"Operación bot". La maquinaria digital del Estado salvadoreño contra Ruth López y el cerco a la crítica independiente
- Jairo Videa
- hace 2 días
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En los primeros nueve días del mes de junio, en promedio, de cada 10 cuentas en X que comentaron sobre la abogada y defensora, solo tres mostraban indicios mínimos de pertenecer a una persona real (foto de perfil creíble, nombre completo, algún dato identificador). Las restantes siete correspondían a cuentas anónimas, muchas de ellas con imágenes genéricas, sin historial consistente y dedicadas casi exclusivamente a difundir propaganda favorable a la administración de Nayib Bukele y ataques coordinados contra voces disidentes.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
El miércoles 04 de junio de 2025, Ruth Eleonora López Alfaro, abogada salvadoreña, defensora de derechos humanos y referente regional en la lucha anticorrupción, fue enviada a prisión preventiva por orden del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. La acusación: enriquecimiento ilícito. Pero más allá del expediente judicial —opaco, con cargos cambiantes y declarado en reserva total— el proceso judicial contra López ha desatado una batalla paralela, intensa y cuidadosamente orquestada: la de la propaganda digital y la desinformación. En redes sociales, el nombre de la jurista se convirtió en blanco de una campaña de desprestigio sin precedentes, articulada, según múltiples evidencias, desde las entrañas mismas del aparato comunicacional del Estado salvadoreño.
Ruth López no es una figura menor en el escenario político, institucional y legal salvadoreño. Su carrera combina experiencia institucional —como exasesora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y asesora del exmagistrado electoral Eugenio Chicas— con una activa presencia en la sociedad civil como jefa del programa Anticorrupción y Justicia de Cristosal. En ese papel ha denunciado públicamente abusos de poder, corrupción y retrocesos institucionales bajo la administración del mandatario Nayib Bukele, ya en el segundo año de su segundo período consecutivo en el Poder Ejecutivo.
Su arresto, ocurrido el domingo 18 de mayo por la noche, fue inicialmente vinculado al delito de peculado, pero la Fiscalía General de la República (FGR) modificó la acusación dos semanas más tarde, alegando enriquecimiento ilícito. El viraje jurídico se dio sin mayores explicaciones y tras declararse el caso en reserva total, lo que impide conocer las pruebas, los argumentos fiscales y las razones del tribunal para dictar prisión preventiva.
"Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este gobierno", declaró López el 04 de junio, antes de ser conducida a un destino penitenciario aún no revelado. "Quiero un juicio público. Tengo derecho a que la gente sepa que me están enjuiciando por mis posiciones", añadió, con firmeza, en lo que fue una de sus pocas oportunidades de dirigirse directamente a la ciudadanía a través de los medios de comunicación.
El traslado de López tras la audiencia no solo despertó preguntas legales, sino también logísticas y políticas. Fue conducida en un vehículo particular con placas de Guatemala confiscado por El Salvador en una zona fronteriza en marzo de 2023, un hecho confirmado por el equipo de este medio y denunciado por la organización Cristosal. "¿Por qué no en una unidad oficial? Urge una explicación", demandó la oenegé en sus canales oficiales. Esta irregularidad se suma a otros elementos preocupantes: la obstrucción al acceso de periodistas al recinto judicial, la negativa policial de permitirle presentarse en ropa civil y las denuncias de maltratos en custodia, aunque sin señales de tortura física.
La detención y judicialización ocurre en un contexto nacional marcado por la consolidación del poder absoluto de Bukele, quien ya lleva más de dos años gobernando bajo un régimen de excepción que ha debilitado los contrapesos institucionales y facilitado la represión legal contra opositores, comunicadores, activistas, abogados y ciudadanos comunes. La captura de López, bajo cargos ambiguos, sin transparencia procesal ni garantías básicas, según expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se inscribe en esta deriva autoritaria.
"La ausencia de explicaciones sobre su traslado, la reserva del expediente y la negativa policial a permitirle asistir sin uniforme de detenida refuerzan la percepción de que este proceso busca más la humillación pública y la desactivación de una voz incómoda, que la aplicación del debido proceso para hacer justicia", explicó un jurista constitucionalista consultado por el equipo de este medio, quien solicitó "completo anonimato", porque ya suman más de 10 los considerados presos políticos en El Salvador, entre ellos también Enrique Anaya, detenido el sábado 07 de junio de 2025 en su casa de Santa Tecla, al ser acusado de cometer el delito de lavado de dinero y activos. Recientemente, Anaya había hecho una serie de señalamientos de supuestas ilegalidades cometidas en la detención de Ruth López, así como en la audiencia en un tribunal de justicia que ordenó detención preventiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el pasado viernes su "grave preocupación" por "detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos". Además del caso de López, la CIDH nombró al líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, arrestado el lunes 12 de mayo, y señaló que un día después lo mismo ocurrió con Alejandro Henríquez, abogado de la cooperativa, por los delitos de desorden público y resistencia.
