"Que no quede huella, que no y que no, ¡que no quede huella!"

La perversidad sandinista radica por mucho en el uso del sistema judicial como brazo de venganza interna. Es la misma estructura que encarceló a opositores, inhabilitó partidos políticos y reprimió protestas sociales; vuelve sus dientes, con más rabia, contra quienes fueron parte del proyecto. La legalidad es irrelevante. Las decisiones responden a la voluntad caprichosa de una Copresidencia cada vez más aislada, cada vez más desesperada y brutal.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Editorial

Managua, Nicaragua

Fotografía cortesía

En las sombras del poder absoluto y matrimonial, Nicaragua vive otra semana de "tensiones" que no son más que el eco de una dictadura en descomposición interna. El régimen sandinista de José Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario María Murillo, consolidado como una Copresidencia a través de reformas constitucionales que oficializan el rol de Murillo como figura paralela al mando, ha intensificado una purga sistemática contra sus propios aliados históricos. Lo que comenzó como una supuesta "limpieza" de filas se ha convertido en una cacería implacable, donde excomandantes sandinistas, exjefes de la Policía, magistrados, jueces, docentes universitarios y funcionarios de alto rango caen uno a uno bajo el peso de un sistema judicial partidizado y sin independencia. Esta perversidad no es nueva, pero su escalada en 2025 revela fisuras profundas: el supuesto miedo al relevo generacional, la paranoia por la sucesión dinástica y el uso ilegal de instituciones estatales para eliminar rivales incomodos. Como reza la canción popular, "que no quede huella", pero las marcas de esta represión interna son indelebles y, paradójicamente, podrían ser el principio del gran fin para quienes las orquestan.

La "purga" no es un rumor; es un hecho verificado por múltiples fuentes independientes, con una lista documentada por COYUNTURA con casi 60 nombres. En mayo y junio de 2025, el régimen arrestó a antiguos mandos del Ejército y desmanteló partes del sistema judicial, cruzando "nuevos umbrales autoritarios" según reportes periodísticos. Esta deriva se acelera con casos emblemáticos que confirman la mano férrea de Murillo, quien ha asumido un control cada vez más visible. Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente y exjefe militar, falleció en septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario, tras ser detenido en mayo de ese año por criticar al régimen. Su muerte, descrita como "cruel" por fuentes cercanas, fue precedida de un deterioro súbito en su salud, lo que ha generado sospechas de negligencia o peor. En un audio grabado semanas antes de morir, Humberto se declaró "prisionero político", advirtiendo sobre su condición. Este caso no es aislado: en marzo de 2025, Henry Ruiz, otro comandante sandinista histórico de 81 años, fue puesto bajo arresto domiciliario, uniéndose a la lista de "rebeldes icónicos" caídos en desgracia.

El golpe más reciente recayó en Bayardo Arce, exasesor económico de Ortega y figura clave del sandinismo desde la Revolución Ciudadana de 1979. A finales de julio de 2025, Arce fue colocado bajo arresto domiciliario y es investigado por "irregularidades en transacciones de activos", según la Fiscalía nicaragüense. Medios locales reportan que la Policía le retiró su escolta el 26 de julio, monitoreando su hogar y oficinas en un movimiento que expone el "avance del poder absoluto de Rosario Murillo". Analistas como Dora María Téllez, excomandante sandinista y opositora exiliada y desnacionalizada, advierten que Arce podría enfrentar un "fin trágico" similar al de Humberto Ortega, en medio de estas purgas internas. Esta acción no solo elimina a un aliado potencialmente disidente, sino que señala un patrón: la monarquía ataca a quienes podrían obstaculizar la sucesión familiar de Murillo y todos sus hijos.

La lista de víctimas se extiende a figuras del aparato judicial y policial, confirmando la "gran barrida" en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que Murillo inició en 2023 y que continuó en 2024-2025. La abogada Alba Luz Ramos fue destituida en octubre de 2023 en una operación policial ordenada por Murillo, perdiendo su escolta y siendo investigada por prácticas como nepotismo y tráfico de influencias, aunque hasta la fecha sigue siendo la magistrada presidenta de la CSJ. La "operación laxante" resultó en más de 1,100 despidos en el sistema judicial, afectando a "feudos" leales a Ramos y otros magistrados como Yadira Centeno y Armando Juárez. En paralelo, comisionados policiales como Fidel Domínguez, Juan Valle Valle y Jaime Vanegas ya cayeron, confirmando un reacomodo en las altas esferas de la Policía, donde Domínguez —sancionado por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en 2020 por violaciones a derechos humanos— era conocido por su lealtad ciega al régimen.

Otros nombres mencionados en reportes y discusiones públicas incluyen a Álvaro Baltodano, condenado en secreto en junio de 2025 por supuesta deslealtad, lo que Téllez analiza como prueba de que "la lealtad ya no paga" en la dictadura Ortega-Murillo. Excomandantes del Ejército, exjefes policiales, magistrados, alcaldes, vicealcaldes, líderes fronterizos, jueces, comisionados, secretarios generales, asesores presidenciales, embajadores, docentes universitarios e incluso escoltas familiares han sido afectados. Publicaciones en redes sociales digitales destacan cómo Murillo "arrastra con el sandinismo histórico" que lideró Humberto Ortega, tachando nombres de una "foto" simbólica de los Nueve Comandantes de la Revolución, donde solo quedan figuras como Jaime Wheelock en pie. Esta limpieza abarca desde propagandistas hasta diputados, con el régimen ordenando "vigilancia revolucionaria" para capturar "traidores", como proclamó Ortega en julio de 2025.

Esta ilegalidad es flagrante: el uso de un sistema judicial partidario para fabricar cargos contra disidentes internos viola la independencia judicial y los derechos básicos, como denuncian resoluciones del Parlamento Europeo en febrero de 2025. Estados Unidos ha respondido con sanciones a más de 250 funcionarios en abril de 2025, promoviendo "responsabilidades" por estas acciones. Pero la ironía es poética: quienes erigieron estos pilares de represión ahora sienten su peso. Ortega y Murillo, en su afán por solidificar una "dictadura dinástica", han transformado Nicaragua en un "estado totalitario constitucional" socialista y revolucionario, según reformas recientes. Sin embargo, estas purgas revelan debilidad: el sandinismo histórico se desmorona, y como advierten exiliados, "nadie está a salvo, se matarán entre ellos".

Ojalá sigan, por favor. Que el régimen devore a sus propios monstruos, y que el pueblo nicaragüense, asfixiado por esta copresidencia implacable, vea en estas grietas la luz de una transición inevitable. La historia juzgará, pero la documentación actual ya condena: esta no es gobernanza, es supervivencia a costa de la sangre propia y ajena. Nicaragua merece más que esto.

---

En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.

Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.

Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.