Las promesas que no cumplió Xiomara Castro, y el legado inconcluso de la primera presidenta de Honduras
- Jairo Videa
- Jan 7
- 24 min read
En enero de 2026, cuando a la "socialista" le restan solo días en la Presidencia del país centroamericano, muchas de las promesas que la llevaron al Poder Ejecutivo a través del voto popular en 2021 permanecen incumplidas o a medio gas. La creación de un órgano independiente contra la corrupción, la despenalización del aborto por causales, la transformación del sistema judicial, la justicia ambiental o la venta del avión presidencial son apenas una parte de un catálogo de deudas que marcarán su legado. Un mes después de las elecciones, mientras su partido impulsa con recursos estatales y la maquinaria gubernamental una narrativa de "fraude" tras su inminente derrota en las urnas, las facturas pendientes de Xiomara Castro pesan en la conversación pública. Este reportaje interactivo recorre las promesas que no se cumplieron y las expectativas que siguen esperando respuesta institucional y partidaria.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En enero de 2022, Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya se convirtió en la primera mujer presidenta de Honduras, tras una victoria histórica que representó para muchos la oportunidad de una "refundación nacional". Con un discurso enfocado en "justicia social", anticorrupción y reparación histórica —sobre todo para la administración de su esposo y actual asesor presidencial, el exmandatario José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009)—, su llegada marcó el fin de la era de Juan Orlando Hernández en el Poder Ejecutivo (2014-2022) y la expectativa de un giro profundo hacia el progresismo, en un país asfixiado por la desigualdad, el exilio masivo y una crisis institucional crónica. "Vamos a cumplir con el pueblo", prometió ese jueves 27 de enero, en un Estadio Nacional Chelato Ucles repleto de banderas con las cinco estrellas, otras rojinegras, y varios jefes de Estado y representantes internacionales, quienes legitimaron, junto a jóvenes, adultos y apolíticos, un nuevo episodio estatal para el país centroamericano. Casi cuatro años después, el peso de las expectativas choca con el desgaste del poder y su narrativa, que se centró más en una visión "familiar" que en una social.
La presidenta Castro, nacida el 30 de septiembre de 1959 en la capital hondureña, asumió el mando en medio de una economía frágil, con el 73 % de la población en situación de pobreza, una inflación desbordada y más de 800 hondureños saliendo del territorio cada día rumbo al norte de América continental. A pesar de sus primeros gestos de ruptura —como la prohibición de la minería a cielo abierto, el restablecimiento de relaciones con Venezuela y Cuba, la búsqueda de nuevas alianzas, un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y el inicio de programas forestales—, su gobierno pronto se vio atrapado en disputas legislativas, tensiones internas y promesas paralizadas. La instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), la despenalización del aborto por causales, la transformación del sistema judicial, la modernización del transporte o el respeto pleno a los derechos humanos siguen sin ejecutarse, o bien han quedado a medio camino.
Hoy, en enero de 2026, tras las elecciones generales de noviembre y a 20 días exactos restantes para que concluya su mandato, el balance de Xiomara Castro es desigual y hasta crítico. Su partido, Libertad y Refundación (LIBRE), apostó por una nueva candidatura —la de Rixi Moncada— que buscó capitalizar los mínimos aciertos y amortiguar las abundantes deudas, con confrontación y no unificación, atacando a la empresa privada y prometiendo dar riqueza a los pobres. Pero la historia de esta administración no puede contarse sin revisar las promesas clave que, más allá del discurso, no se cumplieron, según los datos, profesionales de varios campos, analistas y ciudadanos comunes consultados por COYUNTURA. Este especial interactivo recorre una por una las iniciativas y temas pendientes que marcarán, en definitiva, el legado de la primera mujer que gobernó Honduras, desde la ideología, y con un débil compromiso con las poblaciones más vulnerabilizadas.
Transparencia, lucha contra la corrupción e institucionalidad
CICIH
En enero del año 2022, recién asumido el Poder Ejecutivo, la administración de la presidenta Xiomara Castro firmó un primer memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para explorar la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), mecanismo que tendría como modelo a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, a noviembre de 2025, y pese a cinco renovaciones del acuerdo inicial, la Comisión no ha sido instalada. Las condiciones mínimas exigidas por la ONU para su funcionamiento autónomo —independencia financiera, capacidad de investigación, eliminación de la inmunidad parlamentaria y derogación de leyes que impiden investigar hechos del pasado reciente— no han sido garantizadas por el Congreso Legislativo ni por el Ejecutivo. Según analistas consultados por este medio, el principal impasse es "partidario" y "criminal". "Nadie se quiere dejar investigar", sentenció una abogada constitucionalista.
