Roosevelt Hernández y el pulso entre las Fuerzas Armadas de Honduras, la política, la ideología y la libertad de prensa

En diciembre de 2024, Hernández se involucró públicamente en asuntos legislativos al respaldar el polémico proyecto de Ley de Justicia Tributaria, acción que profundizó la percepción de politización dentro de la institución castrense. Estas conductas anticiparon los conflictos que surgirían durante las elecciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025.

Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio

Política, seguridad y ciudadanía

Tegucigalpa, Honduras

El general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en una imagen de archivo | Fotografía de Proceso Digital

El jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), general Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, gran amigo del jefe sandinista del Ejército de Nicaragua, Julio César "el Chele" Avilés y de Vladimir Padrino López, ministro chavista del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, colecciona en menos de dos años de mando una sucesión de incidentes que han tensado la institucionalidad, fracturado al interior de la cúpula castrense y convertido a los medios de comunicación en blancos recurrentes de una ofensiva oficial, remarcada en cada aparición del camuflado, rodeado de un aparato de seguridad impresionante y deliberadamente escandaloso.

Las controversias, que se intensificaron tras las elecciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025, abarcan desde maniobras internas para cambiar informes, pasando por purgas y relegamientos de altos oficiales, hasta campañas de descrédito contra periodistas y empresas editoriales. Incluso ataques verbales contra las autoridades electorales, con los ecos de su respaldo a un oficialismo cada vez más mordaz y sin frenos o contrapesos.

Las primarias del 09 de marzo de 2025

Las primeras señales de crisis surgieron con el colapso logístico observado en las primarias del domingo 09 de marzo. El reparto de las maletas electorales —que constitucionalmente custodian las FF.AA.— quedó entorpecido y hasta paralizado en numerosos Centros de Votación (CV) en Tegucigalpa y San Pedro Sula; material electoral fue hallado varado en la vía pública y la distribución demoró hasta 24 horas. "Aquí nos dijeron que nos parqueáramos", explicó entonces un militar hondureño al equipo de COYUNTURA. El Poder Ejecutivo se lavó las manos.

Ante el desorden, Hernández deslindó responsabilidades y atribuyó la culpa al Consejo Nacional Electoral (CNE). En un comunicado, las Fuerzas Armadas sostuvieron que "el abandono del material electoral por parte de los custodios en las instalaciones del INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional) no es responsabilidad de las FF.AA." y apuntaron al CNE como responsable de la asignación y distribución del material durante la jornada, aunque fueron los militares quienes con fusil en mano protagonizaron las escenas en directo de los camiones huyendo de las autoridades electorales.

Semanas después, reportes publicados por La Prensa y El Heraldo —y denuncias públicas de la consejera nacionalista Cossette López-Osorio— afirmaron que Hernández había ordenado la modificación de informes internos que señalaban la responsabilidad de mandos militares en el caos electoral, por el cambio de rutas y las directrices de "parar" la distribución. Según esas fuentes, los documentos originales, que implicaban a un general, dos coroneles y dos subtenientes, fueron alterados para descargar la responsabilidad exclusivamente sobre el CNE, incluyendo observaciones adicionales sobre retrasos de impresión y cambios de transporte.

Cossette López denunció públicamente, mediante una publicación en X (antes Twitter) el 19 de marzo, que Hernández se reunió con un expresidente y una candidata —según las versiones, Manuel Zelaya y Rixi Ramona Moncada— y acordaron sustituir los informes existentes por nuevas versiones que exoneraban a determinados mandos. López y los medios que publicaron estas versiones sostienen que los cambios se realizaron antes de que los informes llegaran al Ministerio Público (MP), que controla el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

El choque entre la cúpula militar y el órgano electoral escaló el 21 de marzo, durante una reunión programada entre el pleno del CNE y las FF.AA. en la capital hondureña. Testimonios consignan que, tras la llegada de militares al salón, la entonces consejera presidenta López pidió a Hernández que se retirara; denunció haber recibido agresiones verbales y suspendió la sesión al sentirse insegura. Hernández negó con gritos y acusaciones, públicamente, toda agresión y exigió la retractación de la publicación en X. "¡Qué elimine ese X!", dijo entonces frente a casi dos docenas de cámaras y micrófonos. Días después, la institución publicó comunicados y desplegó una estrategia comunicacional de réplica, utilizando recursos estatales, para atacar al CNE y a sus representantes.

Un Ejército del lado oficialista

En julio, frente a amenazas de "boicot" durante la adjudicación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la consejera López solicitó el resguardo de las instalaciones del CNE por parte de las FF.AA.; Hernández rechazó la petición, señalando que esa responsabilidad correspondía a la Policía Nacional, pese a que la institución militar reafirmó su "disposición" a garantizar "la soberanía y el proceso electoral". El miércoles 29 de octubre de 2025, las Fuerzas Armadas hondureñas formalizaron una petición al CNE para "acceder" a copias de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las elecciones presidenciales del próximo domingo 30 de noviembre, un requerimiento que el órgano electoral y juristas consideraron incompatible con la Constitución y la Ley Electoral, en particular con el artículo 272 de la Carta Magna —citada repetidamente por las fuentes— y las reglas sobre transmisión simultánea de resultados previstas en la ley.

Ana Paola Hall, quien asumió la presidencia del CNE en septiembre, respondió recordando que las FF.AA. están a disposición del CNE y advirtió que cualquier interferencia constituiría una violación a la autonomía y a la neutralidad del órgano electoral.

Pero Roosevelt Hernández se hace el desentendido. Repite y repite, cual loro "izquierdista", el discurso de la extrema izquierda, siempre obediente a la presidenta Xiomara Castro y a su círculo más cercano, quienes desde ya gritan "fraude" porque se consideran las "víctimas" de un plan para "robarles" el "triunfo presidencial".

¿Deseas ampliar la información?

Suscríbete a coyuntura.co para seguir leyendo esta entrada exclusiva.

Suscríbete ahora