"A estos casos se suman la detención de Fidel Zavala y órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios", añadió la Comisión. "Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles", dijo la CIDH.
La ofensiva digital
Paralelo al caso judicial contra la trabajadora de Cristosal, se ha desplegado una ofensiva digital sistemática para desacreditar, difamar y borrar el carácter evidentemente e indudablemente político de la detención de López. Según datos recopilados por la Redacción de COYUNTURA y contrastados con herramientas privadas de análisis, se han generado más de 70,000 publicaciones en X (antes Twitter) sobre el caso, la mayoría de ellas desde cuentas con patrones sospechosos o directamente automatizados.
El tráfico digital vinculado a los términos "Ruth López", "Cristosal", "presa política" y "El Salvador" acumuló más de 494,000 visualizaciones en menos de diez días. Al menos 200,000 personas en diversas partes del mundo pesquisaron información sobre la abogada y su historia profesional en buscadores como Google, Bing y Brave. Sin embargo, el análisis del comportamiento particular en X revela que siete de cada 10 cuentas que comentaban el tema no podían ser identificadas como personas reales. Usaban seudónimos, carecían de fotos verosímiles o mostraban símbolos partidarios, imágenes de Bukele o contenido sexual explícito como imagen de perfil.
Las etiquetas y comentarios más utilizados por estos perfiles anónimos incluían insultos como "ladrona", "rata", "perra", "show", "corrupta" y otros términos misóginos y clasistas, como "gorda", "cubana", "víctima" y "Cenicienta". La intención parece clara: generar una masa crítica de desinformación que deslegitime a López ante la opinión pública salvadoreña e internacional, y diluya las denuncias de persecución judicial en su contra.
Incluso en espacios internacionales, como una publicación de France 24, el patrón se repite: de 56 comentarios, 47 fueron realizados por cuentas no verificables, y todas tenían como objetivo atacar a la abogada. Por otro lado, opiniones moderadas como "dinero público, juicio público" también han sido blanco de ataques y bloqueos sistemáticos en línea, mientras los funcionarios estatales denuncian "amenazas de la sociedad civil y ciertos periodistas".
"La oposición ha pasado todo el día amenazando públicamente a cualquier persona que apoye o trabaje para el gobierno, incluso exponiendo a jueces, fiscales y periodistas que no se alinean con las órdenes de Open Society. Algunos de los que emiten estas amenazas tienen vínculos claros con delincuentes. Les recuerdo que eso constituye delito, y que los días de impunidad ya terminaron. Después no digan que no se les advirtió", sentenció Nayib el jueves 05 de junio, un día después de la audiencia de Ruth.
El despliegue de esta ofensiva no es fortuito. Desde al menos 2019, investigaciones como una elaborada por Reuters y publicada en noviembre de 2022, y otra sistematizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), han documentado la existencia de "granjas de trolls" operadas desde edificios gubernamentales por contratistas especializados en manipulación digital, como pasa en Nicaragua desde el año 2018. Estos equipos son utilizados para promover la imagen del presidente, fabricar consensos ficticios y atacar a cualquier voz crítica.
Uno de estos excontratistas confesó a Reuters: "no lo sabía cuando firmé el contrato, pero hice un pacto con el diablo. Me convertí en un troll pro-Bukele". Con salarios que rondan los 300 y 600 dólares mensuales, jóvenes profesionales han sido reclutados para manejar cuentas falsas durante varios meses, tras el inicio del segundo mandato consecutivo pero inconstitucional de Bukele en 2024, según fuentes consultadas por COYUNTURA, con el objetivo de fabricar seguidores y elaborar campañas de difamación en X, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Muchos incluso firmaron acuerdos de confidencialidad con cláusulas penales severas para evitar filtraciones.
Esta estructura de comunicación digital, sumada a una red de al menos 20 medios gubernamentales con fuerte inyección de recursos, ha convertido a Bukele en el político con mayor capacidad de influencia mediática en la historia reciente de El Salvador y casi que de Centroamérica. Prueba de ello fue su visita a Costa Rica, en noviembre de 2024. Hoy, esa capacidad se ha volcado contra una abogada que ha dedicado su vida a luchar contra la corrupción, cuando el bukelismo no ha parado de endurecer su narrativa y postura contra medios independientes y la sociedad civil.
Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. de 2022, durante la administración del expresidente demócrata Joseph Biden, reveló que la administración de Nayib Bukele habría orquestado una estrategia digital encubierta para amplificar su imagen y propaganda oficialista mediante el uso de influencers pagados y, muy probablemente, granjas completas de bots. Según el documento, estos actores digitales reproducían hasta entonces decenas de miles de tuits a favor del gobierno, ocultando su verdadero origen para simular apoyo popular auténtico.
Uno de los hallazgos más contundentes señala que entre septiembre y noviembre de 2021, coincidiendo con decisiones judiciales que favorecieron la reelección presidencial, surgieron unas 55,000 nuevas cuentas que siguieron a Bukele en X. A pesar de que el mandatario cuenta ya con 7.6 millones de seguidores en dicha plataforma, el informe no precisó cuántos probablemente son reales. Para dimensionar: solo 600,000 salvadoreños utilizan X, muy por debajo de plataformas como Facebook (4 millones de usuarios) o Instagram (1.4 millones).
El informe de EE.UU. incluyó análisis técnicos. Un investigador reveló que cientos de publicaciones pro-Bukele fueron rastreados hasta coordenadas específicas, incluso una sola vivienda en San Salvador. Además, se detectó que múltiples cuentas republicaron el mismo mensaje en el mismo milisegundo en varias ocasiones, un patrón típico de actividad automatizada o de los centros de trolls.
Estas revelaciones coinciden con los testimonios de dos exempleados del supuesto "equipo secreto de comunicaciones" del gobierno de Nuevas Ideas. Contaron a Reuters que formaban parte de una red de unas 20 personas, en su mayoría jóvenes profesionales en mercadeo y redes sociales. Inicialmente operaban desde una oficina ministerial y más tarde desde una casa en un barrio residencial de San Salvador. Sus tareas incluían crear cuentas falsas en X para alabar a Bukele y al partido oficialista —que controla la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ)—, y amplificar así mensajes favorables al régimen. Uno de ellos mostró a Reuters evidencia de al menos 200 cuentas presuntamente falsas, creadas entre enero de 2019 y noviembre de 2020. Muchas aún estaban activas al momento del reportaje. Pese a los señalamientos, X y su filial en Latinoamérica no respondieron a solicitudes de comentarios.
Ahora bien. Con la estrategia de invisibilización y el ataque estatal de la actualidad, la figura de Ruth López ha generado una marea de solidaridad, entre cuentas reales, medios con criterio y la comunidad internacional. Bajo etiquetas como #LibertadParaRuthLópez y #RuthNoEstáSola, se multiplican los mensajes de respaldo desde organizaciones internacionales, defensores de derechos humanos, académicos y periodistas de toda la región.
"La Unión Europea lamenta la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros, que podría restringir a la sociedad civil y contravenir las obligaciones internacionales. Las recientes detenciones de defensores de derechos humanos suscitan mayor preocupación", escribió la comunidad de países el sábado 07 de junio a las 12:12 p.m. de Centroamérica. "El Salvador lamenta que un bloque envejecido, sobreregulado, dependiente de la energía, rezagado tecnológicamente y liderado por burócratas no electos todavía insista en dar sermones al resto del mundo", respondió el mandatario salvadoreño a las 03:44 p.m. del mismo día.
El caso de la abogada Ruth López ha encendido entonces las alarmas dentro y fuera del país, entre personas que entienden la necesidad de la separación de los Poderes Estatales para una vida institucional sana. Organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras han comenzado a dar seguimiento al proceso. Todos coinciden en que este es un caso emblemático del progresivo deterioro democrático en El Salvador.
Mientras tanto, la activista ha sido trasladada a un centro penal aún no revelado. Su defensa desconoce las razones específicas del juzgado para dictar la medida de detención. Tampoco se conocen las condiciones en las que será recluida. La reserva judicial impide cualquier fiscalización, y el cerco comunicacional solo es interrumpido por el eco de las redes, donde la verdad y la mentira se enfrentan en una batalla totalmente desigual.
Pero más allá de los hashtags, la ofensiva contra Ruth López es un recordatorio inquietante del poder destructivo de los regímenes que utilizan el sistema judicial como instrumento político e ideológico, y las redes sociales como campo de una guerra digital.
En palabras de la propia López: "no hay ninguna institución pública que garantice derechos". Su caso podría ser solo el principio de una nueva fase de represión —más sofisticada, más digital, más violenta en lo simbólico— contra las voces independientes de El Salvador. Porque a Nayib Bukele solo le queda ser peor que Daniel Ortega. Y porque Centroamérica solo parece visionar la involución.
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