En abril de 2024, en un intento liderado por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro, hija de la mandataria y líder del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se presentó un anteproyecto de ley que otorgaba a la CICIH la figura de querellante autónomo. Aunque el parlamento aprobó parcialmente la propuesta el miércoles 18 de junio de 2025, las reformas constitucionales clave no alcanzaron la mayoría calificada: no se eliminó la inmunidad de las y los diputados (reactivada en 2019) ni se permitió que un ente externo ejerza la acción penal pública sin pasar por el Ministerio Público (MP). A esto se suma que el oficialismo no ha querido derogar la Ley de Amnistía Política, un decreto que protege de investigación y castigo a funcionarios de la gestión del exmandatario Manuel Zelaya (2006-2009), incluidos actuales asesores y jerarcas institucionales de Casa Presidencial.
Según un estudio del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD) publicado en 2024, el 88 % de la población hondureña apoya la instalación de la CICIH. No obstante, la ONU ha sido clara: sin condiciones reales, no habrá Comisión. Por otro lado, el 77.4 % de los hondureños considera urgente que se investigue y sancione a funcionarios del actual gobierno. Además, para el 61 % de la población, la presencia de la CICIH influirá en su decisión de voto en las próximas elecciones generales, programadas para el domingo 30 de noviembre de 2025.
La propuesta del oficialismo —con participación limitada del Congreso, sin presupuesto independiente y con el fiscal general como acreditador de sus miembros— no cumple con los requisitos técnicos establecidos por expertos del organismo internacional. Como advirtió la abogada y asesora Osiris Payes, "pareciera haber un acuerdo silencioso de no tocar privilegios clave, como la inmunidad parlamentaria, porque todos los actores que deben reformarlos se benefician de ellos". Entonces, la posibilidad de que la CICIH se concrete durante el período de Castro está prácticamente descartada. Lo reconocen incluso legisladores oficialistas, como el presidente de la comisión especial, Ramón Barrios, quien declaró que algunos de los decretos que impiden el avance de la Comisión "no se pueden cambiar, ni siquiera en el Congreso". En palabras de la diputada opositora Fátima Mena: "tal como está redactada la ley, la CICIH seguiría subordinada al Ministerio Público". La propuesta de que la Comisión pueda actuar de forma independiente, sin interferencia política o fiscal, por mucho, ha sido postergada o neutralizada.
En síntesis, la CICIH fue la gran bandera de Xiomara Castro, presentada como una herramienta para erradicar redes de corrupción enraizadas. Pero a dos meses del fin de su mandato, no existe siquiera una fecha oficial para su improbable instalación, ni se han aprobado los cambios institucionales de fondo que la harían viable. La promesa está solo en papel y en la boca de los candidatos de LIBRE. Y el legado anticorrupción de esta administración, también.
Ley de Secretos
El martes 01 de marzo de 2022 marcó un día emblemático para el discurso anticorrupción del gobierno de Xiomara Castro: el Congreso Legislativo hondureño derogó casi por unanimidad la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como la Ley de Secretos Oficiales. Esta normativa, vigente desde 2014, facultaba al Ejecutivo y a varias instituciones públicas a clasificar documentos como reservados o ultrasecretos hasta por 25 años, limitando severamente el acceso público y el escrutinio ciudadano sobre la gestión pública.
La derogación fue celebrada por amplios sectores y presentada oficialmente como un "paso para derribar el muro de la impunidad" y avanzar hacia la transparencia, condición indispensable para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Sin embargo, en la práctica, el cambio ha sido parcial y limitado. A más de tres años de aquella decisión, la Presidencia y otras dependencias estatales mantienen bajo reserva o directamente restringen información fundamental para el escrutinio público.
Un caso emblemático ha sido la opacidad en torno a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Honduras y China, que inició formalmente en 2023 tras el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales. En abril de 2025, la Secretaría de Desarrollo Económico amparó, con apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la reserva total de documentos y avances de esa negociación bajo el Acuerdo 16-2025. Esta medida incluye temas claves como reglas de origen, compromisos de desgravación arancelaria y comercio de servicios, que permanecen ocultos bajo el argumento de "confidencialidad diplomática y económica".
Este blindaje ha generado críticas duras de expertos y sectores productivos, que alertan sobre la falta de transparencia y la exclusión de actores relevantes, como productores agrícolas e industriales que podrían verse gravemente afectados por el tratado. El economista Martín Barahona calificó la medida como "inapropiada" y "un reflejo del temor al escrutinio público", mientras que Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, advirtió sobre los riesgos de liberalización arancelaria indiscriminada y la ausencia de un debate público informado. "Segmentos industriales locales podrían verse gravemente afectados, especialmente si la expectativa de importaciones desde China —que ya rondan los 2,500 millones de dólares— se incrementa significativamente", explicó Castillo.
