Condenado por "traición a la Patria" otro exmilitar en Nicaragua. Aníbal Rivas Reed y más represión sandinista
- Redacción Central
- 2 jul
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Conocido como "el Chele", pertenece a una familia marcada por el activismo y la resistencia. Es hermano de Sadie y Bony Rivas, y tío de la expresa política, desterrada y desnacionalizada Tamara Dávila Rivas, una de las figuras más emblemáticas del encarcelamiento masivo de opositores desde el inicio de la crisis múltiple en 2018. Su relación con figuras públicas de la disidencia lo colocó en la mira del régimen, que ha extendido su persecución más allá de las personas directamente involucradas en política, alcanzando también a sus entornos familiares.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El sábado 17 de mayo de 2025, agentes policiales del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo irrumpieron en la vivienda del exmilitar Aníbal Martín Rivas Reed, de 61 años, en Matagalpa, Nicaragua. Desde entonces, su familia no supo nada de él durante 42 días. Se convirtió en un nuevo desaparecido político, en una larga lista de opositores y críticos a la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que han sido arbitrariamente detenidos, silenciados y criminalizados por ejercer su derecho a disentir. Lo que vendría después sería una condena de 50 años de cárcel por el supuesto delito de "traición a la Patria", en un proceso plagado de irregularidades, secretismo, violencia estatal e inhumanidad.
La hija del exmilitar, Sadie Rivas, hoy en el exilio, fue la encargada de hacer pública la noticia mediante un comunicado difundido en su cuenta de X (antes Twitter). Denunció con firmeza el carácter arbitrario del juicio, el cual se realizó sin transparencia ni garantías mínimas de defensa. Hasta el momento de la condena, la familia no había sido informada formalmente de los cargos que se le imputaban ni del estado procesal del caso. "Hemos sido informados de que fue procesado en un juicio arbitrario y condenado a 50 años de prisión, sin que hasta la fecha tengamos información clara sobre los cargos imputados ni las garantías mínimas del debido proceso", declaró Sadie Rivas. Añadió que esta sentencia no solo constituye un acto de venganza política, sino también una afrenta directa a la justicia y los derechos humanos.
Durante más de seis semanas, el paradero de Aníbal Rivas fue un misterio. Ni familiares ni abogados pudieron acceder a información sobre su ubicación, estado de salud o siquiera confirmar su detención. Solo después de emitida la sentencia, se permitió una visita familiar que confirmó lo que muchos temían: el exmilitar había estado en completo aislamiento, recluido en una celda cerrada, sin acceso a la luz solar y sin contacto humano.
La desaparición forzada, práctica sistemática del régimen nicaragüense contra disidentes, fue confirmada en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el martes 24 de junio de 2025 otorgó medidas cautelares a favor de Rivas Reed por considerar que se encuentra en "una situación de gravedad y urgencia", con riesgo de sufrir "daño irreparable" a su vida e integridad personal.
La familia pudo constatar que, en términos generales, que el exmiembro del Ejército se encuentra estable, no ha perdido peso significativamente y recibe medicamentos. Sin embargo, su hija alertó que solo se le están administrando medicamentos básicos, insuficientes para su condición médica, y que aunque un médico lo visita, no recibe tratamientos especializados.
La celda donde permanece recluido está completamente cerrada, lo que le impide hablar con otras personas o recibir la luz solar. Esta forma de aislamiento prolongado, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, constituye una forma de tortura. "Su aspecto pálido refleja claramente la privación prolongada del uso solar", apuntó Sadie, al tiempo que exigió el cese inmediato de estas condiciones inhumanas. "Como familia, demandamos su liberación inmediata e incondicional, así como la de todas las personas presas políticas de Nicaragua", concluyó el comunicado.
Aníbal Rivas Reed no es un opositor cualquiera. Además de haber sido militar del Ejército de Nicaragua, es hermano de Bony Rivas y de Sadie Rivas, y tío de Tamara Dávila Rivas, expresa política, activista feminista y opositora, actualmente desterrada y desnacionalizada. Su vínculo familiar con figuras disidentes y su pasado en las filas militares lo convirtieron en un blanco vulnerable en la lógica del régimen Ortega-Murillo, que en los últimos años ha perseguido con saña a exfuncionarios que han roto con la línea oficial.
