Militarización y torturas desencadenan crisis de derechos humanos desde las cárceles de Honduras

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) en Honduras ha sido señalada por golpizas y abusos contra las personas privadas de libertad, replicando los métodos utilizados por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Estas violaciones han desencadenado una profunda crisis en el país, mientras defensores de derechos humanos y periodistas enfrentan campañas de calumnias y difamación. Urge tomar medidas para garantizar la integridad de las personas recluidas y detener estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política, violencia y seguridad

Tegucigalpa, Honduras

Una imagen del 29 de junio de 2023, cuando la Policía Militar tomó el control del los centros penales de Ilama y El Pozo en Honduras | Fotografía de Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de Honduras

El penal de Támara, ubicado a casi 30 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras, se ha convertido en el escenario de brutales golpizas y abusos contra las personas recluidas. Desde el 26 de junio, cuando la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumió el control de las cárceles hondureñas, se reportan actos de violencia física y psicológica que han dejado a las personas reclusas en condiciones deplorables. Estos abusos, que incluyen humillaciones públicas y torturas, son similares a los implementados por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, en medio del régimen de excepción.

Las imágenes capturadas en el penal de Támara, verificadas por la Redacción de COYUNTURA, son impactantes. Se pueden observar los terribles resultados de los abusos sufridos por las personas recluidas, con moretones y heridas graves en sus cuerpos. Las denuncias realizadas por familiares y defensores de derechos humanos documentadas por este equipo, Reporteros de Investigación, Reportar Sin Miedo y otros medios hondureños revelan una situación alarmante. Tanto las personas LGBTIQ+ como aquellas que no lo son han sido víctimas de maltrato por parte de la PMOP, una fuerza creada en 2013 por decreto del expresidente Juan Orlando Hernández.

La gravedad de las torturas y los actos inhumanos perpetrados en el penal de Támara, especialmente contra la población LGBTIQ+, ha generado la indignación y el repudio de las personas defensoras de derechos humanos. Varias organizaciones exigen a la fecha el reconocimiento de que no es un delito ser trans, gay o bisexual, y denuncian la complicidad de los militares en estas acciones. Sin embargo, quienes alzan la voz en defensa de las personas privadas de libertad también se enfrentan a campañas de calumnias y desinformación, encabezadas desde el Estado y las fuerzas armadas.

En los últimos días, se ha intensificado una campaña de desprestigio y difamación contra las personas que exigen el respeto a los derechos humanos de quienes están privados de libertad. Reconocidas periodistas que han levantado la bandera de la defensa de los derechos humanos son objeto de ataques actualmente. En un intento por manchar su imagen, una publicación falsa atribuida al medio de comunicación Infobae y supuestamente respaldada por un informe del centro de investigación internacional InSight Crime, vincula a varias defensoras y reporteras con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.

El supuesto artículo titulado "Mara MS13 y vínculos con organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras" menciona un presunto informe de InSight Crime que revela la presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos dentro de la temida MS-13. Sin embargo, InSight Crime desmintió categóricamente esta publicación y condena los falsos ataques.

Defensoras de derechos humanos como Hedme Castro y Wendy Funes son parte de las calumniadas en esta publicación difamatoria.

Ante esta difusión de noticias falsas, la Mesa de Derechos Humanos alzó su voz y ha denunciado la situación. Esta organización ha solicitado una investigación exhaustiva sobre las declaraciones del comandante Ramiro Muñoz, responsable de la PMOP, quien ha realizado afirmaciones estigmatizantes sobre la labor de los defensores de derechos humanos. Además, han expresado su preocupación por el silencio de la presidenta Xiomara Castro ante estas calumnias.

La administración de Castro, en lugar de tomar medidas efectivas para abordar estas violaciones a los derechos humanos, ha ampliado las acciones que limitan las libertades de los ciudadanos y buscan el control territorial y la identificación plena de las personas, como respuesta a una supuesta emergencia ante la extorsión y a la crisis penitenciaria que vive el país. La representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo, ha llamado a una reforma del sistema penitenciario para garantizar la integridad de las personas privadas de libertad y cambiar el enfoque punitivo por uno de rehabilitación.