Así, a pesar de que la Ley de Secretos Oficiales ya no existe en el papel, la realidad indica que el gobierno de Xiomara Castro no ha garantizado una transparencia efectiva y sostenida, especialmente en áreas estratégicas que impactan la economía, la seguridad y la soberanía nacional. La derogación de la norma histórica se quedó en un símbolo mientras persiste un patrón de ocultamiento y manejo discrecional de la información pública, contradiciendo otra de las promesas clave de su mandato.
Extradición con Estados Unidos de Norteamérica
Cuando Juan Orlando Hernández fue capturado el martes 15 de febrero de 2022 —apenas tres semanas después de dejar la Presidencia— y enviado a una prisión de alta seguridad en Nueva York por cargos de narcotráfico, armas y crimen organizado, el entonces nuevo gobierno de Xiomara no tardó en presentarlo como un hito de ruptura. Durante meses, funcionarios de LIBRE se referían a la extradición como una victoria moral y jurídica sobre la "narco-dictadura" del pasado. La colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) era vista como un pilar táctico para desmantelar redes de corrupción y crimen organizado, con procesos abiertos no solo contra Hernández, sino también contra exfuncionarios de alto perfil, diputados, jefes policiales, militares, exalcaldes y operadores financieros de estructuras ilícitas.
Sin embargo, el entusiasmo inicial por el mecanismo de extradición —firmado el 15 de enero de 1909 en Washington, que entró en vigor el 09 de junio de 1912 y fue ampliado en 1927— se fue disipando, y para mediados de 2025, el tono ya es otro dentro del oficialismo. ¿Por qué? La tensión diplomática entre Estados Unidos y Honduras escaló el miércoles 28 de agosto de 2024, tras una controversia generada por la reunión de altos mandos militares hondureños con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. La entonces embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, calificó como "sorprendente" y "preocupante" dicho encuentro, señalando que Padrino ha sido acusado de narcotráfico y es considerado un operador clave del régimen chavista de Nicolás Maduro.
La presencia del exministro de Defensa hondureño, José Manuel Zelaya, y del siempre polémico jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, en Caracas generó fuertes críticas por parte de EE.UU., lo que marcó un nuevo punto de fricción entre ambos países. Como respuesta, la presidenta Castro condenó con mucha furia, junto a todo el aparato estatal, las declaraciones de la diplomática estadounidense y anunció la decisión de denunciar el Tratado de Extradición con EE.UU., en un acto interpretado por analistas como una represalia directa.
Castro denunció lo que consideró una "injerencia" por parte de Washington en los asuntos internos de Honduras y afirmó que su gobierno no permitiría más intervencionismo extranjero. A través de sus redes sociales digitales, reiteró su "compromiso" con la "defensa de la soberanía" y la autodeterminación del país, profundizando así la ruptura con uno de sus principales aliados históricos, e inclinando la balanza narrativa en favor del club integrado por Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, justamente.
Aunque el tratado sigue en vigor —y ha permitido que más de 40 personas sean procesadas en cortes federales de EE.UU.—, la narrativa de "soberanía nacional" ha ganado fuerza entre sectores de Libertad y Refundación. La presidenciable oficialista, Rixi Moncada, ha sugerido que el acuerdo debe ser revisado, y ha cuestionado que se permita a otro país juzgar delitos que pudieron haberse procesado en territorio hondureño. "Debemos recuperar la jurisdicción sobre nuestros propios crímenes y nuestras propias élites", declaró durante una entrevista televisada en abril de 2025. Ese discurso ha encendido alarmas entre expertos, víctimas y organizaciones internacionales, que advierten que una reversión o debilitamiento del tratado de extradición podría favorecer aún más la impunidad de quienes todavía tienen poder político y económico en el país, porque Honduras todavía no puede juzgar crímenes contra los que no se luchan desde el Estado.
