El chavista señaló que el cambio tiene como objetivo principal "definir el perfil de la sociedad que queremos desde el punto de vista cultural e institucional", así como establecer las bases de una Venezuela con "economía autosustentable, diversificada y no dependiente".
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Caracas, Venezuela

El dictador chavista Nicolás Maduro anunció el miércoles 15 de enero de 2025 la creación de una comisión destinada a reformar la Constitución de 1999, un paso que justifica como una oportunidad para "ampliar la democracia" y "construir un nuevo Estado", en palabras del oficialismo. El anuncio tuvo lugar en el marco de la rendición de cuentas de su administración ante el Parlamento, solo cinco días después de haber iniciado un tercer período presidencial consecutivo tras una reelección ampliamente cuestionada tanto dentro como fuera del país.
La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), la Unión Europea (UE), Canadá y varias naciones latinoamericanas, entre ellas Guatemala, El Salvador y Costa Rica, ha desconocido los resultados de las elecciones presidenciales. La oposición venezolana sostiene que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia gracias al 80 % de las actas digitalizadas y publicadas en internet. Sin embargo, Maduro ha avanzado con una agenda que parece buscar consolidar su control sobre el poder mientras enfrenta una creciente deslegitimación.
En su discurso, Maduro señaló que la reforma constitucional tiene como objetivo principal "definir el perfil de la sociedad que queremos desde el punto de vista cultural e institucional", así como establecer las bases de una "economía autosustentable, diversificada y no dependiente". Aunque evitó proporcionar detalles específicos sobre los cambios propuestos, afirmó que el proceso será sometido a un referéndum nacional en una fecha por definir este año.
La comisión encargada de liderar esta iniciativa estará presidida por Tarek William Saab, actual fiscal general del Ministerio Público y figura clave del chavismo, quien participó en la redacción de la Constitución de 1999. Entre los miembros también se encuentran la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la primera dama Cilia Flores y el abogado Hermánn Escarrá, un antiguo crítico del chavismo que en los últimos años se ha convertido en uno de sus principales aliados.
Maduro también convocó a la conformación de "comités de consulta constituyente" para involucrar a diversos sectores del país, incluyendo a los migrantes venezolanos. Sin embargo, la credibilidad de este proceso está en entredicho debido al histórico uso de mecanismos similares para consolidar el poder del chavismo.
El chavismo tiene un historial de recurrir a la modificación constitucional como estrategia para mantener el control político. En 1999, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, se aprobó la actual Constitución mediante referéndum, estableciendo un marco jurídico que consolidó su proyecto político. Sin embargo, en 2007, un intento de reforma constitucional impulsado por Chávez fue rechazado en las urnas, marcando una de las pocas derrotas electorales del chavismo. Este proyecto buscaba, entre otras cosas, instaurar un "Estado comunal" y permitir la reelección indefinida.
Posteriormente, en 2009, Chávez logró aprobar una enmienda que permitió la reelección ilimitada de todos los cargos de elección popular, una medida que cimentó su permanencia en el poder hasta su fallecimiento en 2013.
En 2017, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en medio de una ola de protestas y críticas internacionales. Aunque se presentó como un instrumento para redactar una nueva Constitución, la ANC terminó asumiendo las funciones del Parlamento, que en ese momento estaba controlado por la oposición, y no produjo cambios constitucionales significativos antes de ser disuelta en 2020.
La "nicaragüización" de Venezuela
Expertos y analistas han advertido que la nueva iniciativa de reforma constitucional podría acelerar lo que algunos denominan la "nicaragüización" de Venezuela, en referencia al proceso de concentración de poder y la fuerza, y la erosión de las libertades democráticas observado en Nicaragua bajo la dictadura del sandinista Daniel Ortega y su esposa y ahora copresidenta Rosario Murillo, con una nueva Constitución diseñada a la medida de la familia centroamericana que entró en vigencia este mes de enero de 2025, y 16 reformas aprobadas por el Legislativo -controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- en 16 meses consecutivos. En este contexto, las recientes leyes aprobadas por el régimen de Maduro han sido señaladas como pasos hacia un modelo autoritario que limita todavía más los derechos de expresión, asociación y participación política y libertad económica.
La figura de Tarek William Saab es emblemática en este proceso. Desde su nombramiento como fiscal general en 2017, ha sido un actor clave en la persecución de críticos del chavismo. En el periodo postelectoral, más de 2,000 opositores fueron detenidos, aunque 1,400 de ellos fueron liberados recientemente, en lo que algunos interpretan como un intento de desescalar la tensión política.
La oposición venezolana y la comunidad internacional han expresado escepticismo y rechazo hacia el anuncio de la reforma constitucional. Organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han reiterado la necesidad de restaurar el orden democrático en Venezuela y han pedido elecciones libres y justas. Mientras tanto, Maduro enfrenta un momento crítico. Aunque mantiene el respaldo de las fuerzas armadas y de un pequeño grupo de aliados internacionales como Honduras, Nicaragua, Cuba, Rusia, China e Irán, su liderazgo y legitimidad está profundamente cuestionado tanto dentro como fuera del país suramericano. El desafío de González Urrutia, quien promete regresar a Caracas con el apoyo de EE.UU., añade una capa más de incertidumbre a un panorama ya volátil y multifactorial.
En este contexto, la promesa de "ampliar la democracia" a través de una reforma constitucional parece estar más enfocada en reforzar el control del chavismo que en abrir espacios para un verdadero pluralismo político. La historia reciente sugiere que este tipo de iniciativas han sido utilizadas como herramientas para concentrar el poder en lugar de redistribuirlo. Lo que está en juego, por tanto, no es solo el futuro de una Constitución, sino el destino de una nación que sigue buscando una salida a su profunda crisis política, económica, de seguridad, institucional y social, con un final cada vez más lejano.
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