Fiscalía de Honduras acusa de "conspiración" a consejera electoral; oposición y ciudadanía denuncian persecución política y manipulación
- Redacción Central
- hace 3 días
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El principio de presunción de inocencia, consagrado en el Artículo 89 de la Constitución, parece diluido en esta pesquisa. Mientras Cossette López y Tomás Zambrano —quienes señalaron los audios presentados por el Ministerio Público (MP) como "falsos y manipulados con Inteligencia Artificial"— exigen peritajes independientes, el MP ha omitido indagar el origen de las grabaciones presentadas por el consejero oficialista Marlon Ochoa, pese a que su obtención podría constituir espionaje ilegal, según abogados consultados por COYUNTURA. Zambrano, en rueda de prensa el miércoles 29 de octubre, acusó al Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de "desesperación electoral" y exigió responsabilidad por "filtraciones que violan la privacidad". El Partido Nacional y el Partido Liberal han convocado manifestaciones, con el presidenciable Nasry Asfura advirtiendo que "si le jalan el gatillo contra Cossette, verán a un pueblo enardecido".
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
A escasas semanas de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre de 2025, Honduras se encuentra sumida en una vorágine de nuevas tensiones institucionales que amenazan la integridad del proceso democrático. El epicentro de la controversia es la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, figura clave en el órgano rector de los comicios, quien enfrenta una investigación penal por presunta "asociación ilícita" supuestamente destinada a alterar la voluntad popular.
La denuncia, impulsada por su colega Marlon Ochoa —representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE)— y avalada por el fiscal general Johel Zelaya, se basa en una serie de 24 grabaciones de audio que, según el Ministerio Público (MP), exponen un entramado para boicotear la jornada electoral. Sin embargo, la validez de estas evidencias ha sido cuestionada por expertos, opositores y la propia López, quien las califica de artefactos fabricados con herramientas digitales avanzadas.
"Quiero que me interroguen públicamente con un detector de mentiras. Lo reto públicamente, a quien dice que le consta y que las tiene, que también hable sobre la veracidad y autenticidad de esos audios y sobre la supuesta conspiración", dijo López esta semana.
La escalada comenzó el miércoles 22 de octubre, cuando el consejero Marlon Ochoa anunció públicamente que poseía grabaciones de conversaciones que, según él, evidencian un "plan" para generar inestabilidad post-electoral. Ochoa, quien había convocado a la prensa en las instalaciones del MP, entregó una memoria USB con 24 archivos de audio a la Fiscalía contra Delitos Electorales. Estos materiales, reproducidos parcialmente el miércoles 29 de octubre por Zelaya en una conferencia de prensa, supuestamente capturan diálogos entre López, el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras (PNH) en el Congreso Legislativo, Tomás Zambrano, y un oficial castrense todavía no identificado.
En las transcripciones divulgadas, se alude a estrategias para movilizar "revoltosos" en las calles, cuestionar la regularidad de los comicios y manipular el transporte de materiales electorales, con frases como: "lo importante es que los revoltosos salgan a la calle y aleguen que no fueron regulares"; o referencias a alianzas con entidades para "llevar el transporte de todo lo que es el material electoral".
Zelaya, figura alineada con el oficialismo, calificó estos elementos como prueba de una "asociación ilícita" que configura delitos de traición a la Patria —penado con 15 a 20 años de reclusión e inhabilitación perpetua— y sabotaje electoral. El MP abrió un expediente formal esa misma jornada, allanando oficinas del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para recabar documentos relacionados con licitaciones de impresoras y suministros (procesos CNE-PEG-UCCE-009-2025 y similares, aún en fase de revisión sin adjudicaciones).
Esta no es la primera pesquisa contra López: desde julio de 2025, ha sido citada como testigo en indagatorias por irregularidades en las votaciones primarias del domingo 09 de marzo, pasando a investigada formal el martes 05 de agosto, en lo que sus defensores llaman el "tercer caso no documentado" por un MP percibido como sesgado hacia el poder en turno.
Sin embargo, la validez de las grabaciones presentadas esta semana ha sido el detonante de una réplica furibunda. López, en declaraciones radiales y ante la prensa, las tildó de "absolutamente fabricadas" y "un circo montado", argumentando que su voz —con acento hondureño marcado— suena "colombiana" en los clips, con inconsistencias como referencias a términos que ella nunca usaría, como llamar "papi" al presidenciable nacionalista Nasry Asfura.
Expertos latinoamericanos en acústica, Inteligencia Artificial (IA) y desarrollo de software, consultados independientemente por COYUNTURA, han encendido la alarma: apuntan a "claras manipulaciones" mediante herramientas de clonación vocal, accesibles en plataformas incluso gratuitas.
La burla colectiva en las redes sociales digitales y entre analistas ha sido inmediata: diputados como Jorge Cálix (PLH) ironizaron que "usen una versión pagada de IA al menos", y la diputada Johana Bermúdez (PNH) compartió un video generado con IA simulando a Ochoa y Zelaya conspirando contra López, para ilustrar la facilidad de tales fraudes.
Es tanta la mofa contra el oficialismo que Marlon Ochoa y otros funcionarios estatales tuvieron que desactivar los comentarios en sus cuentas personales de X (antes Twitter) y Facebook. Por otro lado, una publicación realizada por la presidenta Xiomara Castro al respecto cuenta ya con 22 mil impresiones; 14 mil de ellas son de "me divierte", demostrando la poco credibilidad que sostiene a la mandataria y su denuncia en contra del "bipartidismo". "He instruido a las Fuerzas Armadas a investigar de inmediato la participación de cualquier militar activo, y al canciller de la República a denunciar estos hechos ante la comunidad internacional, porque se trata de una amenaza directa contra la democracia hondureña", escribió Castro.
