"Quiero un juicio público". "Soy inocente". "Soy una presa política"

Tras dos semanas bajo arresto en la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), la abogada salvadoreña y defensora de derechos humanos Ruth López fue trasladada a un centro penitenciario todavía no especificado por las autoridades. Su defensa, que no pudo precisar los argumentos del juzgado para decretar la detención provisional, ha insistido en que el proceso carece de sustento jurídico claro y que se desarrolla en un ambiente restrictivo para el ejercicio de los derechos de defensa.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política, derechos humanos y ciudadanía

San Salvador, El Salvador

Ruth López, directora anticorrupción y de justicia de Cristosal, llega a un juzgado para una audiencia, el miércoles 04 de junio de 2025 en San Salvador | Fotografía de Reuters por Jose Cabezas

Ruth Eleonora López Alfaro, reconocida abogada salvadoreña, defensora de derechos humanos y actual jefa del programa Anticorrupción y Justicia de la organización no gubernamental Cristosal, fue enviada a detención provisional por orden del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de enriquecimiento ilícito. La medida, confirmada tras la audiencia inicial celebrada este miércoles, ha suscitado una ola de preocupación entre organizaciones civiles que denuncian un nuevo episodio de criminalización contra quienes cuestionan al gobierno salvadoreño.

A todo pulmón, la activista declaró la tarde de hoy, 04 de junio de 2025: "todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este gobierno. No hay ninguna institución pública que garantice derechos. Soy inocente y voy a demostrar mi inocencia. Quiero un juicio público. Tengo derecho a que la gente sepa que me están enjuiciando por mis posiciones".

La acusación contra López fue modificada por la FGR dos semanas después de su arresto, el pasado domingo 18 de mayo por la noche. Inicialmente señalada por peculado —delito que implica la apropiación indebida de fondos públicos—, la Fiscalía optó por cambiar el cargo a enriquecimiento ilícito, sin ofrecer detalles públicos debido a que el caso fue declarado bajo reserva total desde este lunes 02 de junio previo a la audiencia.

"El que nada debe, nada teme", agregó López, mientras portaba una Biblia de estudio jurídico al ingresar al recinto. La audiencia, sin embargo, se realizó sin presencia de medios, y al finalizar, el acceso de la prensa fue bloqueado por personal de seguridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Policía Nacional Civil (PNC), quienes formaron una valla para impedir cualquier contacto con la defensora.

López, abogada con amplia trayectoria en asuntos electorales y exasesora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), también trabajó como persona de confianza del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exsecretario de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Eugenio Chicas, durante los gobiernos del expresidente Salvador Sánchez Cerén. De acuerdo con la acusación fiscal, habría colaborado con Chicas para sustraer fondos estatales, aunque no se han presentado públicamente pruebas que sustenten tal afirmación.

El exfuncionario, por su parte, fue condenado en noviembre de 2024 en un proceso civil a reintegrar más de 200,000 dólares al Estado por ingresos no justificados durante su paso por la función pública. Ahora enfrenta también un proceso penal.

En el traslado posterior a la audiencia, López fue conducida en un vehículo particular con placas originales de Guatemala, un hecho inusual que fue verificado por el equipo periodístico de COYUNTURA y denunciado por Cristosal, organización en la que desempeña su cargo como jefa de Anticorrupción. "¿Por qué no en una unidad oficial? Urge una explicación", cuestionó la entidad en sus redes sociales digitales, mientras se multiplican al cierre de este texto los mensajes de apoyo bajo las etiquetas #LibertadParaRuthLópez y #RuthNoEstáSola.

Durante el traslado a los juzgados, la abogada también denunció presiones y malos tratos, pero no tortura. "Dios y la verdad están conmigo. No me traían porque querían que me cambiara", declaró, en referencia a la negativa policial de permitirle comparecer sin el uniforme blanco que utilizan las personas privadas de libertad.

El proceso se enmarca en un contexto de creciente señalamiento internacional y local sobre la regresión de garantías democráticas en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y los pocos legisladores opositores que hay en la Asamblea han documentado el uso del aparato judicial para perseguir a críticos del régimen, bajo el amparo de un Régimen de Excepción que ya supera los dos años.

La detención de Ruth López, figura prominente en la lucha contra la corrupción y en la defensa del debido proceso, representa para diversos sectores un nuevo punto de inflexión, sin retorno. La falta de transparencia, el cambio de tipificación penal sin justificación pública, y el manejo discrecional del sistema judicial, consolidan una narrativa de hostigamiento contra voces independientes en el país centroamericano. Mientras tanto, López fue trasladada a un centro penal aún no especificado. Su equipo legal no ha podido confirmar las razones precisas del juzgado para decretar su detención, ni las condiciones en que será recluida.

La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos mantienen la mirada puesta sobre este caso, que marca ya un nuevo precedente en la relación entre el Poder Judicial salvadoreño y quienes se atreven a denunciar irregularidades en la administración pública de Bukele y Nuevas Ideas.

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