La redada del 17 de mayo, en la que fue capturado Rivas Reed, incluyó también la detención del general retirado Álvaro Baltodano Cantarero, quien fue condenado a 20 años de prisión por la misma figura penal: "traición a la Patria". Esa categoría ha sido instrumentalizada de forma recurrente por el Estado nicaragüense para encarcelar a opositores, activistas, periodistas, sacerdotes, estudiantes y hasta excandidatos presidenciales.
En su resolución, la CIDH subrayó la opacidad del proceso judicial, el aislamiento y las condiciones de detención a las que está sometido Rivas Reed. Expresó que no hay constancia de que haya sido presentado ante una autoridad judicial competente ni de que tenga acceso a defensa legal adecuada. Tampoco se sabe si existe un expediente formal, ni en qué penal se encuentra recluido oficialmente, ni qué medidas ha tomado el Estado para garantizar su integridad.
Por ello, el organismo hemisférico exigió al Estado de Nicaragua:
Determinar el paradero y situación jurídica del beneficiario;
Proteger sus derechos a la vida e integridad personal;
Aclarar si se encuentra bajo custodia del Estado y si ha sido acusado formalmente;
Explicar las condiciones de su detención y su acceso a atención médica, defensa legal y visitas familiares.
Hasta el momento, el Estado nicaragüense no ha dado respuesta alguna. Ni el Ministerio Público ni los medios oficialistas han brindado información al respecto.
El caso de Aníbal Rivas se inscribe en un patrón sostenido desde 2018, cuando estallaron masivas protestas contra la monarquía y esta respondió con una violenta represión que dejó más de 350 muertos, miles de heridos, más de 200 presos políticos y más de 800,000 exiliados, según cifras de organismos internacionales.
Desde entonces, el FSLN ha criminalizado toda forma de disidencia bajo la etiqueta de "traición a la Patria". La narrativa oficial sostiene que cualquier crítica al poder, ahora radicado en una Copresidencia inédita en América continental, cualquier reunión cívica, protesta pacífica o expresión de oposición es un acto de "conspiración financiada por potencias extranjeras", incluso en el exilio.
A la par, ha utilizado el aparato judicial como herramienta represiva, eliminando cualquier margen de independencia. Jueces, fiscales y policías actúan en concierto como brazo ejecutor de una política de aniquilamiento de la oposición, la crítica, la visión independiente y la sociedad civil, en una Nicaragua convertida en un Estado policial, sin prensa libre ni contrapesos institucionales.
Más allá del castigo físico, el caso de Rivas Reed evidencia también una política de destrucción emocional y simbólica. El aislamiento total no solo busca quebrar al detenido, sino también a su familia, sus redes, su entorno. La humillación se extiende al destierro de sus parientes, como en el caso de Tamara Dávila, y al sufrimiento prolongado de quienes esperan respuestas que nunca llegan.
Lo ocurrido con este exmilitar representa otro hito de la crueldad institucionalizada en Nicaragua, donde el régimen no distingue edad, trayectoria, ni historial de servicio. Todo aquel que se aparta del discurso oficial es tratado como enemigo de Estado.
El silencio y la falta de respuesta del Estado nicaragüense ante la resolución de la CIDH agravan aún más la situación. El caso de Aníbal Rivas Reed no solo exige atención centroamericana e internacional, sino también acciones concretas. Organismos multilaterales, gobiernos democráticos, cuerpos diplomáticos y entidades de derechos humanos deben redoblar la presión para obtener la liberación inmediata de todas las personas presas políticas.
Mientras tanto, la familia de Rivas Reed, excapitán del Ejército nicaragüense, sigue exigiendo justicia desde el exilio, enfrentando no solo el dolor del encierro arbitrario, sino también la impunidad rampante, la indiferencia de quienes podrían alzar la voz y no lo hacen, y la persecución transnacional.
En Nicaragua, bajo el régimen de Ortega y Murillo, no hay justicia. Solo sentencias dictadas por el miedo, ejecutadas con saña y envueltas en el silencio de una nación rehén.
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