Además, el tratado de extradición entre Honduras y EE.UU. tiene una cláusula que exige ser revisado o ratificado por el próximo gobierno en 2026, lo que hace de esta discusión una bomba política para la próxima administración. La embajada estadounidense ha reiterado que el mecanismo ha sido "instrumental para combatir el narcotráfico de alto nivel", y que su desmantelamiento enviaría un mensaje contrario a la cooperación regional. Mientras tanto, los tribunales de Nueva York siguen procesando casos clave: en marzo de 2024, Juan Orlando Hernández fue declarado culpable por tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, convirtiéndose en el primer expresidente centroamericano condenado por narcotráfico en Estados Unidos, con una sentencia de 45 años. Después del exmandatario Hernández, al menos 10 hondureños, incluidos exfuncionarios públicos y cabecillas del crimen organizado, han sido retenidos por la justicia estadounidense. Su condena fue celebrada por amplios sectores sociales como una advertencia para las élites del presente. Pero el hecho de que el gobierno de Xiomara Castro no haya blindado ni reformado el sistema judicial local para asumir esa función de manera autónoma, hace que su legado en este punto sea, de nuevo, una promesa cumplida a medias.
En el Congreso Legislativo, sectores aliados al oficialismo también han expresado que el actual modelo de extradición vulnera la soberanía nacional y debería ser revisado, incluso revocado. En marzo de 2025, una iniciativa presentada por diputados de LIBRE proponía condicionar las extradiciones a criterios del Poder Judicial hondureño, una medida que analistas ven como un intento de debilitamiento del mecanismo. A la par, la falta de voluntad para extraditar a nacionales por corrupción administrativa, y no solo por narcotráfico, evidencia una aplicación parcial de la herramienta. En resumen: la extradición funcionó y produjo resultados inéditos, pero hoy está bajo amenaza política e ideológica. Lo que fue escudo y espada de la justicia en esta administración puede terminar archivado bajo la siguiente, especialmente si el partido de gobierno retiene el poder.
Manejo estatal (austeridad, abusos de poder, transparencia)
Otro de de los pilares discursivos más insistentes del gobierno de Xiomara Castro fue el compromiso con una gestión pública austera, eficiente y libre de corrupción. El mensaje era claro: cerrar las grietas por donde se había drenado el presupuesto nacional durante la era de Juan Orlando Hernández, desmontar redes clientelares, aplicar el mérito en la administración pública y sanear la relación entre el Estado y los contratos privados. Pero la realidad siempre es otra. La administración de izquierda ha incurrido en múltiples prácticas que desvirtúan su discurso, y la promesa de austeridad y transparencia ha quedado incumplida por completo.
El ejemplo más reciente estalló hace unos días, cuando la presidenta emplazó públicamente a su ministro de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, ante la falta de resultados en obras claves, especialmente la rehabilitación de la carretera Danlí–Trojes. El ultimátum, lanzado desde un evento oficial en El Paraíso, reflejó no solo un estilo de gobernanza basado en presiones públicas y lealtades políticas, sino también el reconocimiento tácito de la ineficacia estatal en sectores estratégicos, incluso dentro del círculo de confianza de la mandataria.
Mientras tanto, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), sucesora de la desacreditada Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), se encuentra bajo investigación por presuntas asignaciones irregulares de fondos, con denuncias que involucran a su titular José Carlos Cardona, a diputadas del oficialismo como Isis Cuéllar y a candidatos locales de LIBRE y "otros partidos", según funcionarios públicos. Aunque la presidenta instruyó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigar "en el menor tiempo posible", el tono defensivo de los implicados y la falta de consecuencias concretas alimentan la percepción de encubrimiento y doble moral.
Otro de los síntomas más visibles del manejo estatal ha sido el crecimiento desproporcionado del empleo público. Según cifras de la Secretaría de Finanzas, entre 2022 y 2024 la planilla estatal aumentó en más de 22,000 plazas, muchas veces sin procesos competitivos. Entes como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Hondutel, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han sido señalados por albergar a muchos militantes de LIBRE, familiares de altos funcionarios y activistas oficialistas, sin criterios técnicos. En octubre de 2024, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió sobre la parálisis de las reformas al Servicio Civil y la politización del INE, claves para recuperar la institucionalidad. Según datos del CNA, en el año 2023 se identificaron 55 casos de vínculos de consanguinidad y afinidad entre servidores públicos, cifra que se disparó a 115 en 2024, representando un aumento del 109 %. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la ética en la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Ese mismo CNA ha sido protagonista de múltiples investigaciones que exponen el fracaso de la administración en erradicar el clientelismo y el desvío de fondos. En mayo de 2025, su informe "La sangre llama... y contrata" reveló una red de corrupción que operó en la Secretaría de Gobernación entre 2022 y 2024, beneficiando a empresas ligadas a familiares de altos funcionarios mediante compras menores con licitaciones simuladas. La maniobra permitió la adjudicación de más de 13.7 millones de lempiras en contratos amañados, violando abiertamente la normativa de contrataciones.
