La lucha antidrogas de Donald Trump se basa en intereses locales y contradicciones globales
- Jairo Videa
- hace 8 horas
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Para los expertos, el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no es un accidente, sino un síntoma. Lo que el mandatario republicano presenta como una "guerra contra los narcoterroristas" es, para sus críticos y analistas consultados por COYUNTURA, una política improvisada, guiada por fidelidades ideológicas, agendas de poder y una narrativa interna que busca proyectar fortaleza militar más que combatir eficazmente el flujo de drogas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El lunes 01 de diciembre de 2025 quedará como una fecha de fuerte tensión entre la retórica y la práctica de la política antidrogas estadounidense. Ayer, el presidente republicano Donald Trump concedió —y en algunos comunicados ha firmado como "indulto total y completo"— un perdón a Juan Orlando Hernández (JOH), el exmandatario hondureño condenado en julio de 2024 por un tribunal federal de Nueva York a 45 años de prisión por conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) durante casi 10 años. La decisión provocó inmediato estupor entre exfuncionarios antidrogas, juristas y gobiernos regionales: se trata del primer caso en décadas en que un exjefe de Estado latinoamericano, probado ante tribunales de EE.UU., recibe una intervención presidencial que borra su condena.
El indulto no llegó en vacío: se produjo cuando la Casa Blanca elevaba a niveles sin precedentes su presión sobre Venezuela —incluida la designación pública de estructuras venezolanas como "narcoterroristas", el anuncio de operaciones militares en el Mar Caribe y una visible acumulación de medios navales en la región— y poco después de una campaña estadounidense de ataques a embarcaciones que, según recuentos públicos, deja ya decenas de muertos. La simultaneidad de ambas decisiones —perdonar a un expresidente condenado por narcotráfico y aumentar las operaciones letales contra presuntos transportistas marítimos en la región— desata entonces acusaciones de incoherencia y de instrumentalización política de la lucha antidrogas.
La Fiscalía estadounidense presentó el caso contra Hernández como el de un gobernante que, usando el aparato del Estado —Ejército, Policía y el sistema judicial— facilitó el tránsito masivo de cocaína desde Sudamérica hacia la costa atlántica con destino a Estados Unidos, además de beneficiarse con sobornos millonarios de grupos criminales, incluidos pagos directos de cárteles extranjeros para su campaña. Esos argumentos convencieron al jurado y condujeron a una condena que los fiscales calificaron de "necesaria" para criminales de alto nivel. La sentencia y la investigación se apoyaron en varios testigos colaboradores, interceptaciones y documentación que, según los fiscales y varios periodistas consultados por este medio, trazaban vínculos directos entre la Presidencia hondureña y las rutas del narcotráfico.
En su defensa pública, Trump sostuvo que Hernández fue víctima de una "trampa" y de una "persecución política" orquestada durante la administración del demócrata Joseph Biden, y argumentó que el veredicto fue resultado de una justicia sesgada y dependiente de testimonios de delincuentes.
La Casa Blanca, por su parte, enmarcó el indulto como una corrección a supuestos excesos procesales y como respuesta a pedidos de "amigos" y aliados políticos. Sin embargo, esas explicaciones no opacaron la sensación de contradicción entre la narrativa gubernamental —la del combate absoluto al tráfico ilícito— y un acto ejecutivo que borra la responsabilidad penal de un antiguo aliado, "de derecha".
Desde septiembre de 2025, la administración estadounidense amplió el empleo de fuerza letal en zonas marítimas del hemisferio. El gobierno del presidente Trump justificó las acciones como ataques contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas u operaban en coordinación con organizaciones criminales transnacionales. La Casa Blanca, congresistas republicanos y funcionarios de Defensa dijeron que estas operaciones forman parte de un esfuerzo renovado para "asegurar la frontera" y detener el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Pero esas operaciones fueron también objeto de duras críticas: exfuncionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA), académicos y oenegés señalaron "carencias" en la transparencia (no siempre se han publicado las pruebas que vinculen los blancos con envíos de droga), dudas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y sobre el destino final de civiles y pescadores que, según reportes independientes, podrían haber sido confundidos con narcotraficantes.
En ese sentido, reportes periodísticos y sumarios públicos contabilizaron decenas de muertos en ataques a embarcaciones desde septiembre, lo que alimentó preguntas sobre la base probatoria y la supervisión legal de estas acciones.
