En un intento desesperado de la copresidencia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo por erradicar a la oposición política y a las voces críticas de su inepta y sanguinaria gestión, tras varios meses de extremar medidas despóticas, la justicia de Nicaragua -con el apoyo del aparato oficialista- ha despojado de la nacionalidad a un total de 317 nicaragüenses en seis días. Esa es la última novedad represiva, como si de organizaciones de sociedad civil se tratase. A las y los últimos 94 ciudadanos convertidos en apátridas se les declaró -en masa- culpables por "traición a la Patria". Todas y todos están inhabilitados "de por vida" para ejercer cargos públicos. Son periodistas, activistas, escritores, defensores de derechos humanos, directivos y editores de medios de comunicación, juristas, exdiputados, ambientalistas y hasta exmiembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Siete magistrados y magistradas de distintos penales, en un período de seis días -entre el jueves 09 y el miércoles 15 de febrero-, dieron voz y rostro a seis resoluciones distintas emitidas por el Poder Judicial de Nicaragua, que parecen ser la prueba piloto de la última medida tiránica adoptada por la administración Ortega-Murillo, basada en el destierro y la desnacionalización. En tres actos diferentes desde Managua, a los cuales solo tuvieron acceso los medios de comunicación oficialistas, la justicia sandinista despojó de la nacionalidad a un total de 317 nicaragüenses tras declararlos culpables por "traición a la Patria", sin acusaciones judiciales, las debidas notificaciones, audiencias, pruebas, testigos y defensa.
La decisión fue tomada en base a la reforma inconstitucional aprobada -en tiempo récord- al Artículo 21 de la Constitución Política el 09 de febrero en la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, y bajo la regulación de la Ley Nº 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, la cual fue puesta en práctica por la autoridad judicial horas antes de ser discutida o al menos presentada en el Poder Legislativo. Según cita la Iniciativa de Ley, entró "en vigencia a partir de la fecha de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito o digital, sin perjuicio de su publicación en La Gaceta - Diario Oficial".
Al primer grupo -de 222 nicaragüenses- se le excarcelado el 09 de febrero, tras varios años de tortura, aislamiento e indefensión. Fueron trasladados sin previo aviso hasta el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino en la capital, y mientras volaban hacia Washington -capital de Estados Unidos de América (EE.UU.)- se les fue arrebatada la nacionalidad. Según un análisis realizado por la Redacción de COYUNTURA, más de 100 de estas y estos civiles fueron declarados culpables desde el año 2018 por diversos delitos, entre ellos "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional", "propagación de noticias falsas" y "lavado de dinero, bienes y activos".
A esta agrupación, ante el involucramiento de la administración del presidente Joseph Biden, se le otorgó el "parole humanitaria" aprobado los primeros días de 2023 para cubanos, nicaragüenses y haitianos. Además, el Gobierno del Reino de España anunció que las 222 personas desplazadas a la capital estadounidense podrían beneficiarse de la nacionalidad de dicho país europeo, como un gesto humanitaria ante la falta de pertenencia a un Estado.
Horas después de la sentencia por "traición a la Patria" contra este primer grupo, el 10 de febrero fue declarado culpable por cuatro delitos diferentes el obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. También fue desnacionalizado y, según el juez y magistrado sandinista Octavio Rothschuh, estará en las celdas del régimen hasta el 13 de abril del año 2049, "sin perjuicio de que el computo pueda ser reformado, aún de oficio si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo tomen necesario".
El segundo grupo de 94 nicaragüenses a quienes se les arrebató la nacionalidad incluye a 12 periodistas que se encuentran en el exilio, además de activistas, escritores, la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el jurista Yader Morazán, la exdiputada sandinista Edipcia Dubón, ambientalistas, líderes campesinos, el exviceministro de Relaciones Exteriores Salvador Stadthagen Icaza, exmiembros del FSLN como los hermanos Belli, los hermanos Baltodano y el escritor Sergio Ramírez, entre otros notables ciudadanos, quienes durante los últimos años han representado voces de denuncia e investigación independiente ante las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
El equipo de COYUNTURA constató que al menos el 90 % del total de 317 nicaragüenses desnacionalizados se encuentra ya fuera del país. Por otro lado, gran parte del último grupo víctima de esta nueva etapa represiva se había exiliado desde el año 2018, y otros pocos desde antes. Según declaraciones de los magistrados sandinistas, estas y estos 317 ciudadanos no solo fueron privados de su nacionalidad nicaragüense; también están inhabilitados de forma "perpetua" para ejercer cargos públicos, y son tildados por el oficialismo y las instituciones estatales (entre ellas la Asamblea Legislativa y el Consejo Supremo Electoral) como "terroristas".
Como si fuera poco, en el caso de las últimas 94 personas, también se ordenó la confiscación de sus propiedades, se les declaró "prófugos de la justicia" y de igual forma se les acusa de "delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación".
