El órgano electoral de Guatemala busca protección constitucional contra ocho funcionarios públicos en medio de una amenaza a la alternabilidad del poder y el proceso de votación popular. La denuncia, que incluye a figuras de alto rango, genera preocupación, entre expertos y ciudadanos, quienes temen por la integridad del sistema democrático del país centroamericano. Ahora, la Corte de Constitucionalidad deberá decidir sobre la solicitud de máxima protección presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el inicio de otro fin de semana de presiones judiciales, allanamientos y protestas ciudadanas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala ha interpuesto, la madrugada de este viernes 21 de julio de 2023, un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) denunciando a ocho funcionarios públicos por "la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho". Esta denuncia encabeza otro fin de semana intenso y decisivo en el país centroamericano, aumentando la preocupación entre expertos y ciudadanos por el posible impacto en el proceso electoral y en el principio de alternabilidad del poder, ámbitos en los que el Ejecutivo quiere intervenir a través del Ministerio Público (MP).
Los funcionarios denunciados en el amparo son figuras de alto rango dentro del Gobierno y de instituciones clave del Estado guatemalteco.
Entre ellos se encuentran David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación; Henry Yovani Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional; Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ); María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del MP; Wuelmer Ubener Gómez González, procurador general de la Nación; Edwin Manfredo Ardiano López, director general de la Policía Nacional Civil (PNC); José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos; y Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas.
El amparo presentado por el TSE explica que su objetivo es proteger el ejercicio de sus funciones, así como las de los Órganos Electorales Temporales y la ciudadanía en general, durante todo el proceso electoral, garantizando un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y las organizaciones políticas.
También se menciona que los denunciados deben abstenerse de emitir decisiones y órdenes que se opongan a lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023, que declaró la validez de la elección presidencial y vicepresidencial realizada el 25 de junio pasado, dando paso a la segunda vuelta por el Ejecutivo el domingo 20 de agosto.
Dentro del amparo, el TSE enumera los derechos constitucionales que considera amenazados por la posible persecución judicial que están enfrentando. Estos derechos incluyen el deber del Estado de garantizar la libertad, justicia, seguridad, certeza jurídica y paz; el derecho a elegir y ser electo; el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República; el principio de legalidad y sujeción al imperio de la ley en la función pública; y el régimen político-electoral del Estado de Guatemala.
El caso adquiere mayor complejidad al incluir como terceros interesados al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, y a los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla. La situación se agrava por la presión para cancelar la personalidad jurídica de este segundo, en medio de la carrera hacia la segunda vuelta presidencial, a pesar de que en reiteradas ocasiones el TSE ha explicado que no se puede proceder a dicha revocación.
Expertos y catedráticos guatemaltecos consultados por la Redacción de COYUNTURA coinciden en que esta situación representa una clara amenaza a la alternabilidad del poder en Guatemala y pone en riesgo la integridad del proceso electoral en curso. La denuncia del TSE ha abierto aún más el debate sobre la independencia de las instituciones y la posibilidad palpable de que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei está interfiriendo en el proceso electoral.
Ante este panorama, el TSE insta a la Corte de Constitucionalidad y a la ciudadanía en general a brindarles la máxima protección constitucional, con el objetivo de asegurar la transparencia y la integridad del proceso electoral, así como la preservación de los principios democráticos en el país.
El amparo presentado por el Tribunal Supremo Electoral se encuentra ahora en manos de la Corte de Constitucionalidad, quien deberá analizar la situación y tomar una decisión sobre la protección solicitada. Mientras tanto, la sociedad guatemalteca -que durante las últimas dos semanas se ha tomado las calles capitalinas para exigir democracia y denunciar la corrupción- espera con expectación el desenlace de esta situación, que ya tiene un impacto significativo en el futuro político inmediato del país.
Condena enérgica para el "acoso y hostigamiento"
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) expresó su preocupación por la coyuntura actual en el proceso electoral de Guatemala en un comunicado emitido el 20 de julio. Condenaron enérgicamente el acoso y hostigamiento al TSE y al Movimiento Semilla por parte de la FECI. Esto se reflejó en órdenes de captura contra la subdirectora de Registro de Ciudadanos y una militante del movimiento.
La MOE-UE considera que estas acciones, junto con los allanamientos de las oficinas del TSE realizados por la FECI, son inapropiadas en un Estado democrático y de Derecho, ya que buscan socavar la voluntad popular expresada en las elecciones de junio. En el caso del Movimiento Semilla, creen que atentan contra los derechos de participación política que el Estado guatemalteco debe proteger, especialmente en periodo electoral.
Resaltan la importancia de la independencia del TSE como máxima autoridad electoral, consagrada en la ley, y piden que puedan ejercer sus funciones sin intimidaciones de ninguna institución pública cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de las leyes de Guatemala.
El pasado 13 de julio, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil allanaron el Registro de Ciudadanos del TSE. Además, ayer, jueves 20 de julio, encabezaron otro allanamiento, a las oficinas de Recursos Humanos del RC, y confirmaron una orden de captura contra la subdirectora, Eleonora Noemí Castillo Pinzón. Aunque Castillo goza de inmunidad debido a su puesto actual como directora en funciones, las autoridades la buscan y su expediente laboral fue secuestrado por la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, recientemente sancionado por actos corruptos y antidemocráticos a través de la estadounidense "Lista Engel".
Durante los últimos 10 días, al menos 15 organizaciones locales, regionales y bilaterales se pronunciaron al respecto de la persecución jurídica que el TSE vive desde el MP. Entre ellas, la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la iglesia católica y varias entidades electorales.
Los sucesos recientes, de allanamientos, persecución y judicialización contra el TSE y el Registro de Ciudadanos, al igual que el ataque que sufre el partido político Semilla -segundo más votado en la primera vuelta presidencial- son una muestra "clara e inequívoca" de que la alternabilidad del poder esta en peligro, al igual que el proceso electoral en el que el país centroamericano esta inmerso, señalan abogados y catedráticos guatemaltecos consultados por la Redacción de COYUNTURA.
Al menos dos juristas también piden más incidencia, en redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos, junto a más comunicados de la comunidad local, internacional y del cuerpo de observación, con iniciativas de la sociedad civil. "Que se sepa que la población está del lado de un proceso democrático", señalan.
Al cierre de este texto, el TSE divulgó un comunicado en el que "condena las acciones desproporcionales, intimidatorias y con exceso de fuerza con que han actuado las diferentes autoridades". Además, a las 10:26 a.m. de este viernes 21 de julio de 2023, se confirma que la sede del partido político Movimiento Semilla está siendo allanada por el MP, bajo la dirección de varios fiscales. Buscan secuestrar documentación en relación al caso e investigación del pago de siete quetzales por firma para la fundación de dicha entidad partidaria. Según información confirmada por la Redacción de COYUNTURA, la orden de allanamiento fue generada el 12 de julio de este año, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenaron al Registro de Ciudadanos del TSE la eliminación del Movimiento Semilla.
Estos movimientos se dan a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ya concedió un amparo a Semilla para detener su salida de la carrera electoral.
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