"Ningún lugar parece seguro" porque el régimen sandinista de Ortega y Murillo intensifica su persecución transnacional
- Redacción Central
- 1 jul
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Esta línea de represión también ha sido abordada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que en febrero de este año advirtió que las tácticas de la monarquía de Managua —incluyendo amenazas, espionaje, vigilancia a familiares, presión financiera y la revocación de pasaportes— estaban escalando hacia formas más letales. El asesinato del exmilitar Roberto Samcam en San José, según los expertos, forma parte de ese patrón.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La ejecución a sangre fría del exmilitar y analista político nicaragüense Roberto Samcam, ocurrida el jueves 19 de junio de 2025 en la capital costarricense, ha encendido las alarmas de organismos internacionales, activistas de derechos humanos y especialistas en justicia penal. Más allá del horror del crimen, la brutalidad del hecho ha expuesto de manera cruda la expansión transfronteriza del aparato represivo del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, cuyas estrategias de silenciamiento ya no se limitan a Nicaragua, sino que alcanzan con violencia a quienes huyeron del país buscando libertad y protección.
La advertencia, sin embargo, no es nueva. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) venían alertando desde hace meses sobre la intensificación del acoso, la criminalización, la tortura y la persecución de opositores dentro y fuera del territorio nicaragüense. Con el asesinato de Samcam, el régimen parece haber cruzado, otra vez, una línea peligrosa e irreversible: llevar sus represalias más allá de sus fronteras a través de prácticas que podrían constituir crímenes de Estado cometidos en territorio extranjero.
Durante la presentación de un informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado viernes 27 de junio, la directora de Operaciones Globales de OACNUDH, Maarit Kohonen, ofreció un panorama sombrío: la dictadura nicaragüense no solo persigue, encarcela y desaparece a sus críticos en el país, sino que ha consolidado un patrón sistemático de represalias contra quienes se encuentran en el exilio.
"El hostigamiento ha trascendido las fronteras de Nicaragua. Los nicaragüenses en el exilio enfrentan un alto riesgo a su vida e integridad física", afirmó Kohonen. Solo en 2025, la OACNUDH ha documentado 29 casos de nacionales a quienes se les negó arbitrariamente el ingreso a su propio país, en muchos casos con consecuencias devastadoras para la reunificación familiar. Además, otras personas han sido privadas de servicios consulares, afectando su acceso a la educación, movilidad, o incluso dejándolas en condición de apatridia.
Esta política de exclusión se complementa con leyes nacionales regresivas que reducen los márgenes de participación democrática, restringen la libertad de prensa y criminalizan el activismo social y político. Desde marzo, se ha registrado la cancelación de más de 30 organizaciones no gubernamentales, sumando ya un total de 5,540 desde el año 2018, lo que constituye el desmantelamiento casi total del espacio cívico.
La situación de la prensa independiente tampoco mejora. Con al menos 220 periodistas exiliados, los pocos que continúan dentro del país enfrentan censura, vigilancia permanente, detenciones arbitrarias y en algunos casos desapariciones forzadas. El caso del periodista Leo Cárcamo, desaparecido desde su detención en noviembre de 2024, permanece sin resolución y con graves indicios de que su paradero es desconocido incluso para sus familiares. El Estado tampoco ha dado declaraciones sobre Fabiola Tercero, otra comunicadora de la que se desconoce su paradero.
En ese sentido, el asesinato de Roberto Samcam no es un hecho aislado. Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, fue un crítico tenaz del régimen Ortega-Murillo desde el inicio de su segundo ciclo autoritario en 2007. Exiliado en Costa Rica desde 2018, denunció sistemáticamente la represión, la corrupción y el uso del aparato militar-policial como instrumento de control político. Por esa labor, fue despojado arbitrariamente de su nacionalidad en 2023, junto con más de 450 opositores. Más tarde recibió la ciudadanía española.
El jueves 19 de junio de 2025, un hombre armado ingresó a su domicilio en San José y le disparó ocho veces. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el asesino actuó con precisión quirúrgica y huyó sin dejar rastros visibles. La escena sugiere planificación profesional, con una logística propia de redes de inteligencia o crimen organizado.
La reacción de organismos internacionales fue inmediata. El Grupo de Expertos sobre Nicaragua condenó el asesinato, expresó profunda preocupación por la seguridad de nicaragüenses exiliados y recordó que las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) "no terminan en la frontera del país". Su presidenta, Ariela Peralta, no descartó que el asesinato de Samcam pueda ser parte del patrón represivo del régimen. "Las tácticas del gobierno incluyen amenazas, vigilancia, privación de pasaportes y nacionalidad, y ahora, asesinatos", señaló.
