Una reforma aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua plantea desafíos colosales para el sistema educativo superior del país. El control centralizado sobre la elección de autoridades, la distribución del presupuesto y la posibilidad de intervenir en universidades privadas representan cambios sustanciales que podrían tener consecuencias duraderas en la autonomía universitaria y la calidad de la educación superior en el país centroamericano. "El Estado, bajo ninguna circunstancia, debe regir sobre el pensamiento crítico y la construcción educativa y social de las y los profesionales. Esto es un crimen. Nicaragua tendrá las universidades más sumisas y peor valoradas de Centroamérica", denuncia un exeducador de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó este jueves 30 de noviembre de 2023, sin discusión legítima alguna, una serie de reformas que otorgan amplios poderes al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y debilitan significativamente la autonomía de las instituciones de educación superior en el país centroamericano. La reforma, denominada "Ley de Reformas y Adición a la Ley Número 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y de Reformas a la Ley número 582, Ley General de Educación", fue aprobada con urgencia por orden del sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con 91 votos a favor, marcando un hito que redefine por completo el panorama educativo en Nicaragua.
Un excatedrático de la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), consultado bajo anonimato por la Redacción de COYUNTURA, señaló este lunes 04 de diciembre que, a "estas alturas", el país, la comunidad educativa y la región centroamericana no parecen "entender las dimensiones de este suceso". "Han despojado a las universidades de su esencia, de poder criticar, investigar y decidir sobre sus caminos, marcando un triste capítulo donde la independencia y la integridad académica se ven sofocadas por decisiones que están acabando el presente y el futuro del conocimiento en nuestro país", dice.
No obstante, la sandinista Ramona Rodríguez, presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua, aseguró en agosto de este año que la importancia del sistema que la administración sandinista ya está operando radica en que "todas las universidades, tanto públicas como privadas, operen de acuerdo con las disposiciones del Sistema de Educación Superior Nicaragüense". Destacó que el impacto de esta unificación debería reflejarse en la "calidad de la educación ofrecida a los estudiantes y en la pertinencia de la oferta académica".
Por otro lado, la fuente consultada, señaló que "el cuerpo estudiantil de las universidades en Nicaragua está secuestrado". Ahora toda la información relacionada con las matriculas universitarias a nivel nacional está en el Sistema de Estadísticas Nacionales.
La reforma legislativa, aprobada 106 días después de que el oficialismo anunció en la primera Asamblea General de las Instituciones de Educación Superior Nicaragüenses (IES) el convenio "normativo" que establece el marco de funcionamiento y actuación para todas las instituciones de educación superior de Nicaragua, establece que las universidades ya no podrán proceder libremente a integrar sus órganos de gobierno ni elegir a sus autoridades. Esta facultad recae ahora en el CNU, liderado por Rodríguez tras una primera reelección en julio de 2022. Las universidades estatales, comunitarias e interculturales tendrán un Consejo de Dirección compuesto por rector, vicerrector y secretario, todos nombrados por el CNU. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, que controla al CNU, podrá mover el tablero universitario a su gusto y antojo.
La figura del decano desaparece de Nicaragua, siendo reemplazada por el "director por área de conocimiento", quien se convierte en la máxima autoridad académica y ejecutiva de la respectiva área. Este director ya no tendrá la capacidad de proponer nombramientos o cambios de personal docente ni al rector, despojando así a las instituciones de una parte crucial de su autonomía.
Mientras tanto, la ya mencionada creación del Sistema de Estadísticas Nacionales, que centraliza el registro de estudiantes matriculados en las universidades, permite, según el régimen de Ortega y Murillo, un acceso más "eficiente" a certificados de notas, historial académico y otros datos relevantes relacionados a las y los estudiantes. No obstante, también significa la base de datos definitiva de las y los estudiantes de educación superior en todo el territorio. Control absoluto sobre la matricula a nivel nacional.
Papel del CNU y decisiones a la orden del sandinismo
El régimen sandinista refuerza con este movimiento su presencia definitiva en las universidades al establecer que el Consejo Universitario estará compuesto por el Consejo de Dirección, directores por área de conocimientos, representantes estudiantiles y docentes -ligados en su gran mayoría al FSLN-, asegurando una presencia mayoritaria de afiliados al partido oficialista en las instancias de toma de decisiones y en las aulas de clase.