El sistema penitenciario de Honduras enfrenta desafíos significativos, como el hacinamiento y la mora judicial. Según datos de diciembre de 2022, el índice de hacinamiento es del 34,2 %, y más del 51,6 % de la población penitenciaria no tiene una sentencia firme. Amnistía Internacional ha comparado las medidas adoptadas por el Gobierno hondureño con las políticas violatorias de los derechos humanos del presidente salvadoreño Bukele, las cuales han dejado muertes en custodia policial y flagrantes violaciones a las libertades.

La militarización del país, el estado de excepción y el toque de queda han sido considerados por esta organización como acciones desproporcionadas que suspenden garantías constitucionales.

Por otro lado, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) también ha sido duramente criticado por su falta de autonomía, integridad y ética durante la emergencia en el sistema penitenciario. Sin embargo, dicha organización lamentó las críticas y pidió a las autoridades militares "respetar" los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en una escueta comunicación.

En un contexto de violencia y crisis en Honduras, las personas que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión continúan enfrentando amenazas, ataques de bots en las redes sociales, persecución y hackeo de sus cuentas y páginas web. Es importante destacar entonces que los medios digitales independientes Reporteros de Investigación y Reportar Sin Miedo han realizado denuncias sobre la situación en las cárceles y las redes de poder que las rodean.

La situación en las cárceles de Honduras ha alcanzado un punto crítico debido a la militarización y las violaciones a los derechos humanos cometidas por la PMOP. Las golpizas, torturas y abusos sufridos por las personas privadas de libertad han generado una crisis humanitaria que requiere acciones urgentes para garantizar su integridad y respetar sus derechos fundamentales. Asimismo, es crucial poner fin a las campañas de calumnias y difamación contra defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian estas violaciones.

La administración de Castro debe revertir las medidas desproporcionadas y promover un sistema penitenciario que se enfoque en la rehabilitación y el respeto de los derechos humanos.

La respuesta del Gobierno de Honduras hasta el momento ha sido preocupante. El comandante de la PMOP, Ramiro Fernando Muñoz, expresó su postura en un foro televisivo el pasado 05 de julio, amenazando a las personas defensoras de derechos humanos y afirmando que se detendría a aquellos que se dediquen a proteger a "organizaciones criminales". Estas declaraciones solo aumentan la preocupación por la integridad de quienes luchan por los derechos humanos en Honduras.

La presidenta Castro otorgó a la Policía Militar el control de todos los centros y granjas penales de Honduras tras la tragedia ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el 20 de junio, en la que murieron 46 personas privadas de libertad, luego de varias ejecuciones extrajudiciales y un incendio dentro de la prisión. La Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) anterior fue destituida, y ahora están al mando el coronel Ramiro Fernando Muñoz como presidente, y los militares José Balmores del Cid y Adán Antonio Ramírez.

Fotografías de Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de Honduras:

El coronel Muñoz ha sido denunciado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) por torturas a personas privadas de libertad en el Primer Batallón de Infantería en el año 2020. Sus declaraciones recientes y su historial generan un profundo temor sobre el trato que se está dando a las personas recluidas en el sistema penitenciario, como parte de la lucha contra la extorsión, la violencia generalizada y la fuerza de las maras y pandillas.

La situación actual en las cárceles de Honduras es alarmante y requiere la atención y acción inmediata tanto del Gobierno como de la comunidad internacional. Es fundamental que se proteja la integridad de las personas privadas de libertad, se investiguen las denuncias de abusos y se garantice que los responsables sean llevados ante la justicia. Asimismo, es imperativo que se respete el trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian estas violaciones y se ponga fin a las campañas de calumnias y difamación en su contra. La violencia y los abusos en el sistema penitenciario no pueden ser tolerados, y la sociedad hondureña debe exigir un cambio y una justicia verdadera para todas las personas afectadas.

Amplias campañas de desprestigio contra periodistas y defensores de derechos humanos

Como se menciona anteriormente, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta Honduras, se han desencadenado recientemente campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos y periodistas independientes. Estas campañas tienen como objetivo intimidar y desacreditar a aquellos que levantan su voz en contra de la violación de derechos y la remilitarización de la seguridad ciudadana en el país centroamericano.

