Todo lo que debe saber sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta en Nicaragua
- Redacción Central
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La nueva ley otorga a los inversionistas —nacionales y extranjeros— un paquete de incentivos fiscales sin precedentes: exoneración total del Impuesto sobre la Renta durante diez años, prorrogable de forma indefinida; exenciones sobre dividendos, intereses, comisiones y servicios legales; y liberación de impuestos aduaneros, de consumo, de valor agregado y municipales. En los hechos, las empresas que se instalen bajo este régimen no pagarán impuestos, no rendirán cuentas ante las instituciones locales y operarán con amplias prerrogativas administrativas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En menos de 48 horas, la pareja copresidencial de Nicaragua presentó y la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa para crear las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta. El proyecto, enviado por Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, promete atraer inversión extranjera mediante un paquete de exoneraciones e incentivos que, en la letra de la ley, buscan "diversificar la producción, generar empleo formal y transferir tecnología". Pero la velocidad de la aprobación, la concentración de su administración y el contexto económico y político del país han levantado preguntas —y alarma— entre analistas, empresarios locales y observadores internacionales.
La iniciativa aprobada crea un régimen especial llamado formalmente Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta y define las ZEE como "todo espacio delimitado del territorio nacional" destinado a actividades de procesamiento, transformación y generación de valor agregado para la exportación. La administración operativa de ese régimen quedará a cargo de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), mientras que una Comisión Especial —conformada por siete altos funcionarios— ejercerá la dirección del régimen. El puesto de mayor jerarquía en esa comisión será ocupado por el asesor copresidencial para la Promoción de Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional: Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de los copresidentes.
En términos fiscales y aduaneros, el texto propone exenciones amplias y prolongadas: exoneración del 100 % del Impuesto sobre la Renta de las actividades económicas por 10 años, renovables cada década de forma indefinida; exención del 100 % del impuesto sobre dividendos por periodos semejantes; eliminación de gravámenes sobre importaciones relacionadas con la operación de las ZEE; IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) exento sobre compras locales e importaciones vinculadas; además de la anulación de otros impuestos indirectos, municipales y selectivos que pudieran aplicarse a las actividades dentro de estas zonas. El instrumento legal también enumera sectores objetivos: industria manufacturera, agroindustria, servicios de valor agregado y tecnología, entre otros.
Quién manda y cómo se manejará el régimen
La dirección política del nuevo régimen estará formalmente concentrada en una comisión liderada por Laureano Ortega; los demás miembros incluyen, según la iniciativa, al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), los ministros de Fomento, Hacienda y Transporte, la procuradora general y el director ejecutivo de la CNZF. La administración técnica y operativa recae en la CNZF, que quedará facultada para otorgar autorizaciones, permisos y hacer seguimiento de las empresas que operen bajo el régimen.
Esa arquitectura institucional une la promoción de inversiones con órganos clave del Estado y sitúa a la CNZF —institución ya existente y dependiente del Ejecutivo— como gestor directo del día a día de las zonas especiales.
La iniciativa lleva el nombre "Franja y la Ruta", la estrategia global impulsada por Pekín desde el año 2013, y aparece en un momento de crecimiento acelerado del comercio entre Nicaragua y China. Datos oficiales y reportes locales muestran que entre enero y mayo de 2025 las importaciones nicaragüenses procedentes de China sumaron aproximadamente 783.1 millones de dólares, lo que convirtió a China en el tercer proveedor del país con una cuota cercana al 15.7 % del total. En contraste, las exportaciones nicaragüenses hacia China son muy reducidas: rondan los 69 millones de dólares (cerca del 1.9 % de los destinos de la oferta exportable nicaragüense). Esa asimetría —más compras que ventas— aparece de forma persistente en los balances comerciales desde la reanudación de relaciones plenas entre Managua y Pekín.
Además, la relación bilateral incluye acuerdos y logística: Nicaragua y China inauguraron una ruta marítima comercial directa en agosto de 2024, y en 2023 se firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor el 01 de enero de 2024 y que concedió arancel cero a un importante listado de exportaciones nicaragüenses. Sin embargo, la práctica ha mostrado que el flujo de importaciones chinas crece más rápido que la capacidad de las exportaciones nicaragüenses para aprovechar esos accesos.