El origen de los audios agrava las dudas. Ochoa no ha detallado cómo los obtuvo, lo que López califica como "delito confeso" de intercepción ilegal de comunicaciones, violando la Ley de Intervención de las Comunicaciones que exige orden judicial previa. Analistas electorales, como el exmagistrado del TJE, Eduardo Maldonado, han cuestionado la cadena de custodia: "si no hay peritaje forense independiente, esto erosiona la credibilidad del MP más que la de la acusada".
Además, el fiscal Zelaya defendió su divulgación pública como "verídica", pese a que la pesquisa apenas inicia, omitiendo investigar posibles filtraciones o motivaciones políticas de Ochoa, quien, en marzo de esta año, había sido denunciado por traición a la Patria en un caso simétrico por el Movimiento Democrático Ciudadano.
Esta ofensiva contra López se enmarca en una dinámica más amplia de hostigamiento oficialista. Desde las primarias del 09 de marzo, la consejera ha denunciado presiones sistemáticas: allanamientos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el CNE por "decomiso de documentos", amenazas anónimas y campañas en medios afines al gobierno "socialista" que la retratan como "obstructora" y "golpista". En julio, circularon audios falsos clonados con IA donde supuestamente se quejaba de manejar sola el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), lo que López usó para alertar: "si manipulan voces, ¿qué no harían con servidores?".
Figuras de LIBRE, como la candidata presidencial Rixi Ramona Moncada, exministra de Defensa, han "exigido" su renuncia inmediata, argumentando que "nadie en una conspiración de tal magnitud tiene legitimidad electoral", mientras el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, la acusó de "traicionar al pueblo". El PNH y el Partido Liberal responden con respaldo total: Nasry Asfura advirtió que "si le jalan el gatillo, verán a un pueblo enardecido", y Salvador Nasralla respaldó a López y Ana Paola Hall (actual presidenta del CNE) como "garantía de equidad".
El pulso judicial se intensificó el jueves 30 de octubre, cuando López, acompañada de su abogado Dagoberto Aspra, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este mecanismo constitucional busca suspender cautelarmente las actuaciones del MP, alegando violaciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Aspra detalló que el escrito expone "lesiones al Estado de Derecho" por el uso de pruebas ilícitas y la parcialidad fiscal, solicitando agotar vías internas antes de escalar a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). López enfatizó: "la protección no es solo por mí, es por el proceso; estamos ante atropellos que convierten la democracia en un show". En paralelo, la consejera retó a Marlon Ochoa a un interrogatorio público con detector de mentiras y pruebas antidoping diarias hasta noviembre, "frente al pueblo hondureño, para ver quién miente sobre la veracidad de esos clips".
Asimismo, la crisis trasciende al ámbito castrense. El viernes 24 de octubre, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), general Roosevelt Hernández, solicitó al CNE copias de las actas de cierre presidencial de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), argumentando necesidad de "conteo final" en centros militares para "verificar transparencia". Esta petición, rechazada por consejeros como Ana Paola Hall, fue calificada de "extralimitación constitucional" por juristas: el artículo 272 de la Carta Magna limita a las FF.AA. a custodia y vigilancia de materiales, no a escrutinio.
Analistas como Julieta Castellanos criticaron el silencio de Castro al respecto de esa insólita petición militar: "si no desautoriza a Hernández, es porque avala esta injerencia". En respuesta, el jueves 30 de octubre, la presidenta —como Comandante en Jefe— ordenó que las FF.AA. pasen a "disposición total del CNE" para "aseguramiento de transmisión y resguardo de actas", una directriz que amplía su rol más allá de lo estipulado y que la diputada Merary Díaz (PNH) tildó de "golpe a las elecciones". Castro vinculó esto a los audios, instruyendo una pesquisa interna militar y denuncias internacionales por "amenaza a la democracia".
El Foro de Madrid, red conservadora auspiciada por Vox en España, se pronunció en marzo contra lo que llamó "subversión electoral" por Castro y su esposo, Manuel Zelaya, alertando sobre persecución a López —incluidas amenazas del general Hernández— y exigiendo vigilancia global para "frenar al Foro de São Paulo".
Esta maraña de eventos no solo polariza aún más el pleno del CNE —donde Hall y López han entregado peritajes previos sin declarar en citatorios fiscales—, sino que alimenta desconfianza ciudadana. Organizaciones como el Foro de Mujeres Políticas han documentado violencia de género contra las consejeras, con amenazas de muerte vía redes.
La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presente desde las primarias, urgió "elecciones en paz", mientras el COHEP (sector privado) dialoga con el CNE para mitigar riesgos. En un país marcado por fraudes históricos como el de 2017, esta saga subraya la fragilidad institucional: ¿pruebas o montajes? ¿Vigilancia o control? Con seis millones de electores llamados a urnas para elegir presidente, 128 diputados, 298 alcaldes y 20 diputados centroamericanos, el desenlace definirá si Honduras transita hacia alternancia o profundiza divisiones. López, en un gesto emotivo, compartió una carta de su hija: "vas a ser recordada por tu valentía". El reloj electoral corre, y la verdad, aún pendiente de peritajes independientes, pende de un hilo.
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