Fin de semana de pesadilla en Nicaragua. Al menos 15 opositores y exmilitares detenidos por el régimen

En Matagalpa, la redada incluyó a Aníbal Martín Rivas Reed, excapitán del Ejército y tío de la excarcelada política, desterrada y desnacionalizada Tamara Dávila. Rivas Reed fue capturado en un allanamiento policial en su vivienda, y su paradero sigue siendo desconocido.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política, derechos humanos y ciudadanía

Matagalpa, Nicaragua

Vista aérea de Matagalpa, en el norte de Nicaragua | Fotografía de COYUNTURA

Durante el fin de semana del sábado 17 y el domingo 18 de mayo de 2025, el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ejecutó una serie de redadas simultáneas en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, resultando en la detención arbitraria de al menos quince personas. Entre los arrestados figuran exmilitares, exalcaldes, exconcejales y líderes opositores locales. A pesar de la gravedad de la situación, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público (MP) han emitido declaraciones oficiales al respecto.

Las redadas se producen en medio de un contexto político, institucional y social marcado por la creciente criminalización de cualquier vestigio de disidencia en Nicaragua, el afianzamiento de un sistema paramilitar a nivel nacional —explotado gracias al estado policial de facto— y el estreno de la nueva Constitución, junto a un nuevo período de reformas legislativas sin discusión. Las fuentes consultadas por COYUNTURA indican que el régimen busca "desmantelar liderazgos territoriales" y suprimir cualquier "estructura política" que pudiera representar un desafío, especialmente en zonas rurales con históricas simpatías opositoras.

"La paranoia del sandinismo les lleva a dudar de exmilitares, de exfuncionarios y otros que evidentemente están cansados del sistema y su mensaje que busca que nos rindamos o liquidarnos, pero pierden su tiempo porque, aunque su salida será interna, desde el seno mismo, la ciudadanía no respalda confrontaciones armadas, aunque sí la desobediencia civil", comenta un sociólogo nicaragüense, consultado bajo anonimato.

La represión se centró esta vez en antiguos cuadros políticos del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), así como en exmilitares vinculados al general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, detenido el miércoles 14 de mayo de 2025. Las detenciones ocurrieron como siempre sin órdenes judiciales y en muchos casos bajo condiciones totalmente irregulares, sin que se informara a las familias sobre el paradero de los arrestados.

Entre los arrestados se encuentran varias figuras públicas locales, destacando los exalcaldes opositores Óscar Gadea Tinoco y Noel Moreno, quienes lideraron los municipios de Santa María de Pantasma y San Sebastián de Yalí, respectivamente. Ambos fueron electos en 2017 bajo la bandera de CxL, pero sus alcaldías fueron tomadas por la fuerza en julio del año 2022 cuando operadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con fuerzas policiales, despojaron a los funcionarios de sus cargos.

La lista de detenidos incluye también a otros exconcejales de CxL, como Lenín Cruz, Francisco Martínez, Agenor Úbeda, Hernán Herrera y Janeth Castilblanco. Víctor Fornos, exalcalde de Yalí por el PLC, también fue detenido, junto con su hijo Víctor Ramón Fornos y otros opositores locales como Sergio Peralta Rivera.

Por otro lado, en un giro que refleja el temor del régimen a antiguos aliados, fueron arrestados exmilitares que habían trabajado junto al exgeneral Baltodano. Entre ellos destacan Ronald Leiva Silva, alias "Paul", exteniente coronel del Ejército y exjefe de la Dirección de Información para la Defensa en Matagalpa durante el gobierno de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Junto a él fueron capturados Denis Chavarría Vidaurre, conductor de Leiva, y Aníbal Martín Rivas Reed, excapitán del Ejército y tío de la expresa política, desterrada y desnacionalizada Tamara Dávila Rivas, miembro de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS).

Hace casi un año, en julio de 2024, se dio la captura de Francisco Orlando Talavera Siles, general en retiro y hermano del académico y exfuncionario sandinista Telémaco Talavera. También ha causado preocupación entre sectores políticos, ya que refuerza la hipótesis de que el régimen busca neutralizar a antiguos cuadros militares considerados ahora como amenazas.

