Nicaragua legaliza la apatridia. La dictadura Ortega-Murillo eliminó garantías constitucionales sobre la nacionalidad
- Jairo Videa
- hace 50 minutos
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La ciudadanía no solo es un derecho individual, es un reconocimiento colectivo y jurídico de pertenencia. Convertirla en un arma política, en un premio para los leales y una condena para los disidentes, constituye una violación grave del orden constitucional y del derecho internacional, explican docentes universitarios de Centroamérica.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En una nueva ofensiva autoritaria sin precedentes en América Latina, la dictadura sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha reformado una vez más la Constitución Política de Nicaragua para reforzar un régimen que despoja de su nacionalidad a quienes considera adversarios, restringe el acceso de la ciudadanía a derechos fundamentales y criminaliza la disidencia mediante la exclusión jurídica. El viernes 16 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa —controlada totalmente por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que redefine de manera regresiva el concepto de nacionalidad, al establecer su pérdida automática al adquirir otra ciudadanía.
La medida se suma a una serie de modificaciones legales impuestas de forma unilateral desde febrero de 2023 —extremadas en mayo y agosto de 2024—, cuando el régimen comenzó a arrebatar la nacionalidad. Ahora casi 500 personas críticas del oficialismo, empresarios, periodistas y hasta religiosos, han perdido la ciudadanía nicaragüense. La lista incluye además a exiliados, activistas, exfuncionarios, defensores de derechos humanos, académicos, escritores y figuras del entretenimiento. Con estas reformas, Ortega y Murillo no solo legalizan la apatridia, sino que desmantelan pilares esenciales del Derecho Internacional en materia de nacionalidad, identidad y ciudadanía.
La nueva reforma modifica sustancialmente los artículos 23 y 25 de la nueva Constitución —estrenada en febrero de este año—, que hasta ahora garantizaban el derecho a la doble nacionalidad y la protección contra la pérdida arbitraria de la misma. El artículo 25, en su nueva redacción, impone: "La nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad". Esto implica que toda persona con ciudadanía nicaragüense de nacimiento que adquiera otra ciudadanía —por matrimonio, residencia prolongada o descendencia— será automáticamente privada de su vínculo jurídico con Nicaragua.
Asimismo, la reforma del artículo 23 mantiene un trato diferenciado y excluyente. Permite la naturalización solo si la persona extranjera renuncia expresamente a su nacionalidad originaria. Sin embargo, otorga una excepción a las y los centroamericanos de origen residentes en Nicaragua, quienes podrán optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la suya, en un gesto que parece más una estrategia geopolítica que una garantía de derechos regionales.
Además, el nuevo texto elimina una cláusula clave: "En los casos de doble nacionalidad se procede conforme los tratados y el principio de reciprocidad". Esta supresión rompe con las normas internacionales y cierra cualquier vía legal para mantener o recuperar la nacionalidad por mecanismos bilaterales en un futuro.
Las reformas más profundas del sandinismo se consolidaron en febrero de 2025, cuando el régimen aprobó una versión depurada de la Constitución, a la que opositores y juristas han apodado "Constitución chamuca", en alusión a un tonto sobrenombre de Rosario Murillo y al carácter oscurantista del texto. En ese rediseño constitucional, el régimen recortó de ocho a cuatro los artículos del Capítulo Único del Título III sobre la nacionalidad.
La mutilación más severa recayó sobre el artículo 16, que hasta entonces enumeraba detalladamente quiénes son considerados nicaragüenses por nacimiento: nacidos en el territorio nacional, hijos de padre o madre nicaragüense, niños encontrados en territorio nicaragüense de padres desconocidos, y otros casos similares. La nueva redacción suprime estas categorías y deja la definición de nacionalidad sujeta a una ley futura, aún inexistente al cierre de este texto, lo que aumenta la arbitrariedad y la discrecionalidad del régimen sobre este derecho.
También fueron eliminados los artículos del 18 al 21, que protegían el principio de irrenunciabilidad de la nacionalidad, establecían procesos de adquisición, pérdida y recuperación, y reconocían méritos excepcionales de extranjeros al servicio del país centroamericano. Su desaparición evidencia una clara intención de borrar cualquier resguardo legal que limite el ahora Órgano Ejecutivo, representado en la Copresidencia, para decidir quién es o no nicaragüense.