Incentivos declarados y alcance real de las exoneraciones
La ley no deja margen a medias: las exenciones fiscales anunciadas son totales (100 %) sobre impuestos a la renta, dividendos y una larga lista de gravámenes por periodos inicialmente definidos de 10 años y renovables de forma indefinida. Además, se plantean exenciones sobre pagos al exterior por intereses, comisiones y honorarios que involucren a no residentes, así como la eliminación de aranceles y gravámenes en importaciones necesarias para la instalación y operación de las ZEE. En términos prácticos, la norma busca ofrecer un "paquete competitivo" que reduzca casi por completo los costos tributarios y aduaneros de inversionistas que operen en las ZEE. El texto legislativo que circuló públicamente contiene esas disposiciones de forma explícita.
Experiencias regionales y problemas recurrentes
Analistas y economistas de la región llaman la atención sobre dos lecciones recurrentes:
Dificultad de replicar el modelo chino. Las ZEE chinas son un fenómeno histórico ligado a una reforma económica y a un modelo de planificación centralizado que incluyó grandes inversiones públicas, integración territorial y años de construcción institucional. En América Latina, los intentos por reproducir esas zonas han tenido resultados heterogéneos: Costa Rica impulsó las ZEE hace más de una década (con el Tecnológico de Costa Rica como uno de los promotores), pero varios expertos sostienen que esas experiencias no guardan similitud con las chinas y que, en la práctica, funcionan más como zonas francas o proyectos locales sin el alcance ni la autonomía que caracterizan a las ZEE originarias.
Autonomía y conflicto político en Honduras. Las ZEDE hondureñas —un modelo cercano en ambición a las ZEE— se aprobaron en 2013, promovieron regímenes con amplias atribuciones administrativas y jurídicos, y posteriormente enfrentaron rechazo político y judicial: la actual administración "socialista" de Xiomara Castro derogó la ley y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña declaró en septiembre de 2024 aspectos inconstitucionales, aunque ciertas zonas han tratado de continuar operaciones amparadas en compromisos internacionales o seguridad jurídica contractual. El resultado fue una situación de litigio, declive en la confianza inversora y logro limitado de impacto productivo. Las ZEDE hondureñas, pese a promesas de innovación institucional y atracción de capital, solo captaron inversiones y empleos modestos frente a lo anunciado.
Los especialistas citados en la cobertura regional alertan que reproducir las ZEE chinas exige no sólo incentivos fiscales, sino décadas de inversión en infraestructura, un marco de gobernanza creíble y un ecosistema institucional que en Nicaragua actualmente enfrenta serias fisuras.
Riesgos y tensiones que el texto deja explícitas
Varios de los riesgos que han destacado analistas y organizaciones se apoyan en hechos verificables:
Desbalance comercial con China. El crecimiento de las importaciones chinas sin un paralelo aumento de las exportaciones nicaragüenses implica riesgos para la balanza comercial y la industria local, especialmente si la entrada de productos baratos desplaza aún más la producción nacional. Los datos de 2025 antes citados muestran esa asimetría.
Endeudamiento y condiciones de financiamiento. Informes y análisis periodísticos recogen que, entre 2023 y 2025, Nicaragua ha contratado préstamos y financiamiento con actores chinos que en la suma superan los cientos de millones de dólares; comentaristas y expertos, como Manuel Orozco, advierten sobre condiciones contractuales poco favorables, bajo desembolso efectivo de parte de los acreedores chinos y cláusulas que podrían comprometer la capacidad de supervisión y la soberanía financiera del país centroamericano. Diversos textos periodísticos compilan ya cifras y señalamientos sobre este endeudamiento.
Riesgo de pérdida de beneficios comerciales con EE.UU. (DR-CAFTA). En octubre de 2025 la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de Norteamérica (USTR) publicó una investigación bajo la Sección 301 que concluye que las políticas del régimen nicaragüense en materia de derechos laborales, derechos humanos y Estado de Derecho "son irrazonables y perjudican el comercio estadounidense", y recomendó la consideración de medidas que incluyen la suspensión de beneficios del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) o la aplicación de aranceles de hasta el 100 % sobre productos nicaragüenses. La entrada en vigor de sanciones o la pérdida de preferencias comerciales con Estados Unidos —actualmente el mayor destino de las exportaciones nicaragüenses— tendría efectos tangibles sobre la rentabilidad de cualquier régimen especial que, de hecho, pretenda dinamizar las exportaciones.
