Sin embargo, la continuidad de esta medida ha llevado a que, después de casi 900 días, diversos organismos de derechos humanos, incluyendo a la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), adviertan que su carácter temporal se ha desvirtuado, tal como pasó en El Salvador.
La suspensión de seis garantías constitucionales, sumada a la prolongación constante del estado de excepción, plantea serios interrogantes sobre su legalidad y efectividad. Según la OACNUDH, la medida debería ser revisada de manera integral, ya que ha dejado de ser una respuesta temporal y "proporcional" para convertirse en una práctica común que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y circulación.
Además de la preocupación por la prolongación de la medida, existen serios señalamientos sobre la forma en que el Congreso Nacional ha ratificado las prórrogas. De los 17 decretos ejecutivos emitidos desde 2022 hasta ahora, solo cinco han sido formalmente aprobados por el Poder Legislativo. En varios casos, la ratificación se realizó fuera de los plazos establecidos, mientras que algunas prórrogas ni siquiera se han publicado oficialmente, aunque el Ejecutivo defiende sin cesar la estrategia, como parte de al menos tres planes nacionales.
Esta irregularidad ha llevado a expertos legales y organizaciones como Cristosal a cuestionar la validez de los actos realizados bajo este marco. Karen Valladares, coordinadora de la oficina de Cristosal en Honduras, subraya que el estado de excepción "no puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos ni poner en riesgo la vida de las personas, especialmente en territorios históricamente estigmatizados".
La OACNUDH y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) han documentado graves violaciones de derechos humanos desde que se implementó el estado de excepción. Según el CONADEH, entre 2022 y 2024 se registraron cerca de 800 quejas por detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial. A ello se suman denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares.
El impacto en la población civil es evidente: a pesar de la estrategia de seguridad extrema, los índices de violencia no han mejorado significativamente. "Todos los días hay asaltos, muertes violentas y extorsiones", enfatiza Valladares, agregando que los mismos transportistas, afectados por la extorsión, aseguran que el problema persiste pese al despliegue de seguridad.
En lo que va de 2025, el país centroamericano acumula 722 homicidios, de los cuales 53 corresponden a menores de entre 0 y 18 años y 55 a jóvenes de entre 19 y 23 años, según denunció recientemente Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza. Por otro lado, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), al menos 80 hondureñas han sido asesinadas de forma violenta en los primeros cinco meses de 2025.
También puede leer: Violencia, la crisis perpetua y sangrienta que no da tregua en Honduras
Un clima electoral tensionado
En un año electoral, mantener el estado de excepción genera un entorno hostil para el ejercicio democrático. La OACNUDH ha insistido en que la continuidad de esta medida podría afectar el entorno democrático previo a las elecciones generales del domingo 30 de noviembre de 2025. En este contexto, el organismo internacional ha llamado al Estado hondureño a garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza sus derechos políticos sin temor a represalias.
La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por el uso de fuerzas armadas en contextos políticos. La militarización de la seguridad pública en un contexto electoral no solo puede derivar en actos de intimidación, sino que además debilita la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos.
En ese sentido, para agregar más leña al fuego, el Poder Legislativo ha sido escenario de confrontación política y partidaria durante todo el año, especialmente tras las polémicas declaraciones del candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLHN), Salvador Nasralla, contra la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, actual ministra de Defensa. Esas expresiones, consideradas misóginas por el oficialismo, derivaron en una intensa sesión parlamentaria la semana pasada, donde los diputados de LIBRE manifestaron su indignación.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, justificó la apertura del debate bajo el argumento de que la dignidad de las mujeres debía ser defendida. Sin embargo, su alusión a una deuda económica de Nasralla con él mismo, durante la sesión, encendió aún más los ánimos y provocó que la bancada liberal abandonara el hemiciclo.
Por otro lado, la diputada Suyapa Figueroa, del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que no existe oposición efectiva en el Congreso, ya que todos los partidos están alineados con las decisiones de Redondo, lo que, según ella, socava el pluralismo político en el Poder Legislativo.
Ahora bien. El miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ha propuesto que todas las sesiones del ente sean transmitidas en vivo a través de los canales estatales, para asegurar "transparencia" durante el proceso de votación. No obstante, su propuesta surge en medio de tensiones con la consejera presidenta Cossette López, quien anunció acciones legales contra Ochoa por hostigamiento ante el Ministerio Público.
Esta controversia ha puesto en el centro del debate la necesidad de asegurar que el CNE actúe con transparencia y autonomía en un año electoral que se perfila cada vez más complejo y lleno de incertidumbres, aunque la falta de orden en el Legislativo y la confrontación desde el Ejecutivo no ayudan mucho.
La participación de altos funcionarios del partido LIBRE en la contienda electoral también ha generado preocupación. La permanencia de Rixi Moncada, Eduardo Enrique Reina (actual canciller) y Angélica Álvarez (secretaria de Derechos Humanos) en sus cargos ministeriales hasta el límite legal ha sido vista como una ventaja política al conservar visibilidad institucional e incalculables recursos estatales.
El analista Lester Ramírez advierte que esta práctica crea un mal precedente en la gestión pública, pues las y los funcionarios, al conservar sus cargos mientras realizan actividades proselitistas, pueden influir de manera desigual en el electorado.
La prolongación del estado de excepción y el contexto político-electoral en Honduras presentan una encrucijada en términos de derechos humanos y gobernabilidad democrática. La comunidad internacional y sectores sociales exigen que el gobierno hondureño de la presidenta Xiomara Castro revise su estrategia de seguridad pública y garantice condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos políticos y civiles, especialmente en un año crucial para el país centroamericano.
El reto radica en equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos fundamentales y garantizar un entorno electoral libre de coacción estatal. La sociedad civil demanda respuestas claras y acciones concretas que restablezcan la confianza en las instituciones, evitando el uso político de medidas excepcionales y promoviendo una cultura democrática sólida y participativa.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
