El líder del partido político provisionalmente cancelado Movimiento Semilla, junto a los líderes de dicho espacio, encara el momento más crudo de la persecución judicial que el Ministerio Público ha encabezado en su contra. "El objetivo de ese plan es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente, la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas del Congreso", dice el mandatario electo de Guatemala, Bernardo Arévalo.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Guatemala, una nación marcada por un proceso electoral tumultuosa y complejo -plagado de persecución y giros autoritarios-, se encuentra nuevamente en el epicentro de una crisis que amenaza con socavar su democracia incipiente. Bernardo Arévalo, el presidente electo del país, ha denunciado enérgicamente lo que él describe como un "golpe de Estado en curso" por parte de un grupo de políticos y funcionarios corruptos. La controversia se desata justo después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificara la victoria de Arévalo con el 60 % de los votos, pero paralelamente, el Registro de Ciudadanos cancelara la personería jurídica de su partido, Movimiento Semilla, debido a una investigación por supuestas firmas falsas para su consolidación. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y tensión en Guatemala, centrando la atención de la comunidad internacional, especialmente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que hoy viernes se reunió en Washington para evaluar la situación en el país centroamericano.
En una conferencia de prensa contundente, Bernardo Arévalo acusó este 01 de septiembre de 2023 a un grupo de políticos y funcionarios corruptos de orquestar un plan para socavar el orden constitucional y evitar su asunción como presidente de Guatemala el próximo 14 de enero de 2024. El presidente electo señaló específicamente a la fiscal general del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras, al jerarca de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y al juez séptimo Fredy Orellana, quienes están incluidos en el listado Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.), que señala a actores antidemocráticos y corruptos.
"El objetivo de ese plan es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente, la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas del Congreso", afirmó Arévalo. Sus declaraciones han desatado un debate intenso en el país sobre la integridad de las instituciones democráticas guatemaltecas y la independencia del sistema judicial.
"Debilitar a Arévalo es debilitar al pueblo de Guatemala", dijo el embajador de Uruguay en la OEA, Washington Abdala, este viernes.
La crisis política en Guatemala se intensificó cuando el Registro de Ciudadanos, un departamento del mismo tribunal electoral que ratificó la victoria de Arévalo tras la segunda vuelta electoral por la Presidencia, canceló la personería jurídica de su partido, Semilla. La cancelación se basó en una investigación de la Fiscalía que alega la utilización de firmas falsas para constituir el partido hace cuatro años. Como resultado de esta decisión, el Congreso de Guatemala, liderado por el oficialismo, desconoció al partido Movimiento Semilla y declaró a los cinco diputados actuales de su bancada como independientes.
Este conflicto interno entre las instituciones guatemaltecas ha generado una polarización aún mayor en la sociedad. Mientras que algunos ven en la cancelación de la personería jurídica una medida legítima contra la corrupción política, otros la interpretan como un intento de socavar la voluntad popular expresada en las urnas.
Ante la creciente crisis política, Bernardo Arévalo hizo un llamado a la sociedad civil, a los empresarios, al movimiento popular, a las iglesias, a las autoridades indígenas y al mundo académico a "unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular". Su llamado resuena en un país donde la participación ciudadana y la diversidad de opiniones son fundamentales para la consolidación de la democracia. Este sábado 02 de septiembre inician movilizaciones en Ciudad de Guatemala al respecto.
La denuncia de Bernardo Arévalo no ha pasado desapercibida en la comunidad internacional. En un momento crucial, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunió en Washington para evaluar la situación en Guatemala. La OEA ha expresado su preocupación por la crisis política y ha instado al diálogo y la resolución pacífica de las diferencias. Destaron la persecución judicial desde el MP.
En la mirada internacional
EE.UU., que históricamente ha tenido un interés significativo en la estabilidad política de Centroamérica, ha seguido de cerca los acontecimientos en Guatemala. La inclusión de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana en el listado Engel del Departamento de Estado es un claro indicativo de la preocupación por la situación en el país.
El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, reafirmó la condena que el Gobierno de Joseph Biden hizo respecto a las acciones del Ministerio Público contra el partido Semilla y exfuncionarios de justicia. "Están tratando de obstaculizar la posibilidad de gobernar a Bernardo Arévalo y es inaceptable en un Hemisferio donde valoramos la democracia", dijo el alto funcionario de EE.UU., durante una entrevista a la cadena televisiva NTN24.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, expresó su preocupación el 31 de agosto por la judicialización del proceso electoral en Guatemala. El órgano rechazó la suspensión del partido Movimiento Semilla y exhortó al Estado a respetar los resultados electorales y los derechos humanos.
La CIDH señaló que la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla parece haber sido ordenada sin cumplir con las causales y el proceso establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo que podría restringir arbitrariamente la libertad de asociación y los derechos políticos. La Comisión también expresó su preocupación por las acciones e injerencias indebidas en el proceso electoral y la falta de independencia del Ministerio Público.
Por otro lado, la Misión de Observación Electoral de la OEA elogió este viernes 01 de septiembre desde el Consejo Permanente la eficiencia del proceso electoral y destacó la certeza que brindaron los resultados preliminares. Sin embargo, también señaló los ataques al proceso electoral por parte de las autoridades de persecución penal y la negativa del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) a reconocer los resultados. La Misión advirtió sobre la extrema judicialización en Guatemala y destacó que el caso del Movimiento Semilla vulnera la voluntad popular.
El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, aseguró que el proceso de traspaso de poder será ordenado y criticó que la OEA convoque reuniones ante acontecimientos en el país. La sesión de la OEA fue acompañada por manifestaciones de guatemaltecos que pedían acciones en defensa de la democracia.
Durante la intervención de Abdala, embajador de Uruguay, el canciller guatemalteco lo interrumpió en desacuerdo con las expresiones sobre intimidación en el proceso electoral.
La denuncia de un "golpe de Estado en curso" realizada por el presidente electo Bernardo Arévalo ha desencadenado una crisis política de gran envergadura en Guatemala. La cancelación de la personería jurídica del partido Semilla y la desconexión de sus diputados del Congreso han acentuado la polarización en la sociedad guatemalteca. La respuesta internacional, encabezada por la OEA y Estados Unidos, refleja la preocupación por la estabilidad política en Centroamérica.
"Llegó el momento de prepararnos para defender a Guatemala en todos los espacios ante el golpe de Estado encabezado por Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana", escribió en X (antes Twitter) el diputado actual y reelecto para el próximo período, Samuel Pérez Álvarez, quien junto a Arévalo y otros tres legisladores de Movimiento Semilla fueron declarados independientes por el Congreso Nacional tras la cancelación de su partido político.
El futuro de la democracia guatemalteca pende de un hilo, y la resolución de esta crisis dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones y la sociedad civil para encontrar soluciones que respeten la voluntad popular expresada en las elecciones. La situación en Guatemala es un recordatorio de la fragilidad de la democracia en la región y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para evitar retrocesos en la consolidación de los valores democráticos.
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