Otro caso grave surgió en enero de 2025, cuando el CNA denunció penalmente a seis altos funcionarios —entre ellos el ministro de Planificación, Ricardo Salgado, y la precandidata presidencial Rixi Moncada— por el manejo irregular de más de 600 millones de lempiras en publicidad y propaganda entre 2022 y 2024. Según el informe "La publicidad y propaganda de la corrupción", los fondos provenían de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), partidas confidenciales e incluso donaciones del Banco Central de Honduras (BCH), pero fueron utilizados bajo decretos ejecutivos que habilitaban contrataciones directas sin controles. Salgado, en vez de presentar pruebas técnicas, optó por deslegitimar al CNA, señalando al ente de sociedad civil como una "jauría manipulada por potencias extranjeras".
Todas estas irregularidades confirman que la administración de LIBRE no logró consolidar o al menos despegar un modelo estatal distinto al del pasado. Lejos de reducir gastos superfluos o fomentar una administración meritocrática, se multiplicaron las plazas, se consolidó el nepotismo, se mantuvieron estructuras ineficientes y se habilitaron mecanismos opacos de contratación directa. A pesar de los discursos de ruptura y refundación, la gestión oficialista repite las viejas prácticas bajo un nuevo empaque ideológico.
Reformas constitucionales, al sistema político y al sistema judicial
Asamblea Constituyente
La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente fue uno de los pilares de la campaña electoral de Xiomara Castro en 2021, prometiendo una refundación del Estado hondureño para superar el legado del golpe de Estado de 2009 y las estructuras oligárquicas heredadas. Sin embargo, hasta noviembre de 2025, esta promesa no se ha materializado plenamente, aunque el gobierno ha argumentado que avances en otras reformas constitucionales sientan las bases para un cambio estructural similar. Fuentes indican que la falta de convocatoria se debe a la ausencia de condiciones políticas favorables, como un consenso en el Congreso Nacional donde la oposición minoritaria, elegida en procesos cuestionados, bloquea iniciativas que requieren mayoría calificada.
Esto ha generado críticas internas, incluso desde sectores aliados, que ven en esta demora una concesión a los procedimientos burgueses que limitan transformaciones radicales.Las razones para no haber cumplido esta promesa radican en la herencia de un Estado clasista y diseñado para proteger intereses de la élite económica y el imperio, según analistas. Leyes como la de Modernización Agrícola, procesos judiciales pendientes y acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) impiden avances en temas clave como la recuperación de tierras y la reversión de concesiones extractivas, que una Asamblea Constituyente buscaría abordar.
Además, la administración Castro ha priorizado alianzas con movimientos sociales y civiles para consolidar su liderazgo de cara a las elecciones de 2025, en lugar de arriesgar un proceso que podría enfrentar resistencia violenta o internacional, similar a lo ocurrido en 2009 con Manuel Zelaya. A pesar de los obstáculos, el gobierno ha logrado avances indirectos que podrían interpretarse como pasos hacia una refundación, como la derogación de leyes controvertidas y la promoción de consultas populares para reformas electorales. Estos esfuerzos, respaldados por un mandato electoral histórico del 51 % en 2021, han permitido mantener el apoyo popular mientras se navega por un Congreso fragmentado.
No obstante, críticos sostienen que sin una Asamblea Constituyente explícita, la promesa queda pendiente, y el enfoque en reformas puntuales no sustituye la transformación integral prometida, dejando abierta la posibilidad de convocarla post-elecciones si se fortalece la mayoría legislativa.
Reformas constitucionales
La administración de Xiomara Castro ha logrado avances significativos en reformas constitucionales, destacando la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2024. Esta medida, impulsada desde mayo de 2022, respondió a la promesa de revertir leyes que cedían soberanía a empresas privadas, permitiendo a estas crear sus propios sistemas judiciales y normativos.
El éxito se atribuye a la alianza entre el Ejecutivo y sectores sociales que presionaron por la eliminación de estas "ciudades privadas", vistas como un legado corrupto del régimen anterior de Juan Orlando Hernández. Otro factor clave en el cumplimiento ha sido el apoyo internacional y la coordinación con organismos como la ONU, que han validado esfuerzos para restaurar la institucionalidad democrática. La derogación de leyes relacionadas con las ZEDE, incluyendo reformas constitucionales aprobadas en el Congreso, se facilitó por el control inicial del partido LIBRE en el Legislativo, aunque enfrentó demandas multimillonarias de inversionistas extranjeros ante tribunales internacionales.
