La lucha antidrogas de Donald Trump se basa en intereses locales y contradicciones globales
- Jairo Videa
- 2 dic
- 6 Min. de lectura
Para los expertos, el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no es un accidente, sino un síntoma. Lo que el mandatario republicano presenta como una "guerra contra los narcoterroristas" es, para sus críticos y analistas consultados por COYUNTURA, una política improvisada, guiada por fidelidades ideológicas, agendas de poder y una narrativa interna que busca proyectar fortaleza militar más que combatir eficazmente el flujo de drogas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El lunes 01 de diciembre de 2025 quedará como una fecha de fuerte tensión entre la retórica y la práctica de la política antidrogas estadounidense. Ayer, el presidente republicano Donald Trump concedió —y en algunos comunicados ha firmado como "indulto total y completo"— un perdón a Juan Orlando Hernández (JOH), el exmandatario hondureño condenado en julio de 2024 por un tribunal federal de Nueva York a 45 años de prisión por conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) durante casi 10 años. La decisión provocó inmediato estupor entre exfuncionarios antidrogas, juristas y gobiernos regionales: se trata del primer caso en décadas en que un exjefe de Estado latinoamericano, probado ante tribunales de EE.UU., recibe una intervención presidencial que borra su condena.
El indulto no llegó en vacío: se produjo cuando la Casa Blanca elevaba a niveles sin precedentes su presión sobre Venezuela —incluida la designación pública de estructuras venezolanas como "narcoterroristas", el anuncio de operaciones militares en el Mar Caribe y una visible acumulación de medios navales en la región— y poco después de una campaña estadounidense de ataques a embarcaciones que, según recuentos públicos, deja ya decenas de muertos. La simultaneidad de ambas decisiones —perdonar a un expresidente condenado por narcotráfico y aumentar las operaciones letales contra presuntos transportistas marítimos en la región— desata entonces acusaciones de incoherencia y de instrumentalización política de la lucha antidrogas.
La Fiscalía estadounidense presentó el caso contra Hernández como el de un gobernante que, usando el aparato del Estado —Ejército, Policía y el sistema judicial— facilitó el tránsito masivo de cocaína desde Sudamérica hacia la costa atlántica con destino a Estados Unidos, además de beneficiarse con sobornos millonarios de grupos criminales, incluidos pagos directos de cárteles extranjeros para su campaña. Esos argumentos convencieron al jurado y condujeron a una condena que los fiscales calificaron de "necesaria" para criminales de alto nivel. La sentencia y la investigación se apoyaron en varios testigos colaboradores, interceptaciones y documentación que, según los fiscales y varios periodistas consultados por este medio, trazaban vínculos directos entre la Presidencia hondureña y las rutas del narcotráfico.
En su defensa pública, Trump sostuvo que Hernández fue víctima de una "trampa" y de una "persecución política" orquestada durante la administración del demócrata Joseph Biden, y argumentó que el veredicto fue resultado de una justicia sesgada y dependiente de testimonios de delincuentes.
La Casa Blanca, por su parte, enmarcó el indulto como una corrección a supuestos excesos procesales y como respuesta a pedidos de "amigos" y aliados políticos. Sin embargo, esas explicaciones no opacaron la sensación de contradicción entre la narrativa gubernamental —la del combate absoluto al tráfico ilícito— y un acto ejecutivo que borra la responsabilidad penal de un antiguo aliado, "de derecha".
Desde septiembre de 2025, la administración estadounidense amplió el empleo de fuerza letal en zonas marítimas del hemisferio. El gobierno del presidente Trump justificó las acciones como ataques contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas u operaban en coordinación con organizaciones criminales transnacionales. La Casa Blanca, congresistas republicanos y funcionarios de Defensa dijeron que estas operaciones forman parte de un esfuerzo renovado para "asegurar la frontera" y detener el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Pero esas operaciones fueron también objeto de duras críticas: exfuncionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA), académicos y oenegés señalaron "carencias" en la transparencia (no siempre se han publicado las pruebas que vinculen los blancos con envíos de droga), dudas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y sobre el destino final de civiles y pescadores que, según reportes independientes, podrían haber sido confundidos con narcotraficantes.
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