Roosevelt Hernández y el pulso entre las Fuerzas Armadas de Honduras, la política, la ideología y la libertad de prensa
- Juan Daniel Treminio
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En diciembre de 2024, Hernández se involucró públicamente en asuntos legislativos al respaldar el polémico proyecto de Ley de Justicia Tributaria, acción que profundizó la percepción de politización dentro de la institución castrense. Estas conductas anticiparon los conflictos que surgirían durante las elecciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
Tegucigalpa, Honduras
El jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), general Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, gran amigo del jefe sandinista del Ejército de Nicaragua, Julio César "el Chele" Avilés y de Vladimir Padrino López, ministro chavista del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, colecciona en menos de dos años de mando una sucesión de incidentes que han tensado la institucionalidad, fracturado al interior de la cúpula castrense y convertido a los medios de comunicación en blancos recurrentes de una ofensiva oficial, remarcada en cada aparición del camuflado, rodeado de un aparato de seguridad impresionante y deliberadamente escandaloso.
Las controversias, que se intensificaron tras las elecciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025, abarcan desde maniobras internas para cambiar informes, pasando por purgas y relegamientos de altos oficiales, hasta campañas de descrédito contra periodistas y empresas editoriales. Incluso ataques verbales contra las autoridades electorales, con los ecos de su respaldo a un oficialismo cada vez más mordaz y sin frenos o contrapesos.
Las primarias del 09 de marzo de 2025
Las primeras señales de crisis surgieron con el colapso logístico observado en las primarias del domingo 09 de marzo. El reparto de las maletas electorales —que constitucionalmente custodian las FF.AA.— quedó entorpecido y hasta paralizado en numerosos Centros de Votación (CV) en Tegucigalpa y San Pedro Sula; material electoral fue hallado varado en la vía pública y la distribución demoró hasta 24 horas. "Aquí nos dijeron que nos parqueáramos", explicó entonces un militar hondureño al equipo de COYUNTURA. El Poder Ejecutivo se lavó las manos.
Ante el desorden, Hernández deslindó responsabilidades y atribuyó la culpa al Consejo Nacional Electoral (CNE). En un comunicado, las Fuerzas Armadas sostuvieron que "el abandono del material electoral por parte de los custodios en las instalaciones del INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional) no es responsabilidad de las FF.AA." y apuntaron al CNE como responsable de la asignación y distribución del material durante la jornada, aunque fueron los militares quienes con fusil en mano protagonizaron las escenas en directo de los camiones huyendo de las autoridades electorales.
Semanas después, reportes publicados por La Prensa y El Heraldo —y denuncias públicas de la consejera nacionalista Cossette López-Osorio— afirmaron que Hernández había ordenado la modificación de informes internos que señalaban la responsabilidad de mandos militares en el caos electoral, por el cambio de rutas y las directrices de "parar" la distribución. Según esas fuentes, los documentos originales, que implicaban a un general, dos coroneles y dos subtenientes, fueron alterados para descargar la responsabilidad exclusivamente sobre el CNE, incluyendo observaciones adicionales sobre retrasos de impresión y cambios de transporte.
Cossette López denunció públicamente, mediante una publicación en X (antes Twitter) el 19 de marzo, que Hernández se reunió con un expresidente y una candidata —según las versiones, Manuel Zelaya y Rixi Ramona Moncada— y acordaron sustituir los informes existentes por nuevas versiones que exoneraban a determinados mandos. López y los medios que publicaron estas versiones sostienen que los cambios se realizaron antes de que los informes llegaran al Ministerio Público (MP), que controla el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
El choque entre la cúpula militar y el órgano electoral escaló el 21 de marzo, durante una reunión programada entre el pleno del CNE y las FF.AA. en la capital hondureña. Testimonios consignan que, tras la llegada de militares al salón, la entonces consejera presidenta López pidió a Hernández que se retirara; denunció haber recibido agresiones verbales y suspendió la sesión al sentirse insegura. Hernández negó con gritos y acusaciones, públicamente, toda agresión y exigió la retractación de la publicación en X. "¡Qué elimine ese X!", dijo entonces frente a casi dos docenas de cámaras y micrófonos. Días después, la institución publicó comunicados y desplegó una estrategia comunicacional de réplica, utilizando recursos estatales, para atacar al CNE y a sus representantes.
Un Ejército del lado oficialista
En julio, frente a amenazas de "boicot" durante la adjudicación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la consejera López solicitó el resguardo de las instalaciones del CNE por parte de las FF.AA.; Hernández rechazó la petición, señalando que esa responsabilidad correspondía a la Policía Nacional, pese a que la institución militar reafirmó su "disposición" a garantizar "la soberanía y el proceso electoral". El miércoles 29 de octubre de 2025, las Fuerzas Armadas hondureñas formalizaron una petición al CNE para "acceder" a copias de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las elecciones presidenciales del próximo domingo 30 de noviembre, un requerimiento que el órgano electoral y juristas consideraron incompatible con la Constitución y la Ley Electoral, en particular con el artículo 272 de la Carta Magna —citada repetidamente por las fuentes— y las reglas sobre transmisión simultánea de resultados previstas en la ley.
