La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) expuso hallazgos que sugieren "sabotaje" en el manejo de las Elecciones Generales de 2023. Además, el Ministerio Público (MP) de Guatemala reveló las supuestas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la alteración de documentos para manipular los resultados. Se emitieron órdenes de aprehensión contra el director de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Salvador Santos Neil, y la directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Alejandra María Chiroy Castro. El MP subraya la supuesta falta de uniformidad en los formatos empleados y la introducción ilegal de datos al sistema, con indicios de complicidad de funcionarios del TSE.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y otras entidades del Ministerio Público (MP) de Guatemala han destapado, según declaraciones del oficialismo, un entramado de corrupción en relación con las Elecciones Generales de 2023. Durante una conferencia de prensa este viernes 08 de diciembre desde la capital, las autoridades del MP, encabezadas por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y el secretario general del órgano judicial, Ángel Pineda, revelaron los resultados de una "profunda investigación" que involucra a diversos entes científicos y técnicos.
"Esta es una investigación penal objetiva", dijo Pineda. "Es una falacia que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales o que se haya vulnerado la voluntad popular. Rechazamos todas esas narrativas falsas y maliciosas, que únicamente buscan confundir, desinformar, tergiversar los hechos y evitar que la investigación que se ha realizado presente los resultados. Es penoso que incluso algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, debiendo ser garantes de la pureza electoral, se han sumado a estas narrativas espurias y malintencionadas, pretendiendo confundir a la opinión pública. Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos, no nos sorprenden los ataques y las obstrucciones contra nuestros compañeros fiscales de parte de dicha autoridad electoral", explicó Pineda al inicio de la presentación, casi que refiriéndose, sin decirlo, a la carta emitida por la magistrada Irma Palencia, en la que la funcionaria electoral denunciaba este martes 05 de diciembre la posible anulación de los resultados electorales, luego de ser sometida a antejuicio desde el Poder Legislativo.
"Estos magistrados, de los cuales cuatro de ellos ya fueron desaforados por el Congreso de la República, dudaron de nuestro mandato legal, planteando una cuestión de competencia ante la Corte de Constitucionalidad", agregó el secretario general del MP.
La investigación presentada hoy se dividió en tres fases, siendo la primera de ellas una indagación sobre irregularidades en la constitución del partido Movimiento Semilla, ahora extinto por orden del juez Freddy Orellana. Leonor Morales, agente fiscal de la FECI, detalló que las pesquisas se iniciaron tras una denuncia relacionada con firmas recolectadas para la adhesión al comité pro formación del partido. Los análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) revelaron supuestas discrepancias significativas en las firmas recolectadas.
Además, se evidenció, según Curruchiche, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) omitió su deber de denunciar las irregularidades al MP, sugiriendo una práctica constante de actuación dolosa. La agente fiscal también señaló que el comité de Movimiento Semilla pagó por firmas recolectadas y que una de las responsables, Cinthia Alejandra Rojas Donis, declaró bajo juramento la veracidad de la información de los adherentes. La fiscal señaló múltiples ilegalidades, desde personas inexistentes en la afiliación hasta adhesiones repetidas, sumando un total de 8,121 irregularidades.
No obstante, el órgano judicial evita a toda costa dar declaraciones respecto a otras investigaciones por el mismo tipo de irregularidades en relación a otros cinco partidos políticos de Guatemala, entre ellos el oficialista VAMOS.
La gravedad de la situación se intensifica con una nueva solicitud de antejuicio contra el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, y el exsecretario de la organización, Samuel Andrés Pérez Álvarez, actual diputado del Congreso de la República, por su omisión y esquivación en denunciar las irregularidades, lo que podría implicar ilícitos penales como el uso de documento falsificado, omisión de denuncia y obstrucción de justicia.
Por otro lado, la segunda fase de la investigación, denominada "financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero", desvela un panorama más oscuro. Rafael Curruchiche anunció las solicitudes de antejuicio contra Arévalo y dos diputados de Movimiento Semilla en el Poder Legislativo por aportaciones recibidas durante la formación del partido, cuyo origen se desconoce.
Se revelaron al menos siete hallazgos relacionados con el manejo de las finanzas de Semilla, incluyendo gastos permanentes destinados a la campaña electoral. El informe financiero del TSE confirmó que los actuales diputados, Samuel Pérez y Ligia Hernández Gómez, eran los responsables de la organización política. Además, se descubrió una transacción sospechosa que llevó a una multa de 50 mil dólares impuesta por la Superintendencia de Bancos (SIB).
La solicitud de retiro de antejuicio contra Arévalo se fundamenta en la posible comisión de lavado de dinero al no esclarecer el origen y destino de al menos 44 mil dólares. La FECI buscará colaboración de agencias estadounidenses, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA), para rastrear la cantidad de fondos no respaldada.
