Ironía digital desde el Congreso Legislativo. Luis Redondo advierte sobre "influencias tecnológicas" mientras su equipo deja presuntas huellas de IA en su propio manifiesto
- Redacción Central

- 4 ago
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El directorio del parlamento, otra vez sin una discusión previa del pleno, advierte con la voz del oficialismo que "grupos económicos son capaces de poner millones a disposición" para manipular elecciones mediante tecnologías digitales, un riesgo agravado en el país centroamericano por fondos del narcotráfico que han debilitado la democracia en comicios como los de 2013, 2017 y hasta 2021, subrayando así la necesidad de legislar y reforzar la supervisión humana, como defiende hasta ahora la consejera presidenta Cossette López al priorizar la verificación manual en la transmisión de resultados electorales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras

En un contexto global donde las democracias enfrentan presiones crecientes de actores económicos y criminales que aprovechan herramientas digitales para moldear opiniones y resultados electorales, el Congreso Legislativo de Honduras emitió hoy, lunes 04 de agosto de 2025 —de forma desordenada y en varias partes—, un pronunciamiento que resalta estos riesgos. Sin embargo, el documento revela por sí solo una contradicción flagrante: evidencia que fue elaborado con asistencia de Inteligencia Artificial (IA), específicamente a través de una solicitud explícita a un modelo como ChatGPT, según una anotación interna no eliminada que dice: "recientemente en el proceso de apelación del narcotraficante... [Desarrollar tema si da tiempo]". Esa omisión, que también puede ser una anotación humana que olvidaron sencillamente suprimir, subraya el peligro de la manipulación ideológica desde el curul más "representativo", y la vulnerabilidad inherente a la dependencia tecnológica sin supervisión adecuada, un tema que el mismo texto parlamentario aborda al alertar sobre el amaño en redes sociales digitales y la necesidad de legislación para contrarrestar tales influencias.
El manifiesto —atribuido según fuentes consultadas por COYUNTURA al presidente del Congreso, Luis Rolando Redondo Guijarro, y difundido a través de canales oficiales como X (anteriormente Twitter) y Facebook, como parte de una alocución del diputado oficialista en el Congreso Panamericano en México—, aborda la erosión democrática en el mundo y en Honduras específicamente. Destaca cómo conglomerados financieros invierten sumas "millonarias" en campañas promocionales que pueden inclinar balanzas electorales, a menudo respaldadas por avances tecnológicos. En el caso hondureño, enfatiza un factor adicional: el financiamiento proveniente del tráfico de drogas, que ha permeado instituciones estatales durante décadas, incluso en la administración actual de la mandataria Xiomara Castro, cuyo cuñado, el exlegislador oficialista Carlos Zelaya, todavía no es investigado por el Poder Judicial a pesar de existir un "narcovideo" en su contra.
Honduras ha lidiado con un legado de inestabilidad electoral y corrupción sistémica. El documento recuerda las elecciones de 2013 y 2017, marcadas por acusaciones de fraude masivo orquestado por el crimen organizado. Durante el proceso de apelación del expresidente Juan Orlando Hernández en junio de 2025, fiscales estadounidenses en Nueva York reafirmaron estas irregularidades, detallando cómo se manipularon actas y resultados para favorecer a Hernández y al Partido Nacional (PNH). Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en 2022 y sentenciado a 45 años en 2024 por tráfico y uso de drogas y armas, protegió a carteles que introdujeron toneladas de cocaína al mercado norteamericano, según la acusación enmendada. Su apelación incluyó solicitudes de extensiones por parte del gobierno estadounidense para presentar argumentos más detallados, confirmando fraudes que involucraron sobornos y alteraciones en el sistema de transmisión de votos.
En ese sentido, la victoria de Xiomara Castro en 2021, como la primera mujer en asumir la Presidencia, simbolizó un punto de inflexión hacia la restauración del orden jurídico y la lucha contra la impunidad. No obstante, el pronunciamiento legislativo para iniciar la semana señala obstáculos persistentes: sectores tradicionales del poder político que resisten reformas, perpetuando confrontaciones que impiden "avances" desde la perspectiva única del gobierno. Entre los logros mencionados por el equipo de Redondo se encuentra la abolición de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), vistas como enclaves que erosionaban la "soberanía nacional" al permitir regímenes jurídicos independientes favorecidos por inversionistas extranjeros.
En cambio, Próspera Inc. amenazó en mayo de 2025 al medio de comunicación independiente hondureño Criterio.hn por informar sobre la inconstitucionalidad de las ZEDE, y reafirmó su narrativa pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitido el viernes 20 de septiembre de 2024.
La corrupción permanece arraigada, con el sistema judicial y el Ministerio Público (MP) bajo asedio constante, y con el control del oficialismo sobre la narrativa y la lupa de la Fiscalía. El texto advierte sobre la polarización social y política, agravada por "operaciones de desinformación en medios digitales", que socavan el diálogo y la cohesión necesaria para reformas electorales, aunque omite por completo la guerra digital que encabeza el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) con recursos estatales en contra de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, alimentando la violencia machista y el discurso del consejero Marlon Ochoa. En este marco, Luis Redondo insta a una "colaboración multilateral" para defender principios como la verdad, la equidad y el respeto humano, sin dar señales concretas desde su puesto, que usa con mucha autoridad en espacios internacionales y localmente.
Un eje central del comunicado es la dimisión de Ana Paola Hall, consejera secretaría del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentada el miércoles 16 de julio de 2025. Hall citó presiones políticas intensas, amenazas a su integridad personal y familiar, y un clima interno deteriorado en el CNE, particularmente en torno a la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Este mecanismo, crucial para la transparencia en comicios, ha sido foco de disputas sobre verificación de actas.
