La controvertida acción, llevada a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), genera una fuerte disputa con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que consideró la operación ilegal.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En un hecho sin precedentes en la historia de las elecciones democráticas en Guatemala desde el año 1986, el Ministerio Público (MP) llevó a cabo este martes 12 de septiembre un allanamiento en el Parque de la Industria en Ciudad de Guatemala para abrir cajas electorales relacionadas con los comicios del pasado domingo 25 de junio de 2023. Esta controvertida acción fue ejecutada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), bajo la dirección del fiscal Rafael Curruchiche, con el apoyo de la también fiscal Cinthia Monterroso -quien dirigió la persecución política en contra del periodista y director del ahora extinto diario elPeriódico, José Rubén Zamora-, a pesar del rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que consideró la operación ilegal, en medio de varias indagaciones relacionadas con el partido político Movimiento Semilla y el órgano electoral mismo.
El allanamiento se llevó a cabo en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), ubicado dentro del Parque de la Industria, donde se resguardan cajas electorales y otros documentos de valor ciudadano, judicial y democrático. Además, se realizaron cateos en la sede del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE. La justificación dada por la FECI fue que respondía a una denuncia presentada por un ciudadano en relación con los resultados de la primera vuelta electoral del 25 de junio.
Sin embargo, el TSE afirmó públicamente que la apertura de las cajas electorales estaba fuera de su jurisdicción y competencia de la Fiscalía, y que solo el TSE y los órganos electorales tenían la autoridad legal para revisar los votos. A pesar de esta oposición, los fiscales del MP procedieron con la apertura de las cajas durante la mañana de este martes 12 de septiembre de 2023.
El partido político Movimiento Semilla, encabezado por el presidente electo Bernardo Arévalo, que fue el más afectado por este allanamiento, reaccionó con fuertes críticas. Samuel Pérez, diputado de este partido en el Congreso Nacional, calificó las acciones del MP como "golpistas" y acusó a las autoridades de estar tomando medidas desesperadas para socavar la democracia en Guatemala. Pérez también señaló que el allanamiento no tenía relación con la investigación de irregularidades en la constitución de su partido, sino que se trataba de un caso inventado.
El MP, por su parte, negó que existiera una vinculación directa con Movimiento Semilla y sus dirigentes, insistiendo en que se trataba de una verificación basada en una denuncia ciudadana distinta.
La orden de allanamiento fue emitida por el juez séptimo penal A, Fredy Orellana, quien, junto a Curruchiche y Monterroso, está sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.) al ser incluido en la Lista Engel de ciudadanos guatemaltecos considerados "actores corruptos y antidemocráticos". Esta misma autoridad judicial de Ciudad de Guatemala también ordenó el 12 de julio de 2023 la suspensión provisional de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, lo que llevó al RC a la cancelación de dicho partido político, derivando en el desconocimiento de Semilla como bancada en el Poder Legislativo y en la suspensión de la cancelación provisional hasta octubre de este año por orden de los magistrados del TSE.
La orden de Orellana permitió a la FECI ingresar a los inmuebles y secuestrar medios de almacenamiento de información, incluyendo computadoras y dispositivos electrónicos. El juez autorizó además la extracción de documentos relacionados con la investigación en curso, incluyendo, aparentemente, las cajas electorales.
Este allanamiento y la apertura de dichos baúles por parte del MP representan un acontecimiento sin precedentes en la historia democrática de Guatemala y Centroamérica. La disputa entre el MP y el TSE sobre la competencia para llevar a cabo esta operación resalta la falta de claridad y la interpretación discrecional de las leyes electorales guatemaltecas, y la necesidad misma de una exigencia masiva para que el órgano judicial detenga su acoso contra el Tribunal Electoral y Movimiento Semilla.
El partido de Arévalo y sus simpatizantes consideran estas acciones como un intento de socavar la democracia y obstaculizar, no solo su participación en el proceso electoral, sino también su asunción al Ejecutivo tras ganar con el 60 % de los votos válidos.
El pasado 25 de junio, Guatemala celebró elecciones generales en un proceso electoral que, desde el inicio, estuvo rodeado de tensiones y disputas políticas. Sin embargo, la situación se ha vuelto aún más tensa con el reciente allanamiento llevado a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Este allanamiento ha sido justificado por el fiscal Curruchiche como una respuesta a una denuncia presentada por un ciudadano en relación con supuestas irregularidades en los resultados de la primera vuelta electoral, luego de una jornada con alto abstencionismo pero sin irregularidades de trascendencia.
El fiscal Curruchiche señaló que la diligencia se lleva a cabo para verificar los extremos mencionados en la denuncia y que, desde la perspectiva de la FECI, una caja electoral es considerada como un indicio y no como una prueba definitiva. Afirmó que esta medida es parte de varias diligencias en investigación relacionadas con el proceso electoral y que su objetivo es "esclarecer" posibles inconsistencias en los resultados de las elecciones.
La orden de allanamiento, autorizada por el juez Orellana, tiene el número de referencia 01079-2023-00231. Esta misma referencia es la que figura en el caso de "Corrupción Semilla", lo que ha generado confusión y desconfianza en torno a las verdaderas motivaciones detrás del allanamiento.
La orden del juez Orellana permite a la FECI ingresar a los inmuebles, inspeccionar lo que encuentren adentro y secuestrar medios de almacenamiento de información, como computadoras y memorias USB, que consideren necesarios para la investigación. Además, se autorizó la extracción de documentos que puedan contener estos medios, bajo la discreción de las y los funcionarios del MP de Guatemala.
La situación actual plantea una serie de interrogantes sobre el futuro de la democracia en Guatemala y la independencia de las instituciones encargadas de garantizarla. El enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral podría tener repercusiones significativas en la estabilidad política y legal del país. Ya lo está teniendo incluso el conflicto entre la Fiscalía, a cargo de Consuelo Porras, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, se encuentra en el país centroamericano para "impulsar" la transición en el Ejecutivo.
La incertidumbre prevalece en torno a cuál será el desenlace de esta controversia legal y cómo impactará en el proceso electoral, todavía en curso. Las acusaciones de "golpismo" y las sanciones impuestas a algunos de los protagonistas de esta disputa han elevado la tensión en un momento crucial para la democracia guatemalteca.
Los próximos días serán decisivos para determinar si este allanamiento se convertirá en otro precedente que debilite las instituciones democráticas o si, por el contrario, se aclararán las dudas y se restaurará la confianza en el proceso electoral y en el MP, bajo el mando de Porras y Curruchiche. La sociedad guatemalteca y la comunidad internacional siguen de cerca estos acontecimientos en busca de respuestas claras y soluciones justas.
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala tendrá un papel crucial en la resolución de esta controversia, ya que varios amparos han sido presentados en contra del proceso hasta la fecha. La certeza y la legalidad de las elecciones futuras y la toma de posesión de Bernardo Arévalo podrían verse comprometidas si no se llega a una solución rápida, transparente y satisfactoria.
Este incidente arroja luz sobre las tensiones políticas y legales que persisten en Guatemala y plantea preguntas importantes sobre la integridad de su sistema democrático. La nación centroamericana se encuentra en un momento crucial en el que se espera que las instituciones y los actores políticos resuelvan esta situación de manera transparente y en línea con el Estado de Derecho.
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