Costa Rica: refugio inseguro
A pesar de su histórica tradición como país receptor de refugiados, Costa Rica atraviesa una grave crisis de seguridad. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes ha escalado a 16.6 —el doble del promedio mundial— debido, en gran parte, a la expansión del crimen organizado y a la ausencia de políticas preventivas. La administración del presidente Rodrigo Chaves ha sido duramente criticada por su inacción ante el deterioro de la seguridad ciudadana.
Francisco Dall'Anese Ruiz, exfiscal general y excomisionado de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), considera que el asesinato de Samcam representa una falla grave del Estado costarricense. "Ha fallado la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Costa Rica ha dejado de ser un país seguro", sentenció en entrevista con el programa Esta Semana. A su juicio, la impunidad solo puede evitarse con una investigación rigurosa que logre individualizar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Pero si los responsables ya cruzaron la frontera hacia Nicaragua, advierte Dall'Anese, la extradición es improbable. "Si se pidiera la extradición y fuera denegada, y ellos fueran juzgados en Nicaragua, nada nos garantiza una justicia transparente", lamentó. En caso de que se pruebe que el crimen fue ordenado desde Managua, Costa Rica podría acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no tendría competencia para juzgar a otro Estado dentro de su sistema judicial penal.
El asesinato de Samcam no es el primero, ni el único. En 2021 y 2024, el opositor Joao Maldonado sobrevivió a dos atentados en Costa Rica. En 2022, el también disidente Rodolfo Rojas Cordero fue hallado muerto en Honduras. El patrón de ataques en contra de figuras críticas al sistema sandinista en el exilio está bien documentado y en crecimiento. "Estos crímenes representan una escalada en el alcance y la gravedad de la represión transnacional", declaró Reed Brody, otro experto del Grupo de la ONU.
Brody y Peralta han solicitado a los Estados que acogen a nicaragüenses exiliados —Costa Rica, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), España, Honduras, Guatemala y Panamá, entre otros— que fortalezcan sus mecanismos de protección y de cooperación judicial, para evitar que el largo brazo del régimen continúe ejecutando a sus críticos más allá de sus fronteras.
La viuda de Samcam está representada por los abogados Federico Campos (Costa Rica) y Almudena Bernabeu (España), y se prevé que ambos países abran investigaciones paralelas, al menos en la fase preliminar. Sin embargo, como establece el principio del non bis in ídem, solo un juicio penal podrá llevarse a cabo. La posibilidad de emitir órdenes de captura internacionales queda abierta, sobre todo si se identifica a autores que intenten salir de Nicaragua.
Asimismo, mientras una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa costarricense exige una investigación profunda y plantea que este crimen vulnera la soberanía nacional, la Presidencia de la República ha guardado completo silencio a dos semanas de los trágicos hechos. Para Dall'Anese, esta actitud es peligrosa. "Si fue un crimen de Estado perpetrado en suelo costarricense, hay una afectación directa a la soberanía. El silencio del Ejecutivo no conviene ni al pueblo de Costa Rica, ni al pueblo de Nicaragua", afirmó.
Costa Rica enfrenta así un dilema complejo: salvaguardar su tradición de asilo frente a una nueva era de represión sin fronteras, donde la protección no puede limitarse a trámites migratorios o discursos humanitarios. El asesinato de Samcam obliga a repensar las garantías de seguridad para miles de exiliados y, al mismo tiempo, a exigir justicia efectiva ante un acto que —de confirmarse su motivación política— equivaldría a un crimen de Estado ejecutado en el corazón de un país democrático.
A la fecha, OACNUDH contabiliza 54 personas presas por motivos políticos, 13 posibles desapariciones forzadas, y graves condiciones de detención, incluyendo torturas y falta de atención médica. La represión es sostenida, meticulosa y cada vez más sofisticada.
El asesinato de Samcam se inscribe en esta línea: una señal inequívoca de que los brazos del autoritarismo se extienden, incluso en contextos de aparente refugio. Como dijo el experto Reed Brody: "ningún lugar en el mundo parece ser seguro para los nicaragüenses que se oponen al Gobierno de Ortega y Murillo".
El silencio de los Estados receptores podría costar más vidas. El exilio, que alguna vez fue sinónimo de esperanza, empieza a parecerse peligrosamente a un limbo sin garantías.
Mientras las investigaciones continúan y las sospechas crecen, una pregunta resuena con fuerza desde San José hasta Ginebra: ¿cuántos más deberán caer para que el mundo actúe?
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