Esta victoria judicial no solo cumplió a medias una promesa electoral sino que fortaleció la narrativa de "soberanía", reduciendo la influencia de capitales externos en la gobernanza hondureña. Adicionalmente, el gobierno ha impulsado reformas para combatir la corrupción estructural, como la presentación de un borrador revisado para la CICIH en septiembre de 2024. Aunque el progreso ha sido modesto debido a resistencias conservadoras y hasta oficialistas, estos cambios constitucionales han permitido avances en transparencia y han sido reconocidos por la comunidad internacional, contribuyendo a una reducción en la deuda pública sin nuevos impuestos.
La persistencia en estas reformas, pese a escándalos familiares, demuestra una estrategia de priorización que ha permitido cumplir parcialmente con la agenda "refundacional".
Reforma a la Ley Electoral
La reforma a la Ley Electoral ha sido uno de los logros más concretos de la administración Castro, con aprobaciones unánimes en comisiones especiales del Congreso en 2024 para modificar artículos clave como el 263, enfocados en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Esta medida, respaldada por la presidenta en agosto de 2025, busca garantizar transparencia y evitar fraudes como los ocurridos en elecciones pasadas, respondiendo a recomendaciones de misiones observadoras internacionales.
El aumento presupuestario al Consejo Nacional Electoral (CNE), que duplicó sus fondos entre 2022 y 2023, facilitó la implementación técnica y la socialización de estas cambios. Las razones del éxito incluyen la creación de una Comisión de Asuntos Electorales en febrero de 2022, que organizó mesas regionales para consultar a partidos políticos, sociedad civil y sectores privados, incorporando propuestas como la segunda vuelta presidencial (balotaje) y la separación de fechas electorales.
Estas reformas, que requieren enmiendas a artículos constitucionales como el 236, han ganado apoyo multipartidista al prometer mayor equidad, reduciendo el clientelismo y la influencia de opciones locales en votos presidenciales, lo que ha fortalecido la legitimidad del proceso de cara a las elecciones del próximo domingo 30 de noviembre de 2025. Además, la despolitización de órganos electorales y la ciudadanía de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) han sido impulsadas para eliminar sesgos partidarios, con el CNE liderando un proyecto de ley integral que incluye votación electrónica. Este cumplimiento se debe a la urgencia post-2021, donde observadores de la Unión Europea (UE) y la ONU destacaron irregularidades, motivando al gobierno a actuar con celeridad y recursos para romper el bipartidismo histórico y promover una democracia más inclusiva. Ahora de tres.
Financiamiento político y transparencia
La administración Castro ha cumplido con promesas de transparencia al crear la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia en 2022, liderada por Ángel Edmundo Orellana, para combatir la corrupción heredada de gobiernos anteriores. Esta entidad ha coordinado la derogación de la Ley de Secretos, que clasificaba información estatal y facilitaba el saqueo de recursos, permitiendo auditorías en contratos opacos y fideicomisos.
El éxito radica en la priorización de reformas institucionales que desmantelan estructuras de impunidad, respaldadas por un presupuesto enfocado en desarrollo social y anticorrupción. Otro avance clave ha sido la implementación de la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción (ENTAH) 2022-2026, que promueve un gobierno abierto y erradica prácticas clientelares, con apoyo del Banco Mundial en febrero de 2025 para impulsar la sostenibilidad fiscal y climática.
Razones para este cumplimiento incluyen la extradición de figuras como Juan Orlando Hernández, que simboliza el fin de la impunidad, según Xiomara Castro, y alianzas internacionales que validan estos esfuerzos, aunque persisten desafíos en la fiscalización de campañas políticas. Finalmente, pese a críticas por opacidad en financiamiento electoral durante primarias, el gobierno ha fortalecido leyes como la de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, reduciendo influencias ilícitas. Esto se debe a la supuesta pluralidad ideológica en LIBRE y la presión social de su propia militancia, que han impulsado reformas para atender desigualdades y restaurar confianza pública.
Reforma al sistema de justicia
La reforma al sistema de justicia ha visto avances modestos bajo Castro, con la sentencia en junio de 2022 contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, co-colaborador en el crimen, aunque los autores intelectuales siguen impunes.
Este logro se atribuye a la presión de movimientos sociales y la voluntad política para combatir la corrupción judicial heredada, facilitada por alianzas con la sociedad civil. Otro factor ha sido la presentación de borradores para la CICIH en septiembre de 2024, con visitas de expertos de la ONU para evaluar y recomendar cambios legales que eliminen barreras a investigaciones independientes.
