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Resolución de la OEA sobre Nicaragua: condena a la violación de derechos humanos; llamado a la restauración democrática

La Redacción de COYUNTURA tuvo acceso al borrador oficial de la resolución que muy probablemente -según diplomáticos en Paraguay- se aprobará esta semana en la Asamblea General número 54ª de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación multifactorial de Nicaragua, bajo la administración sandinista de Daniel Ortega y compañía.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Asunción, Paraguay
Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, a su llegada a la Asamblea General de la OEA el martes 25 de junio de 2024, en Asunción, Paraguay | Fotografía de Coyuntura por Juan Daniel Treminio
Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, a su llegada a la Asamblea General de la OEA el martes 25 de junio de 2024, en Asunción, Paraguay | Fotografía de Coyuntura por Juan Daniel Treminio

La situación en Nicaragua sigue siendo motivo de preocupación internacional, especialmente en el ámbito de los derechos humanos y la democracia. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), órgano supremo que aglomera a todas las delegaciones de los 34 Estados miembros, desarrolla al cierre de este texto periodístico un proyecto de resolución para abordar las continuas violaciones en el país centroamericano. La resolución pone en evidencia la alarmante situación que viven las y los nicaragüenses desde el año 2018, con un énfasis particular en los recientes informes y testimonios sobre la represión estatal.


Tan importante es la situación de Nicaragua todavía que para el encuentro en Asunción, Paraguay -con cobertura in situ del equipo de COYUNTURA-, la administración de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) ordenó una misión especial encabezada por el subsecretario de Estado, Richard Verma, y Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental. Haití, Nicaragua y Venezuela son la prioridad de EE.UU. y sus aliados en la OEA. "Es lamentable la situación de Nicaragua. Peligrosa tanto para los nicaragüenses como para las Américas", dijo Nichols a esta Redacción.


El borrador oficial de la resolución que muy probablemente -según diplomáticos en Paraguay- se aprobará esta semana en la Asamblea General número 54ª de la OEA sobre la situación multifactorial de Nicaragua, bajo la administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, es "muestra de ese monitoreo y de la importancia que la situación sigue teniendo".


El contexto de la crisis en Nicaragua


Desde el estallido de las protestas en 2018, Nicaragua ha experimentado un deterioro constante en términos de derechos humanos y libertades fundamentales. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión del régimen sandinista ha resultado en al menos 355 muertes y más de 2,000 heridos. Además, se han registrado más de 2,000 detenciones arbitrarias por motivos políticos, y más de 270,000 nicaragüenses han sido desplazados, buscando asilo en diferentes países para proteger sus vidas y libertades.



La situación ha sido documentada extensamente por varios organismos internacionales, incluyendo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua de la OEA (GIEI), la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de la ONU (GHREN).


Aspectos clave del proyecto de resolución


La resolución propuesta por la OEA para su Asamblea General de 2024 resalta varios puntos críticos sobre la situación en Nicaragua:


  1. Impunidad y violaciones de derechos humanos: El documento destaca la persistente impunidad en los casos de violaciones graves de derechos humanos, que "podrían" constituir crímenes de lesa humanidad, como persecución, encarcelamiento, asesinato, tortura y violación. La falta de avances en las investigaciones y la intensificación de la persecución contra víctimas y sus familiares agravan la crisis.

  2. Represión del espacio cívico: Desde 2018, la administración Ortega-Murillo ha cerrado más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo instituciones religiosas. Además, más de 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad y derechos políticos, con confiscación de bienes y negación de derechos económicos y sociales.

  3. Situación de los medios de comunicación y periodistas: La resolución expresa alarma por el cierre de al menos 54 medios de comunicación y el exilio forzado de más de 250 periodistas, lo que limita severamente la libertad de prensa y el derecho a la información.

  4. Represión de comunidades indígenas y afrodescendientes: La resolución también menciona la represión específica contra comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, exacerbada durante las elecciones regionales de marzo de 2024. Líderes indígenas como Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez han sido detenidos, y se han cerrado emisoras de radio y cancelado partidos políticos indígenas.

  5. Desacato a decisiones internacionales: La continua desobediencia del Estado nicaragüense a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en una preocupación central -cómo lo documentó COYUNTURA en febrero de este año-. Las órdenes de protección de organizaciones y personas perseguidas no se han cumplido, lo que aumenta la vulnerabilidad de las víctimas.

Acciones propuestas por la OEA


El proyecto de resolución establece varias acciones y exhortaciones dirigidas al sandinismo en Nicaragua:

  • Cese de violaciones de derechos humanos: Se "urge al gobierno nicaragüense a poner fin" a todas las violaciones de derechos humanos y "tomar medidas efectivas" para restaurar las instituciones democráticas, respetando el Estado de Derecho.

  • Restitución de derechos: Se llama al "Gobierno a restituir los derechos de las personas privadas de su nacionalidad y derecho a entrar o salir del país", y a poner fin a la impunidad de las instituciones estatales involucradas en violaciones de derechos humanos.

  • Liberación de presos políticos: Se exige la liberación "inmediata e incondicional" de todas las personas detenidas por razones políticas o religiosas.

  • Respeto a medidas cautelares: Instar al Gobierno a respetar todas las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y brindar información sobre la salud de líderes religiosos encarcelados.

  • Cooperación internacional: Se exhorta a Nicaragua a comprometerse constructivamente con el sistema interamericano de derechos humanos, permitiendo el escrutinio internacional y facilitando la entrada de la CIDH y otros organismos competentes.

  • Monitoreo continuo: Se solicita a la CIDH continuar monitoreando y reportando sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, manteniendo informados a los órganos pertinentes de la OEA.

  • Esfuerzos hemisféricos: Se insta a los Estados del hemisferio a "redoblar sus esfuerzos" para facilitar el cese de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, mediante acciones individuales o colectivas y "el diálogo constructivo".

"La crisis en Nicaragua no solo afecta a su población, sino que también tiene implicaciones para la estabilidad y seguridad de la región. La resolución subraya en su conjunto que la situación debe ser abordada de manera colectiva y con un enfoque en la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos", explicó una fuente de la OEA. A pesar de que Nicaragua se ha desligado de la OEA desde noviembre de 2023, sigue estando obligada por las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Es así que la resolución busca mantener la atención internacional sobre la situación en Nicaragua y promover iniciativas de diálogo y negociación para alcanzar una solución pacífica y justa.


La comunidad internacional, especialmente los países del hemisferio occidental, tiene un papel crucial en presionar a Ortega y Murillo para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, permitiendo así el restablecimiento de las instituciones democráticas. La resolución de la OEA representa "un paso importante en esta dirección", aunque su efectividad dependerá de la voluntad política y la cooperación internacional para implementar sus recomendaciones y medidas, y más presión, que es lo que al final se necesita.


 

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