El Congreso, sin dialogar al respecto con todas las bancadas, rechazó procesar la renuncia como válida, interpretándola como una "denuncia formal" que requiere escrutinio, a un órgano independiente. En lugar de tramitarla en el pleno, la remitió al Ministerio Público para indagar las alegaciones de "coacción" y creó una "Comisión Especial Investigadora" para examinar —solo con dos mujeres miembros— el entorno del CNE hasta la fecha, posponiendo cualquier sustitución. El jueves 31 de julio, la secretaria del Congreso, Luz Angélica Smith, entregó la documentación al fiscal general Johel Zelaya, enfatizando la "protección de la voluntad popular".
Analistas como Edmundo Orellana, exfiscal general, criticaron esta decisión, argumentando que Redondo excedió sus atribuciones al no someter el asunto al pleno legislativo completo. Germán Lobo, exconsejero del CNE, calificó la acción como un "mandado de conserje", afirmando que solo una mayoría de 86 diputados puede aprobar tales renuncias, o desestimarlas. Esta controversia ha escalado tensiones, con allanamientos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) al CNE el miércoles 30 de julio, secuestrando documentos y citando a los tres consejeros, Ana Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, como "testigos" por una investigación de alta gravedad.
Cossette López y la imperiosa verificación humana
La consejera presidenta del CNE, Cossette López, ha emergido como figura clave en debates sobre integridad electoral. El martes 08 de julio de 2025, defendió frente al Legislativo la necesidad de revisión manual en actas con inconsistencias, declarando: "la Ley Electoral no dice cómo es la verificación, entonces es humana, lo tecnológico es secundario". Esta postura se alineó con la de Hall en discusiones sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), donde insistieron en protocolos que prioricen la intervención humana para evitar manipulaciones digitales.
López convocó sesiones para resolver estancamientos en el TREP, cuya licitación debe adjudicarse cuatro meses antes de las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre, plazo que venció el martes 30 de julio. Sus intervenciones en el Congreso han ejemplificado esta exigencia: durante la audiencia sin sentido convocada por Redondo, se requirió confirmación manual de un voto en el pleno, ilustrando cómo incluso en entornos legislativos, la tecnología sola no basta para garantizar precisión y legitimidad. El ojo humano y ciudadano debe estar siempre observando.
Por otro lado, el comunicado denuncia publicaciones "incesantes e injerencistas" de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, acusándola de alinearse con facciones hondureñas ligadas al narcotráfico, incluyendo aliados de Hernández. Salazar, republicana de Florida, ha intensificado sus críticas en 2025. En junio, introdujo el proyecto de ley bipartidista "Proteger la Democracia Hondureña Act" junto a Joaquín Castro, buscando sanciones contra funcionarios de LIBRE por presunta corrupción y erosión democrática.
El miércoles 30 de julio, Salazar acusó al coordinador de LIBRE, el exmandatario hondureño y actual asesor presidencial de Castro, Manuel Zelaya, de usar la ATIC para intimidar al CNE y manipular elecciones, comparándolo con líderes como Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pidió a la administración de Donald Trump enviar advertencias contra "amantes de dictadores" en Honduras, advirtiendo que el país centroamericano podría caer en "socialismo autoritario". Estas declaraciones han polarizado opiniones: partidarios de LIBRE las ven como injerencia "imperialista", mientras opositores las usan para amplificar denuncias internas.
El Foro de Madrid y observadores internacionales como el Instituto Nacional Demócrata (NDI) han expresado preocupaciones similares. El NDI desplegará una misión preelectoral del lunes 04 al viernes 08 de agosto de 2025 para evaluar preparativos y desafíos, reuniéndose con actores clave.
Aunque se reconocen avances en el fortalecimiento del CNE y el TJE, persisten amenazas a consejeros y debilidades institucionales. Asimismo, el comunicado de Luis Redondo propone mecanismos para "bloquear" candidaturas de individuos vinculados al narcotráfico, desmantelando el "narcoestado" heredado.
En agosto de 2025, el cronograma electoral enfrenta hitos críticos: depuración del censo, contratación de sistemas como el TREP y asignación de roles partidarios. Expertos advierten que más estancamientos podrían minar más la confianza ciudadana, exacerbados por desinformación digital, incluyendo citas falsas atribuidas a candidatos en redes sociales digitales, o comunicados manipulados con la narrativa más conveniente.
Eventos clave | Fechas | Detalles relevantes |
Renuncia de Ana Paola Hall | 16 de julio de 2025 | Citó presiones y amenazas; remitida al MP. |
Allanamiento al CNE por ATIC | 30 de julio de 2025 | Secuestro de documentos; citatorios a consejeros. |
Plazo para adjudicación del TREP | 30 de julio de 2025 | Vencido sin acuerdo, generando incertidumbre. |
Misión NDI preelectoral | 4-8 de agosto de 2025 | Evaluación de preparativos electorales. |
Elecciones generales | 30 de noviembre de 2025 | En riesgo por disputas institucionales. |
Esta coyuntura decisiva exige compromiso cívico, marcos legales sólidos y cooperación regional para evitar retrocesos a ciclos de autoritarismo y corrupción que han marcado la historia reciente de Honduras. El uso inadvertido de IA en el comunicado no solo expone fallos en procesos oficiales, sino que refuerza la urgencia de equilibrar innovación tecnológica con escrutinio humano riguroso.
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