Desde 2023, al menos 452 nicaragüenses fueron desterrados, desnacionalizados y confiscados por el sandinismo. Esta cifra incluye a los 222 presos políticos liberados y desterrados en febrero de ese año a Washington, otros 94 críticos del régimen declarados apátridas en los meses siguientes, y los 135 reos de conciencia expulsados hacia Ciudad de Guatemala en septiembre de 2024. El nuevo artículo 24, introducido en la Constitución sandinista, legaliza este patrón represivo al establecer que "las y los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense". Bajo esta formulación, ambigua y políticamente manipulable, el Estado puede declarar a cualquier ciudadano como traidor, sin un debido proceso judicial y sin acceso a defensa legal.
Esta práctica ha sido ampliamente condenada por organismos internacionales. Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, denunció en 2024 la "violación flagrante y obvia" del Derecho Internacional y llamó a no normalizar que Ortega y Murillo traten al país como "una finca privada". Por su parte, el jurista Reed Brody, del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GREHN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró este año que "ningún otro país del mundo utiliza la privación arbitraria de nacionalidad con fines políticos como Nicaragua".
Entonces, la reforma constitucional no solo tiene implicaciones políticas. También destruye el acceso a una amplia gama de derechos civiles, sociales y económicos. Según un jurista nicaragüense experto en derecho constitucional y otro especialista guatemalteco en derechos humanos, quienes solicitaron anonimato por motivos de seguridad, la eliminación de la nacionalidad afecta directamente el derecho a la identidad, consagrado en el Derecho Internacional, y el derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Al suprimir el vínculo jurídico entre la persona y el Estado, se anulan automáticamente otros derechos: el acceso a educación, salud, pensiones, justicia, propiedad y empleo formal. También impide votar o postularse a cargos públicos, en lo que constituye una forma de exclusión y castigo civil. Una forma más de eliminar personas.
El abogado Yader Morazán, extrabajador del ahora Órgano Judicial, coincide. Señala que las personas desnacionalizadas podrían perder sus propiedades, ya que el régimen podría considerarlas extranjeras sin estatus legal. Aunque la Constitución permite la propiedad por extranjeros, en la práctica el Estado ha usado este argumento para confiscar bienes, especialmente en contextos de persecución política o económica. "Las personas corren riesgo de confiscaciones arbitrarias, y podrían enfrentar obstáculos para vender, heredar o registrar propiedades", afirmó Morazán a La Prensa.
Otro derecho afectado es el de retorno. Personas desnacionalizadas sin duda alguna serán impedidas de volver a Nicaragua, incluso si tienen familiares o vínculos sociales en el país, o incluso con otra ciudadanía de Centroamérica. Esta medida, además de cruel, rompe con principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.
Con esta reforma, Nicaragua se une a un pequeño y cuestionado grupo de países que restringen severamente la doble nacionalidad. En América Latina, solo Cuba, Guyana, Haití, Paraguay, Surinam y Trinidad y Tobago imponen límites similares. A nivel global, la pérdida de la nacionalidad al adquirir otra solo se aplica en contadas naciones, como Japón, Holanda y Alemania, aunque estas incluyen excepciones o salvaguardas que Nicaragua ha suprimido por completo.
Mientras tanto, países como México, España, Argentina y Colombia han ofrecido sus nacionalidades a nicaragüenses expulsados y desnacionalizados para evitar su condición de apátridas. Pero esta solución, aunque solidaria, no resuelve el problema de fondo: la imposibilidad de volver a su país, de mantener lazos con su familia, su tierra, su identidad y sus derechos como ciudadanos nicaragüenses.
La reforma aún debe ser aprobada en segunda legislatura y publicada en La Gaceta - Diario Oficial del Estado. Sin embargo, el procedimiento es prácticamente una formalidad bajo el control absoluto del régimen. El oficialismo cuenta con la mayoría necesaria y el apoyo del colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y ha demostrado que no hay barreras institucionales que contengan sus decisiones, desde la Asamblea Legislativa hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En esencia, Ortega y Murillo han vaciado de contenido el concepto de ciudadanía nicaragüense. Han convertido la nacionalidad en un privilegio condicionado a la obediencia política, y la han despojado de su función primaria: garantizar los derechos fundamentales y la pertenencia a una comunidad política, institucional y cultural.
Este acto jurídico —que por su forma y fondo se equipara a una limpieza civil— marca una nueva etapa en el proyecto dictatorial del régimen: una en la que solo serán considerados nicaragüenses quienes acaten la voluntad del poder del FSLN, en el Ejecutivo desde 2007. Los demás, incluso los recién nacidos, podrán ser condenados al limbo legal.
En pleno siglo XXI, Nicaragua institucionaliza la apatridia. Y lo ha hecho, una vez más, a nombre de una Constitución que ya no protege a su pueblo, sino a sus verdugos. No hay soberanía, ni derechos.
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