La designación de la PMOP como responsable de los centros penitenciarios y granjas penales, tras la tragedia en la PNFAS, genera preocupación en distintos sectores. Aunque se argumenta que estas medidas drásticas son necesarias para restablecer el orden en las cárceles -y en las calles del territorio nacional-, existen temores fundados sobre el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad y de la ciudadanía en general.

Sin embargo, no son los militares los que han sido desacreditados, sino los defensores de derechos humanos y periodistas que han levantado su voz en contra de la situación en Honduras.

Funes, periodista hondureña y fundadora del medio independiente Reporteros de Investigación, fue una de las personas señaladas en las publicaciones falsas divulgadas recientemente. Ella, también criminóloga, atribuye estos ataques a las denuncias que ha hecho su periódico sobre la extorsión y la remilitarización de la seguridad ciudadana por parte de la administración actual. Además, señala que se ha viralizado un video de ella siendo asaltada por militares en el año 2015, lo que evidencia un aumento de la violencia y el acoso hacia periodistas en el país.

Por otro lado, Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos y directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, también fue vinculada a la estructura MS-13 en esta información falsa. Ferrera ha subrayado el control absoluto que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en la administración actual, lo que ha llevado a tratos inhumanos y degradantes hacia los privados de libertad en las cárceles, con amplios recursos provenientes del Estado. Además, la activista reveló que en el pasado se solicitó su ejecución en una reunión de la cúpula militar.

La situación para las y los defensores de derechos humanos y periodistas se vuelve cada vez más hostil en Honduras. Además de las campañas de desprestigio en línea, se han registrado agresiones físicas y amenazas. A pesar de ello, tanto Funes como Ferrera han manifestado su determinación para seguir trabajando y luchando por los derechos humanos en el país.

Funes incluso denunció que el Ministerio Público (MP) hace caso omiso de su denuncia. "El MP se niega a recibir nuestra denuncia, dicen que es un chiste. Hace una semana estoy viniendo a la Unidad de Respuesta Inmediata de la Denuncia (URID) o Core-7 de la Policía de Honduras, a denunciar campañas de desinformación, pero para recibir mi denuncia el fiscal de turno requiere autorización de alto nivel. La Dirección Policial de Investigaciones dice que necesita autorización de Fiscalía para investigar y la Fiscalía -MP-, dirigida por un fiscal nombrado "para proteger el tráfico de drogas", no autoriza que pueda denunciar agresiones que recibo al investigar narcopolítica. En una sala con paredes de vidrio sucio, tan sucio como las sillas y el piso, las receptoras de denuncias del Core-7 con hastío en la cara y gestos que hacen pensar que uno les está quitando el tiempo, hoy (10 de julio de 2023) al fin han recibido la denuncia de parte de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa). Pero no me han dejado entrar aunque he visitado tres instalaciones distintas del MP hace una semana. Mi única esperanza es que ACI-Participa denuncie lo que yo no he podido. Al fiscal de turno le ha parecido que no es para tanto y que la campaña es como un chiste", explicó la directora y periodista de Reporteros de Investigación.

La sociedad civil ha expresado su preocupación ante estos ataques y ha llamado a las autoridades a investigar las campañas de desprestigio y tomar medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, las respuestas de las autoridades son insuficientes hasta ahora, lo que genera incertidumbre sobre la protección de aquellos que están en la primera línea de defensa de los derechos fundamentales.

Policía Militar se toma un penal masculino en el norte de Honduras en junio de 2023 | Fotografía de Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de Honduras

En un informe de situación de derechos humanos del 2022, el OACNUDH registró 173 agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, con un total de 242 víctimas. Estos datos evidencian la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran aquellos que se dedican a proteger y denunciar violaciones de derechos en el país, y a documentar y denunciar las irregularidades y crímenes desde el poder.

Ante este panorama, la sociedad hondureña debe mantener una postura crítica y estar atenta a la desinformación. Es fundamental que se comprenda cuando se trata de campañas de desprestigio y se evite la replicación de información falsa. Asimismo, se insta a las autoridades a tomar acciones concretas para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, tal como se prometió en el plan de la presidenta Castro.

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