Ana Paola Hall, quien asumió la presidencia del CNE en septiembre, respondió recordando que las FF.AA. están a disposición del CNE y advirtió que cualquier interferencia constituiría una violación a la autonomía y a la neutralidad del órgano electoral.
Pero Roosevelt Hernández se hace el desentendido. Repite y repite, cual loro "izquierdista", el discurso de la extrema izquierda, siempre obediente a la presidenta Xiomara Castro y a su círculo más cercano, quienes desde ya gritan "fraude" porque se consideran las "víctimas" de un plan para "robarles" el "triunfo presidencial".
Purga interna: relevos, desarmes y "búsqueda de filtradores"
La gestión de Hernández también ha generado reacomodos y sanciones internas que, según militares consultados por este medio, buscan consolidar lealtades. El 03 de abril de 2025 ordenó el desarme de las promociones 28, 29 y 30, pero la promoción 27 —a la que Hernández pertenece— quedó excluida, lo que motivó señales de malestar. Remociones como la salida del coronel Ramiro Muñoz de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) en julio y la sustitución de Carlos Efraín Aguilar Hernández como rector del Colegio de Defensa Nacional en octubre, se han interpretado, según distintas fuentes, como parte de una estrategia para ascender a oficiales afines y "blindar la cúpula".
Esas estrategias son el vivo reflejo del Ejército de Nicaragua, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la monarquía de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Son muy probablemente parte de las recomendaciones del régimen chavista de Nicolás Maduro para atornillar a LIBRE al poder.
Muñoz, cuya salida derivó en una "barrida" de directores de centros penales, habría rechazado un puesto de agregado militar en Nicaragua y, en entrevistas, aludió a presiones internas. De forma paralela, Hernández ha señalado públicamente a varios coroneles —entre ellos Miguel Maldonado Castro, José Rodimiro Murillo Aguilar, Javier Iraheta Ayala, Germán Salguero y Ramón Enrique Cervantes Genizzotti— como responsables de filtraciones; en octubre llegó a amenazar con dar de baja deshonrosa a uno de ellos y, según fuentes, pronunció que "les guste o no, las Fuerzas Armadas son políticas y yo soy político".
En paralelo a las purgas, se han denunciado órdenes atípicas: instrucciones de obligar a militares a donar sangre para hospitales, exigencias de interacción favorable en redes sociales (dar "Me gusta" y comentar felicitaciones de cumpleaños), y la creación de equipos de inteligencia interna para "rastrear filtradores". Varios oficiales de alta jerarquía han sido desplazados o relegados y, según fuentes internas, la presión hacia quienes "no sintonizan" con la línea del jefe del EMC ha sido persistente.
Enfrentamiento con la prensa: querellas, descalificaciones y campañas digitales
La respuesta de Hernández a las denuncias públicas no se ha limitado al terreno institucional: ha implicado intentos legales y campañas de descrédito contra medios y periodistas. En febrero emprendió acciones para que el Ministerio Público investigara a doce medios y obligarlos a revelar fuentes anónimas.
Entre los medios señalados figuran La Prensa, El Heraldo, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla (HCH), Q'Hubo TV, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7. La Fiscalía de Delitos Comunes remitió la solicitud a la Dirección Policial de Investigaciones, que registró sedes editoriales; el movimiento fue condenado por organismos profesionales y defensores de la libertad de prensa.
Los ataques se han expresado en comunicados oficiales, portales digitales de las FF.AA. y en redes sociales, donde ediciones del Ejército han publicado portadas y textos que estigmatizan a periodistas y a directores de medios, usando calificativos como "sicario de la verdad" o "traidor a la Patria" contra comunicadores concretos. Periodistas y medios han respondido apelando a la normativa nacional e internacional que protege la confidencialidad de las fuentes y la libertad de expresión.
Dagoberto Rodríguez, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y director de RCV, y José Adán López —también de RCV— interpusieron denuncias contra Hernández por difamación, estigmatización y amenazas; otros medios, como Abriendo Brecha y La Prensa, han publicado editoriales contundentes en defensa del rol fiscalizador del periodismo y han señalado el uso de fondos públicos en campañas de desprestigio.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han advertido sobre la gravedad de las acciones militares contra la prensa y recordaron que la reserva de fuentes es un derecho protegido por tratados internacionales.