El cumplimiento parcial se debe a la abrogación de leyes que protegían a legisladores y la extradición continua de narcos, pese a la casi anulación del tratado con EE.UU., demostrando un compromiso con la independencia judicial. Sin embargo, el progreso limitado, según informes, radica en la persistente corrupción y falta de autonomía en mecanismos de protección para defensores, con 15 asesinatos en 2023. La administración izquierdista ha priorizado estados de emergencia para reducir homicidios, pero estos han generado abusos, equilibrando sin éxito todavía seguridad con reformas judiciales para restaurar instituciones democráticas y transparentes.
Economía, moneda y finanzas
Estabilizar el valor del lempira
La administración de Xiomara Castro ha logrado una relativa estabilización del lempira frente al dólar estadounidense durante su mandato, cumpliendo en gran medida con esta promesa electoral al registrar la menor devaluación en comparación con gobiernos anteriores desde 1989. Según datos oficiales, entre enero de 2022 y mayo de 2025, el tipo de cambio pasó de 24.66 a 26.00 lempiras por dólar, representando una devaluación acumulada de aproximadamente 1.34 lempiras, lo que contrasta con las pérdidas más significativas bajo administraciones previas.
Esta contención se atribuye a políticas macroeconómicas prudentes, como el control de la inflación y el fortalecimiento de las reservas internacionales, respaldadas por un crecimiento económico sostenido cercano al 4 % anual, que ha permitido mitigar presiones externas como el alza global en tasas de interés. Las razones para este cumplimiento radican en la priorización de la estabilidad financiera en el Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, donde se enfatizó la necesidad de proteger el poder adquisitivo de la población ante la herencia de devaluaciones aceleradas post-golpe de 2009.
A pesar de críticas por una devaluación persistente, analistas destacan que el gobierno evitó caídas rampantes, como las observadas en julio de 2025, mediante intervenciones del Banco Central de Honduras y acuerdos con organismos internacionales, lo que ha contribuido a una percepción positiva en informes financieros regionales. No obstante, desafíos como la dependencia de remesas y exportaciones agrícolas han limitado un control absoluto, pero el gobierno argumenta que la estabilización ha sido clave para reducir la pobreza y fomentar la inversión, con proyecciones de mantenimiento en 2025.
Este logro se ve reforzado por la narrativa oficial de que, bajo Castro, el lempira ha enfrentado la menor depreciación en décadas, alineándose con metas de soberanía económica y protegiendo a sectores vulnerables de impactos inflacionarios.
Reducir tasas de interés
La promesa de reducir las tasas de interés en Honduras ha enfrentado obstáculos significativos bajo la administración de Xiomara Castro, no cumpliéndose plenamente debido a condiciones de mercado globales que han impulsado alzas en lugar de rebajas. En mayo de 2022, la presidenta aseguró que se implementaría esta medida para aliviar la carga financiera en hogares y empresas, pero factores externos como la inflación post-pandemia y políticas monetarias restrictivas del Banco Central han mantenido o elevado las tasas, haciendo la promesa "difícil de cumplir" según expertos.
A pesar de esfuerzos en reestructuración de deuda pública, que alcanza los 5,190 millones de dólares entre 2022-2025, no se han materializado reducciones generalizadas. Las explicaciones para esta falta de cumplimiento incluyen la prioridad en estabilizar la economía en medio de crecimientos del 3.9 % en el primer semestre de 2025, donde el enfoque ha sido en inversión social y anticorrupción en lugar de intervenciones directas en tasas de interés.
El Plan de Gobierno proponía préstamos a tasas preferenciales del 2 % para sectores clave, pero la realidad de un entorno internacional con tasas elevadas ha limitado acciones, generando críticas de que se ha priorizado la sostenibilidad fiscal sobre el alivio inmediato. Sin embargo, avances indirectos como la inauguración de subestaciones eléctricas y programas de crédito para prestatarios han mitigado impactos locales, aunque no sustituyen la reducción prometida o al menos necesitada.
Analistas sugieren que, con proyecciones de crecimiento entre 3.5 % y 4.5 % para 2025, futuras reformas podrían permitir ajustes, pero hasta noviembre de 2025, esta promesa permanece pendiente en un contexto de bonos y clientelismo post-tormentas.
Eliminar peajes
La eliminación de peajes en carreteras hondureñas, una promesa central de la campaña de Xiomara Castro, no se ha cumplido, optando en cambio por congelar las tarifas hasta diciembre de 2025 debido a costos prohibitivos para el Estado. En junio de 2025, la presidenta explicó que suprimirlos costaría 160 millones de lempiras, un gasto "insostenible heredado" de contratos con concesionarias como COVI-H, firmados en administraciones anteriores.