La tercera fase, titulada "sabotaje en las Elecciones Generales 2023", añade un componente de manipulación electoral. Leonor Morales detalló que existieron irregularidades en el manejo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la alteración de documentos para cambiar los resultados. El MP ya no solo dice que el sistema TREP, que se usó en los comicios del 25 de junio y del 20 de agosto, fue adquirido de forma sobrevalorado. Ahora también dice que agentes "extranjeros", con la complicidad de funcionarios del TSE, manipularon el mecanismo de votación y por ende los resultados obtenidos en la primera y segunda vuelta presidencial, y en las elecciones generales de todos los niveles gubernamentales.
El director de Informática del TSE, Jorge Salvador Santos Neil, y la directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Alejandra María Chiroy Castro, enfrentan órdenes de aprehensión por abuso de autoridad y falsedad material con agravación electoral. Durante el allanamiento en el Parque de la Industria, encabezado por el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) el martes 12 de septiembre de este año, según las autoridades, se descubrió que el TSE incurrió en ilegalidades en el resguardo de las cajas electorales, incluyendo la ausencia del documento 4 que consigna los votos obtenidos por las y los candidatos.
"(Está comprometida) toda la información que fue consignada en el documento número 4, que es el acta final del cierre y escrutinio de todas las Juntas Receptoras de Voto, 24,869. ¿Qué certeza pueden tener los datos si no es un formato que fue autorizado por el Pleno?", dijo este viernes el fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche.
"Esta información será trasladada al Tribunal Supremo Electoral, y serán ellos los que tomarán la decisión correspondiente. Son hallazgos muy contundentes, pero más contundente aún es cuando varios trabajadores del TSE, con reserva de datos, indicaron que fue el auditor electoral quien citó a las Juntas Electorales Departamentales, les dio formatos en blanco, a efecto que volvieran a llenar esas actas para que cuadraran con el TREP", acusó Curruchiche.
La alteración de datos se llevó a cabo mediante acciones coordinadas con funcionarios del TSE, dice el MP, violando la transparencia y comprometiendo la voluntad del pueblo guatemalteco. La falta de respeto hacia las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la delegación indebida de funciones contribuyeron a la vulneración del proceso electoral, aseguró hoy el órgano judicial, que encabeza la fiscal general Consuelo Porras. Desde hace varias semanas, el movimiento indígena y la ciudadanía en general exige su renuncia por la "intromisión" judicial en el proceso de votación de 2023.
En respuesta a las acusaciones de la FECI, los magistrados del TSE ofrecieron una conferencia de prensa reafirmando la oficialización de los resultados y cuestionando la contradicción entre la confianza en las Juntas Electorales y la denuncia de alteración de datos. La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, destacó la imposibilidad de repetir las elecciones dadas las circunstancias y advirtió sobre un posible rompimiento constitucional si las autoridades electas, incluyendo al binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, no toman posesión de sus cargos.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó las acciones de la FECI, calificándolas como un intento de golpe de Estado y un quebrantamiento del Estado de Derecho. La OEA acusó a los fiscales de alterar el orden constitucional y violar los derechos humanos de la ciudadanía de Guatemala, rechazando cualquier intento de anular las elecciones generales.
El fiscal Rafael Curruchiche propuso en la rueda de prensa de este viernes la anulación de las elecciones de junio pasado, argumentando "anomalías en las actas" que, según él, invalidarían de pleno derecho el triunfo de Arévalo y Herrera de Movimiento Semilla. Estas declaraciones han desencadenado una serie de reacciones que van más allá de las fronteras del país centroamericano.
"No nos estamos refiriendo a que se afectó a un partido político o a un candidato. Fueron afectados todos los partidos, todos los candidatos de todas las elecciones. Es una investigación científica y será el TSE quien tome la decisión", afirmó el fiscal.
La propuesta del fiscal, fuertemente cuestionado por sus vínculos corruptos según señalamientos de los Estados Unidos de América (EE.UU.), ha sido condenada rápidamente por la Secretaría General de la OEA. Esta última, en un comunicado oficial, calificó la acción como un "intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala". La tensión se incrementa en medio de un panorama político ya convulsionado por meses de protestas ciudadanas y acusaciones de manipulación electoral.
Desde la victoria definitiva de Bernardo Arévalo en las elecciones del domingo 20 de agosto, la Fiscalía ha desplegado una serie de acciones judiciales para frenar su llegada al Poder Ejecutivo. Arévalo, por su parte, ha denunciado sistemáticamente un supuesto "golpe de Estado" por parte del Ministerio Público y de Porras. Este enfrentamiento legal ha generado una movilización constante de ciudadanos en las calles, exigiendo el respeto a los resultados electorales y la renuncia de la fiscal general y otros funcionarios judiciales.
La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, respondió rápidamente a las declaraciones de Curruchiche asegurando que "los resultados son inalterables" y que ya no hay tiempo para repetir ninguna elección. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) podría tener la última palabra, abriendo una puerta a la incertidumbre y la posibilidad de un rompimiento constitucional.
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