Para muchos analistas, comunicadores, activistas y políticos, el gesto presidencial expone lo que denominan una política antidrogas guiada por intereses geopolíticos y afinidades políticas más que por criterios exclusivamente judiciales o técnicos. Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, calificó la medida de "hipocresía", subrayando la diferencia de trato entre líderes adversarios a Washington (como el dictador chavista Nicolás Maduro) y aliados políticos o preferidos. Ioan Grillo y otros especialistas advirtieron que el indulto "debilita la coherencia" de una política que, en la práctica, parece "castigar" a actores con alineamientos no favorables a la Casa Blanca y proteger a los que sí lo son.
Daño a la narrativa y al control efectivo del tráfico
Ese doble rasero se aprecia en los gestos: por un lado, la administración ofrece recompensas millonarias y acusa públicamente a altos funcionarios venezolanos de integrar lo que denomina el "Cártel de los Soles" y, por otro, absuelve a un exmandatario centroamericano cuya condena —según la Fiscalía— describió la transformación de su país en una etapa clave de tránsito (y, en algunos testimonios, de producción) de cocaína hacia EE.UU. y más allá.
La lectura política (intereses energéticos, presiones electorales y alianzas partidarias en países de la región) aparece, para varios expertos, como un factor determinante detrás de decisiones que se presentan públicamente como meramente judiciales o de seguridad.
La respuesta en Washington y en la región fue inmediata y polarizada. Senadores y voces del establishment, como Tim Kaine, denunciaron que el indulto socava la credibilidad de las campañas contra las drogas y dejó preguntas sobre la verdadera finalidad de la presencia militar en el Mar Caribe. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la comunidad internacional exigen todavía mayor claridad sobre la evidencia que justifica las operaciones marítimas letales y sobre las razones para un perdón tan categórico.
En Honduras, la decisión tuvo efectos políticos palpables: el indulto llegó en medio de un proceso electoral competitivo y extremadamente polarizado, inclinando así la balanza a favor del Partido Nacional (PNH), cuyo presidenciable fue respaldado por Trump. "Es amigo de la libertad", dijo Donald sobre Nasry Asfura.
El impacto más tangible, a corto y medio plazo, es erosionar la credibilidad de EE.UU. como actor avalador de procesos judiciales contra el crimen transnacional. Si Washington premia o perdona según conveniencias políticas, se reduce la capacidad del país para reclamar cooperación anticrimen con la misma legitimidad moral y técnica con que venía actuando (o, al menos, lo declaraba). La cooperación judicial internacional, la entrega de testigos colaboradores y la disposición de gobiernos a compartir inteligencia dependen en gran medida de la percepción de imparcialidad de quien pide colaboración. El mensaje enviado por este indulto podría enfriar esa cooperación o alterar la disposición de testigos a colaborar si perciben instrumentalización política.
Por otro lado, lo que revela el episodio no es únicamente una incoherencia táctica —atacar embarcaciones y al mismo tiempo perdonar a un condenado— sino una tensión estructural entre varias lógicas: la de la seguridad nacional entendida como protección de fronteras; la del derecho penal internacional y la cooperación judicial; y la de la geopolítica, donde intereses estratégicos (desde recursos energéticos hasta apoyos electorales y alianzas partidarias) condicionan la toma de decisiones.
Cuando esas lógicas colisionan, la respuesta del poder tiende a priorizar lo que asegura ventajas inmediatas en el tablero geopolítico. En este caso, la decisión beneficia políticamente a fracciones y aliados derechistas, al tiempo que complica la narrativa técnica de una "guerra contra las drogas" coherente y basada en evidencia.
El indulto a Juan Orlando Hernández constituye, más que un acto jurídico aislado, un punto de inflexión simbólico en América continental: pone en cuestión la consistencia de la política estadounidense contra las redes del narcotráfico en el hemisferio. Al mismo tiempo que se multiplican las operaciones militares y las agresiones verbales contra líderes y estructuras de ciertos países, Washington administra excepciones que levantan dudas sobre los criterios reales de persecución. El resultado probable es doble: una pérdida de autoridad moral en foros y procesos internacionales y una mayor dificultad para sostener una coalición regional y multilateral eficaz contra las redes del crimen organizado, justo cuando la región, por flujo de drogas y debilidad institucional en varios países, más necesita cooperación técnica y judicial sólida y no gestos contradictorios.
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