Esta decisión ha generado críticas, ya que nueve meses después de asumir en 2022, el gobierno izquierdista ya enfrentaba demandas por no avanzar en la promesa, priorizando en su lugar la construcción de carreteras sin nuevos peajes. Las razones subyacentes incluyen negociaciones con concesionarias que han descartado aumentos para 2025, pero mantienen el sistema existente para evitar litigios multimillonarios.
El gobierno argumenta que esta congelación representa un paso hacia la equidad, alineado con la visión de infraestructura como servicio público y no negocio, aunque opositores lo ven como una concesión a intereses privados heredados de los 12 años previos. A pesar de la no eliminación, el énfasis en cambiar la historia del país mediante carreteras gratuitas en nuevos proyectos ha sido destacado, aunque persisten demandas de COVI -H por incrementos.
Esta promesa incumplida refleja tensiones entre compromisos electorales y realidades contractuales, con el gobierno enfocándose en desmentir alzas falsas mientras navega por un Congreso fragmentado y sin diálogo.
Ley de Justicia Tributaria (reforma fiscal progresiva)
La Ley de Justicia Tributaria, propuesta por Xiomara Castro como reforma fiscal progresiva, ha sido parcialmente avanzada pero permanece bloqueada en el Congreso Nacional hasta septiembre de 2025, no cumpliéndose la promesa de implementación integral. Esta iniciativa busca eliminar privilegios fiscales, limitar exoneraciones a un máximo de años y aumentar la transparencia sin crear nuevos impuestos, respondiendo a una promesa de campaña para financiar desarrollo social.
Sin embargo, resistencias de sectores económicos han impedido su aprobación, a pesar de captaciones récord de 1,076 millones de dólares en 2023. Las explicaciones para el estancamiento incluyen oposiciones en el legislativo, donde la ley se ve como amenaza a intereses privados, aunque el secretario de Finanzas, Christian Duarte Chávez, la defiende como herramienta para transparencia en el gasto tributario.
El gobierno ha priorizado alianzas internacionales y auditorías, pero la falta de consenso multipartidista ha dejado la reforma en borradores, destacando desafíos en un sistema heredado de corrupción. No obstante, avances como la estrategia de transparencia fiscal han permitido mejoras en ingresos sin la ley, con proyecciones para 2026-2029.
Críticos argumentan que esta demora refleja concesiones políticas, pero el ejecutivo insiste en su rol para erradicar desigualdades, alineado con objetivos de desarrollo sostenible.
Avión presidencial
La venta del avión presidencial, prometida por Xiomara Castro para eliminar símbolos de lujo corrupto, no se ha concretado, decidiendo el gobierno en agosto de 2025 no proceder debido a "irregularidades en su adquisición original". El Embraer Legacy 600, comprado con sobreprecio durante la administración de Juan Orlando Hernández, no puede venderse sin incurrir en defraudación, ya que su valor actual es de unos 100 millones de lempiras frente a un costo inicial inflado.
Esta reversión ha sido confirmada por funcionarios, priorizando la presidenta viajes comerciales. Las razones incluyen falta de documentación y riesgos legales, con más de 63 millones gastados en mantenimiento sin uso, reflejando una herencia de corrupción que complica la promesa.
El gobierno argumenta que vender a bajo precio sería irresponsable, optando por inscribirlo como bien estatal una vez resueltas investigaciones. Pese al incumplimiento, esta decisión se enmarca en "esfuerzos anticorrupción", aunque opositores la ven como excusa para no cumplir promesas ya que ahora el bien está en manos de las Fuerzas Armadas hondureñas, simbolizando tensiones entre intenciones refundacionales y realidades prácticas.
Cuenta del Desafío del Milenio
El reingreso a la Cuenta del Desafío del Milenio (CDM) no se ha logrado bajo Xiomara Castro, quedando Honduras inelegible por decimoquinto año consecutivo en 2025 debido a fallos en indicadores de corrupción y gobernanza. A pesar de un plan presentado en 2022 para recuperar acceso, con reuniones satisfactorias en 2023, el país centroamericano no aprobó ocho indicadores clave, dejando la promesa incumplida.
Esto contrasta con expectativas iniciales de reingreso en 2023, frustradas por persistentes desafíos institucionales. Las explicaciones radican en la herencia de corrupción post-2009, que el gobierno ha combatido pero no erradicado lo suficiente para cumplir estándares de la MCC.
Esfuerzos como protocolos anticorrupción y agendas legislativas han sido insuficientes, con el plan convirtiéndose en "papel mojado" según críticos. No obstante, avances en otros frentes como inversión social han mitigado impactos, aunque la no elegibilidad priva de fondos para pobreza extrema.
El gobierno persiste en negociaciones, pero hasta 2025, esta promesa refleja límites en reformas estructurales.
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