Aberración jurídica
"Lo que a mí si me sorprende es ver la ridiculez a la que se someten muchos jueces y magistrados en Nicaragua, haciendo una simulación de proceso, creyendo que con el solo hecho de vestir una toga esas decisiones tienen algún tipo de apariencia de legalidad o tienen algún tipo de legitimidad. Ninguna de las dos cosas. Tanto ellos como yo hemos sido trabajadores del Poder Judicial y sabemos como se hacen las cosas. Sabemos que lo que están haciendo es totalmente arbitrario e ilegal, e incluso se siguen enredando en su propia telaraña y siguen construyendo su propio futuro, porque de esto tienen que dar cuenta algún día. Hemos visto que arbitrariamente han aplicado una Ley que no tiene ningún tipo de fundamento", dijo Morazán, jurista y exfuncionario, en una declaración compartida horas después de su desnacionalización por orden del órgano en el que laboró.
Desde antes de 2018, entre bodas masivas, convenios penales con naciones violadoras de derechos humanos y ceguera ante la modificación descarada de la Constitución Política de Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y todas las instituciones vinculadas al Poder Judicial han facilitado la profundización del régimen Ortega-Murillo y la aplicación de justicia parcial, con una cantidad incalculable de juicios y acusaciones insólitas, coercitivas y políticas, acompañadas de pruebas incongruentes y condenas inhumanas.
No obstante, este último movimiento jurídico representa la degeneración absoluta del sistema de justicia en Nicaragua. Ya no parecen necesarios los procesos jurídicos o la presunción de inocencia, y los jueces ahora tienen permitido abrir causas en masa.
"'Me acusan' junto a decenas de nicaragüenses en un documento de seis páginas, y en un día ya tengo hasta pena impuesta. Lo más gracioso es que las seis páginas se van en señalar: 1. Nombre del tribunal al que se dirige la acusación; 2. Acreditación del fiscal; 3. Nombre y generales de Ley de los acusados; 4. Nombre y generales de Ley del ofendido; 5. Solicitud de Trámite y fundamento de derecho; 6. Pie de firma. Lo anterior, sin señalar los hechos por el que se nos acusa", explica Morazán.
Al igual que él, gran parte de las y los nicaragüenses afectados por la medida denuncian los hechos como una "aberración". La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, la Red Centroamericana de Periodistas, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, entre otras organizaciones de la región y el mundo -incluyendo la Unión Europea-, consideran injustificables estas últimas acciones de la administración Ortega-Murillo. Algunas piden revertir el retiro de la nacionalidad.
Aberración constitucional
Estas condenas y el robo mismo del derecho a una nacionalidad para estas y estos 317 nicaragüenses significa también el arrebato de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución, a pesar de que no existe una justificación constitucional para ello.
Para comenzar, la Carta Magna establece la necesidad de dos legislaturas diferentes -en dos años consecutivos- para su reforma. Por esa razón, la modificación realizada al Artículo 21 carece de toda validez. Por otro lado, la Ley Nº 1145 sería la primera legislación que entra en vigencia sin ser publicada en La Gaceta - Diario Oficial, y una de tantas aprobada por el Poder Legislativo de Nicaragua sin una discusión parlamentaria.
Las 317 desnacionalizaciones, hasta ahora, también conflictúan -por decir menos- con el Artículo 20 de la Constitución, que establece que "ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad", e incluso señala que "la calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad".
Otra muestra de la aberración constitucional en esta situación es que el régimen de Nicaragua manipula el Artículo 21 para desnacionalizar a nicaragüenses nacidos en el territorio, cuando dicho acápite es en realidad el punto de partida para la regularización de nicaragüenses nacionalizados.
"Que no quede nadie"
Sobre las confiscaciones se sabe poco. Pero el objetivo de los Ortega-Murillo con estos movimientos es claro: erradicar a la oposición política y a las voces críticas de su inepta, inconstitucional, sanguinaria y absurda gestión, luego de instaurar el sistema de partido único en las 153 alcaldías de Nicaragua, y afianzar su relación con Rusia -a través de la energía nuclear con "fines pacíficos"- y con la República Islámica de Irán.
"Lo que buscan es que no quede nadie que moleste en Nicaragua. Quieren continuar con sus aberraciones y seguir en el poder. Incluso ya hay campaña para 2026", señala un analista a la Redacción de COYUNTURA bajo la condición de anonimato, repasando las imágenes de simpatizantes sandinistas el sábado 11 de febrero "celebrando" el destierro de sus compatriotas hacia Washington. "Ni ellos mismos logran entender la magnitud de esta locura. Porque expulsan y decapitan civilmente a su propia gente, y lo seguirán haciendo con quien quieran, y el país igual", señala.
La estrategia de la copresidencia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo también es contradictoria a tratados internacionales de los cuales Nicaragua es firmante. El Artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado"; el Artículo 11 señala que "toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad"; mientras el Artículo 15 establece que toda persona tiene "derecho a una nacionalidad" y que a nadie se le puede privar "arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho a cambiar de nacionalidad". Además, el Artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos subraya que "toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica".
"Nicaragua es lo que soy y todo lo que tengo, y que nunca voy a dejar de ser, ni dejar de tener, mi memoria y mis recuerdos, mi lengua y mi escritura, mi lucha por su libertad por la que he empeñado mi palabra. Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo", respondió el exvicepresidente de Ortega y escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, ante las nuevas acusaciones en su contra.
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