Entre los casos recientes más destacados está el de María Margarita Cuadra Lacayo, de 80 años, hermana del general en retiro Joaquín Cuadra. También, la expresentadora de televisión Valeria Sánchez fue impedida de regresar desde Miami. Las personas que no pueden retornar son notificadas por aerolíneas o funcionarios públicos, sin una sola orden judicial hasta la fecha.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Las autoridades migratorias del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo han negado el ingreso a Nicaragua a poco más de 200 personas durante el mes de enero, según datos registrados por el equipo de COYUNTURA. El 87 % de ellas no pudo abordar un vuelo comercial a Managua desde Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) u otro país de Centroamérica.
Esta medida, que ha sido notificada a las y los connacionales a través de diversas aerolíneas -por correo electrónico o llamadas telefónicas-, y también de forma verbal en al menos dos puestos fronterizos (uno con Honduras y otro con Costa Rica), se ha convertido en una preocupante práctica sistemática, la cual es implementada desde el año 2018, utilizada principalmente contra opositores políticos, disidentes del oficialismo, periodistas (nacionales e incluso internacionales), y funcionarios de organizaciones bilaterales, con nacionalidad, permiso temporal o residencia.
Fuentes del sector de agencias de viaje y de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) han confirmado la cifra, aunque este dato podría ser mayor debido al temor de algunas aerolíneas, y las víctimas del evidente desplazamiento forzado, a compartir información.
Entre los casos confirmados por esta Redacción están al menos 30 empresarios y 10 periodistas o comunicadores; cinco religiosos también estarían en la lista, al igual que Maria Margarita Cuadra Lacayo, de 80 años de edad, hermana del general en retiro Joaquín Cuadra, quien ha sido vetada de ingresar al país a pesar de que viajaba regularmente por razones familiares. También las expresdentadoras de televisión Valeria Sánchez y C. L. fueron impedidas de regresar desde Miami y San Salvador, respectivamente.
Además, se han registrado casos en vuelos desde México, Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador.
"Hemos registrado la situación de tres nicaragüenses, solo el mes de enero de 2025, quienes tuvieron que quedarse varados 24 horas en la frontera con Honduras, porque la ley así lo establece para permitir otro ingreso al país tras haber salido. Se les negó el retorno a su Patria sin una orden judicial; una clara violación a sus derechos constitucionales. Desde 2018, el régimen Ortega-Murillo ha manejado listas de personas vetadas, y esa práctica se ha extendido a ciudadanos sin activismo social o político alguno. Personas que salen de su territorio por razones de salud, estudios o turismo, y la mayoría no puede costear su estadía en el país donde quedó literalmente parado", explicó Miriam R., defensora y abogada hondureña.
Fuentes internas de la DGME han confirmado que basta con una simple búsqueda en las redes sociales digitales o en Google para determinar si un pasajero puede ingresar al país. Así, el temor por salir también comienza a expandirse.
El confiscado medio 100 % Noticias informó que, según datos internos de aerolíneas como Avianca y Copa Airlines, al menos 15 personas al día reciben la notificación de que no pueden regresar a Nicaragua. Otras fuentes dentro de Migración indican un promedio de cinco casos diarios. En ese sentido, el destierro forzado ha sido una práctica que el orteguismo ha utilizado con mayor intensidad en los últimos años. Hasta noviembre de 2024 ya se habrían ejecutado hasta 7,000 prohibiciones de ingreso al territorio, contra nicaragüenses o personas de otras nacionalidades, según activistas.
La falta de un criterio claro sobre quiénes son vetados, y la carencia de ordenes judiciales que respalden esta decisión ya masiva, genera un clima de incertidumbre y temor. Aunque inicialmente las víctimas eran opositores declarados, ahora también incluye a ciudadanos sin afiliación política, lo que refuerza la idea de que el régimen busca un control total de la población mediante el miedo.
El destierro forzado ha dejado a miles de nicaragüenses en el exilio, enfrentando situaciones de precariedad e incertidumbre. Esto se agrava en países como Estados Unidos, Guatemala, España y Panamá, donde la política migratoria también es cada vez más estricta, cuando ya cerca de un millón de nicaragüenses están fuera de su hogar, 452 de ello desterrados, desnacionalizados y confiscados por el sandinismo.
Los testimonios recientes indican que muchos afectados solo fueron informados de su veto entre dos y 24 horas antes de abordar su vuelo, o en el puesto fronterizo terrestre, tras intentarlo cruzar en vehículos particulares o autobuses colectivos. En la mayoría de los casos, la notificación vino de la aerolínea, no de una autoridad migratoria, lo que indica la opacidad con la que se ejecuta esta política represiva, desde el Poder Ejecutivo. "Cualquier persona que el régimen considere sospechosa de no compartir la ideología sandinista puede ser vetada. No hay reglas ni criterios claros, solo la voluntad arbitraria de un gobierno que convierte la nacionalidad en un privilegio y no en un derecho", denunció Miguel Mora, propietario de 100 % Noticias.
El destierro de facto se ha convertido en una herramienta de represión del régimen de Ortega-Murillo, afectando no solo a opositores, sino a ciudadanos comunes, cada vez más. La incertidumbre y el temor dominan el panorama migratorio en Nicaragua, donde salir del país puede significar la pérdida definitiva del derecho a regresar a casa. Esta práctica, que viola derechos fundamentales, ha generado una nueva ola de exiliados forzosos, dejando a miles de nicaragüenses en una situación de desarraigo e incertidumbre.
Es imperativo subrayar que en noviembre de 2024, Nicaragua aprobó una reforma migratoria que legalizó la apatridia y que comenzó a castigar la evasión fronteriza. El cambio también tiene un impacto económico significativo. Las tasas por servicios migratorios han experimentado incrementos desproporcionados, como la multa de hasta mil dólares estadounidenses por evasión fronteriza o el aumento del costo por emisión de pasaportes tras pérdida, que pasó de 5.74 dólares a 100. Estos ajustes han generado ingresos millonarios para el régimen, que en 2023 recaudó más de 1,600 millones de córdobas en servicios relacionados con migración.
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