Concentración política y déficit de transparencia. La estructura legal propuesta sitúa la conducción política y ejecutiva de las ZEE en manos de un núcleo reducido del ahora Órgano Ejecutivo y de la CNZF. Organismos de prensa y análisis han subrayado que esa concentración, unida a la ausencia de controles externos robustos y de mecanismos de rendición de cuentas independientes, aumenta la vulnerabilidad a decisiones discrecionales, a privilegios para actores ligados al poder y a acuerdos opacos con contrapartes extranjeras. El nombramiento de Laureano Ortega al frente de la comisión ha sido señalado por fuentes periodísticas como un ejemplo de esa concentración de poder.
Lo que muestran las experiencias vecinas
Costa Rica: impulsó ZEE tras la firma del TLC con China, pero especialistas y académicos señalan que, después de una década, esas iniciativas no se han consolidado con el impacto prometido y funcionan de forma distinta a las ZEE chinas, tendiendo más a modelos de zonas francas regionales. La crítica recurrente es que la iniciativa costarricense no logró articular la infraestructura, la gobernanza y la integración territorial necesarias.
Honduras: las ZEDE atrajeron promesas de autonomía y velocidad administrativa, pero chocaron con la soberanía constitucional y la reacción política, desembocando en procesos judiciales, derogaciones y litigios internacionales que redujeron la seguridad jurídica y desalientan inversión a gran escala. Las ZEDE no han alcanzado el potencial anunciado en términos de exportaciones y desarrollo productivo; sus resultados han sido limitados frente a expectativas iniciales.
Ambos ejemplos documentan que las ZEE no son una solución inmediata: requieren años de inversión, claridad jurídica, marcos de integridad pública y coordinación territorial para generar encadenamientos productivos reales.
Voces como la del economista Manuel Orozco (Diálogo Interamericano) han enmarcado la movida de Managua como parte de una estrategia más amplia: redirigir alianzas comerciales y financieras hacia China ante el deterioro de relaciones con Estados Unidos. Orozco y otros advierten que ese giro tiene un coste económico y social —endeudamiento bajo condiciones onerosas, baja ejecución efectiva de proyectos, desplazamiento de empresas locales y presión sobre empleo formal— y que, sin supervisión rigurosa, los beneficios prometidos para la población pueden no materializarse. Los reportes periodísticos recogen estas evaluaciones y las cifras de financiamiento chino contratadas en los últimos años.
Preguntas que la ley no responde (y que los operadores y la ciudadanía deberían exigir)
El texto aprobado contiene disposiciones amplias en materia de incentivos, pero deja sin resolver públicamente, por lo menos en la versión difundida, aspectos críticos para evaluar viabilidad y costos sociales:
Mecanismos de transparencia y auditoría. ¿Qué instancias independientes supervisarán las concesiones, contratos y ejecuciones dentro de las ZEE?
Cláusulas laborales y ambientales obligatorias. La ley anuncia "medios ambientalmente sustentables" y "justicia social" en su prosa, pero no enumera estándares ni sanciones claras para prácticas laborales o ambientales deficientes.
Impacto fiscal y evaluación costo-beneficio. ¿Se acompañaron las exoneraciones con estimaciones del costo fiscal en el corto y mediano plazo? ¿Qué criterios se usarán para evaluar el retorno en empleo formal y en encadenamientos productivos?
Relaciones con acuerdos comerciales vigentes. Con la amenaza de medidas derivadas de la investigación de la USTR (Sección 301), ¿cómo se articularán las ZEE con la continuidad de mercados preferenciales como el DR-CAFTA?
Estas lagunas —documentadas en los informes y en análisis periodísticos— apuntan a la necesidad de que actores externos (empresas, bancos, donantes, mercados) y la sociedad civil pidan claridad y reglas verificables.
La ley que crea las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta es, en sus términos, una apuesta por ofrecer ventajas fiscales y administrativas extremas a inversionistas (con un claro guiño a la cooperación con China por la denominación y por el marco de acuerdos previos).
La rapidez con la que se aprobó, la asunción de la administración por parte de figuras cercanas al Ejecutivo y la preexistente asimetría comercial con China —sumada a señales de posible represalia comercial de Estados Unidos (Sección 301)— configuran un escenario donde la implementación real de las ZEE exigirá más que exenciones: demanda inversión pública en infraestructura, reglas claras de gobernanza y mecanismos de supervisión que hoy no se encuentran en la versión pública de la norma.
Por otro lado, las experiencias regionales —Costa Rica y Honduras— muestran que replicar el modelo chino es complejo, tardío en resultados y potencialmente conflictivo, especialmente cuando los marcos jurídicos, la transparencia y la aceptación social faltan o son frágiles.
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