El CNU contará con un Consejo Consultivo que incluye a rectores de universidades públicas, el presidente de la Unión de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el secretario general de la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua (FEPDES) y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Nicaragua. Esta estructura, según analistas consultados por este medio, consolida la influencia política en el sistema educativo superior. Incluso las decisiones sancionatorias contra el estudiantado estarán en manos del régimen, a un clic de distancia.
La reforma también redefine la distribución del presupuesto a las universidades, otorgando al CNU un papel central en la aprobación o modificación del presupuesto general propuesto por los rectores. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también bajo el control del oficialismo, tendrá desde el inicio del período educativo de 2024 la responsabilidad de aprobar la política y distribución de fondos asignados al CNU y a las universidades miembros del Consejo Consultivo.
Sorprendentemente, las universidades "podrán adoptar la naturaleza jurídica de sociedades mercantiles", lo que plantea dudas sobre la verdadera autonomía de estas instituciones. Aunque desde un punto de vista jurídico podrían constituirse como entidades comerciales con fines de lucro, o con el fin de "vender" títulos, la reforma otorga al CNU la capacidad de intervenir en cualquier momento y cancelar programas educativos sin garantías de un debido proceso, legalizando así una práctica realizada por el sandinismo desde abril del año 2018, con el fin de confiscar y cartigar.
Impacto en la autonomía y en la participación ciudadana y docente
La reforma ha suscitado críticas y preocupaciones generalizadas tanto dentro como fuera de Nicaragua. Especialistas sostienen que estas modificaciones suponen un retroceso grande en la autonomía universitaria, eliminando el principio de elección de autoridades por los estamentos de la universidad misma.
Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire, confiscada por el sandinismo en el año 2022, señaló a un medio local que el nuevo CNU reduce la participación a tres personas, convirtiendo a los rectores en un Consejo Consultivo decorativo. Además, la eliminación de facultades del rector y la designación centralizada de funcionarios a todos los niveles refuerzan la influencia de Ortega y su jerarquía sobre las decisiones universitarias en todos los espacios de educación superior de todo el territorio nacional. Ninguna estará fuera.
Otro punto polémico es la redefinición de la distribución del 6 % constitucional para las universidades. Juan Diego Barberena, abogado y activista, dijo a Nicaragua Investiga que esta reforma esencialmente elimina este porcentaje al dar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la autoridad para administrar y distribuir el presupuesto destinado a la educación superior. Este cambio genera incertidumbre sobre la financiación y autonomía real de las universidades en el futuro. "Hasta la planilla ahora es del FSLN", señaló un lector de COYUNTURA , identificado como "Maryland", sobre los sucesos.
"El Estado, bajo ninguna circunstancia, debe regir sobre el pensamiento crítico y la construcción educativa y social de las y los profesionales. Esto es un crimen. Nicaragua tendrá las universidades más sumisas y peor valoradas de Centroamérica. Las horas, la calidad, el personal docente y la práctica científica y social tendrán una calidad peor que mala", denuncia el exeducador de la UNAN-Managua.
Estas reformas aprobadas en Nicaragua por el sandinismo de Ortega para finalizar 2023 representan un cambio drástico en la educación superior del país. El fortalecimiento del CNU y la concentración de poder en manos del régimen son lapidarias para la autonomía, la calidad académica y la diversidad de pensamiento en las instituciones educativas. El impacto financiero y la incertidumbre sobre el 6 % constitucional refuerzan la preocupación sobre el futuro de la educación superior en Nicaragua y la posibilidad de una mayor intervención política en la academia.
Las reformas educativas implementadas por el régimen sandinista de Daniel Ortega no solo socavaron, sino que prácticamente aniquilaron la autonomía universitaria. Fue como si hubieran devorado ese principio, lo regurgitaron, y luego lo volvieron a tragar, dejando a las universidades en un estado de debilidad extrema. La autonomía universitaria, que alguna vez fue un pilar fundamental, ha sido desmantelada hasta el punto de ser irreconocible, marcando un trágico declive en la independencia y la integridad académica de las instituciones educativas bajo este régimen.
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