Asimismo, el viernes 13 de septiembre de 2024, Steadman Fagot Müller, de 71 años de edad, famoso exlíder de la Contra Revolución en Nicaragua, que fue designado como asesor presidencial para Políticas hacia los Pueblos Originarios, y uno de los pocos autorizados por la administración Ortega-Murillo para hacer rondines en los medios de comunicación oficialistas, hizo una transmisión en vivo —desde alguna esquina de la Costa Caribe— que desató una serie de preocupaciones y denuncias sobre la devastación medioambiental y la crisis humanitaria que afecta a las comunidades indígenas miskitas y mayagnas de Nicaragua. Horas después fue detenido por el Ejército y la Policía, controlada por el FSLN.

El caso de "la Joya"

Paralelamente a la ola de detenciones, el régimen intensificó la presión económica contra empresarios que alguna vez formaron parte del círculo cercano al Frente Sandinista. La fábrica de puros Joya de Nicaragua, propiedad de Alejandro Martínez Cuenca, fue embargada bajo la acusación de "adeudar más de 15 millones de pesos centroamericanos al Estado".

El embargo, autorizado por el Juzgado Quinto Distrito Civil Oral de Managua, incluye inmuebles en Estelí y cuentas bancarias en el Banco de Finanzas (BDF), el Banco de América Central (BAC) y Grupo LAFISE. La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) argumenta que la empresa incurrió en irregularidades vinculadas a mercancías sin declarar y uso indebido del régimen de zonas francas. Sin embargo, críticos apuntan que la medida responde más a una vendetta política que a una legítima auditoría fiscal.

Martínez Cuenca, un exfuncionario sandinista que intentó competir con Ortega por la candidatura presidencial del Frente Sandinista en 2001, ha estado en la mira de la administración orteguista desde hace años. Su silencio tras la intervención de su empresa sugiere el alto riesgo de represalias en caso de manifestarse públicamente, dicen opositores de la dictadura.

La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante este nuevo episodio represivo. CxL ha denunciado enérgicamente las detenciones, calificándolas de ilegales y arbitrarias. Carmela Rogers Amburn, presidenta del partido desde el exilio en Costa Rica, ha señalado que estas capturas son parte de una estrategia para eliminar cualquier liderazgo político en el norte del país, particularmente en territorios que antes tenían alcaldías opositoras.

Además, analistas consultados advierten que el régimen está empleando una estrategia de terror dirigida a desarticular redes de apoyo político y comunitario. Al criminalizar tanto a opositores históricos como a exaliados del sandinismo, Ortega y Murillo se consolidan más y más en regiones clave para el control territorial.

La coyuntura actual demuestra una clara intención de seguir imponiendo una hegemonía política única y totalitaria mediante el uso de la fuerza y la judicialización. Las recientes detenciones de figuras opositoras y antiguos militares sugieren que la Copresidencia teme posibles conspiraciones internas o movimientos de disidencia en las filas del sandinismo, o peor aún, en el Ejército. Mientras tanto, el silencio de siempre de las instituciones judiciales y la falta de transparencia en el manejo de estos casos confirman la degradación del Estado de derecho en el país centroamericano.

La ciudadanía nicaragüense vive bajo un estado de constante represión, donde cualquier expresión de oposición puede ser castigada con el encarcelamiento o la expropiación de bienes, e incluso la expulsión del territorio. En este contexto, la comunidad internacional sigue instando a la liberación de los presos políticos y al cese de la persecución, pero el régimen parece decidido a perpetuar su control a cualquier costo.

Hasta la fecha del informe más reciente disponible, correspondiente a marzo de 2025, Nicaragua registraba al menos 52 personas encarceladas por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Esta cifra incluye a 7 mujeres y 45 hombres, de los cuales 15 son adultos mayores. Además, 35 de estos detenidos han sido condenados, mientras que 17 permanecen sin sentencia. Preocupa especialmente que 13 personas se encuentran en condición de desaparición forzada, ya que las autoridades no informan sobre su paradero ni permiten visitas familiares, entre ellas hay dos periodistas independientes.

---

En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.

Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.

Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.