Acusaciones cruzadas y audios polémicos
En noviembre, en medio de una investigación y la divulgación de audios por parte del Ministerio Público —varias de cuyas actuaciones son cuestionadas por la oposición— Hernández anunció que un oficial sospechoso de participar en conversaciones con la consejera Cossette López y el diputado Tomás Zambrano había sido sacado de la línea de mando y reasignado. El general anunció la medida el jueves 06 de noviembre de 2025 a su retorno de Brasil; sin embargo, directores de medios como Dagoberto Rodríguez calificaron la versión como falsa. La autenticidad y el manejo de los audios han sido objeto de debate público: el partido de gobierno y la Fiscalía mantienen que son genuinos, mientras la oposición sostiene que pudieron ser manipulados por Inteligencia Artificial (IA).
Acusaciones contra grupos empresariales y amenaza a la reputación de medios
La confrontación escaló este mes hasta involucrar a actores del sector privado. Desde Brasil, Hernández acusó al presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, de liderar una campaña en su contra y contra las Fuerzas Armadas, vinculándolo —sin pruebas públicas hasta la fecha— a intereses empresariales con relación al Instituto de Previsión Militar (IPM).
Canahuati rechazó categóricamente las imputaciones y afirmó que, de ser infundadas, habrán de probarse en tribunales. OPSA y representantes del gremio mediático han reafirmado que la cobertura es veeduría y exigencia de rendición de cuentas, no una campaña persecutoria.
Las acciones y declaraciones de Hernández han sido interpretadas por diversas fuentes como parte de un patrón: politización de la institución, persecución interna de opositores o disidentes, y criminalización del periodismo. Sus críticos advierten que el uso de recursos oficiales para campañas de imagen, la presión sobre la libertad de prensa y la interferencia en procedimientos electorales configuran, a la vez, un riesgo para la neutralidad militar y para la transparencia del proceso democrático.
Desde su asunción el 21 de diciembre de 2023, Hernández ha protagonizado episodios que, según las fuentes consultadas, ponen en tensión preceptos constitucionales y normas que delimitan la actuación militar en un Estado democrático. Sus declaraciones públicas con matices políticos, las presiones sobre el CNE y las purgas internas han generado protestas de organizaciones académicas, gremiales y de la sociedad civil.
Reacciones institucionales y llamamientos de la comunidad internacional
Las reacciones no se han limitado al ámbito mediático. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y gremios periodísticos han emitido comunicados para repudiar las maniobras que buscan identificar y castigar a quienes filtran información. La SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) —entre otras instituciones— ha recordado que no deben utilizarse instrumentos penales para dirimir críticas políticas ni para presionar a periodistas a revelar fuentes.
En lo institucional, la actual presidenta del CNE, Ana Paola Hall, recordó la potestad exclusiva del organismo sobre la recepción y custodia de actas electorales; el Ministerio Público ha quedado en el centro de la polémica por su actuación en audios y procesos vinculados al caso.
Periodistas consultados por este medio aseguran que la campaña de estigmatización ha generado entorno de temor: desplazamientos forzados, autocensura y una sensación de vulnerabilidad para quienes investigan asuntos militares. Dirigentes del Colegio de Periodistas y editores han denunciado presiones y advertido sobre el uso de recursos públicos para desacreditar a la prensa independiente.
La narrativa oficial, por su parte, insiste en que existe una "campaña pública" en contra de las FF.AA. y que los ataques responden a intereses mixtos que confunden actores privados y criminales. Los denunciantes y los medios que han publicado investigaciones sostienen que lo que ocurre es una respuesta a la exposición de irregularidades y un intento de neutralizar la fiscalización pública.
Una institución en tensión y una democracia en vilo
Los hechos documentados —cambios de informes, intentos de controlar el acceso a actas electorales, purgas en la cúpula militar, descalificaciones a la prensa y acusaciones contra empresarios— configuran, en su conjunto, una crisis de liderazgo dentro de las FF.AA. que trasciende lo interno y pone en discusión la neutralidad institucional en un año electoral clave.
El papel que desempeñen la Fiscalía, el CNE, los tribunales y los organismos garantes de libertades públicas en las próximas semanas será determinante para contener o profundizar la espiral de desconfianza.
Lo sucedido hasta ahora ha dejado, además, una factura política y social: menos cohesión interna en las Fuerzas Armadas, mayor recelo ciudadano sobre la imparcialidad de actores estatales y una prensa que enfrenta ataques legales y campañas de descrédito mientras reclama protección legal para su labor de vigilancia.
Sin especular sobre intenciones —una condición observada rigurosamente en este reporte—, las pruebas documentadas y las voces involucradas dibujan un escenario donde la defensa de la institucionalidad republicana y la transparencia del proceso electoral quedan como prioridades inmediatas para la estabilidad democrática de Honduras, mientras el líder de los militares es cada vez más político, cada vez más confrontativo, cada día más "Rixi".
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