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¿Quién es quién en la "conspiración electoral" que investiga la Fiscalía de Honduras?

Actualizado: 12 ago

La actual crisis se agudizó una vez más luego de que el presidente del Congreso Legislativo, Luis Redondo, decidiera sin consulta del pleno no aceptar la renuncia de la consejera Ana Paola Hall y la remitiera como denuncia al Ministerio Público (MP). A esto se suman las acusaciones de "conspiración y extorsión" entre los tres jerarcas propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaladas por el fiscal general como una "amenaza" al proceso en marcha. Mientras sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) exigen el respeto a la autonomía institucional, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advierte que la situación refleja una etapa crítica para el Estado de Derecho en Honduras.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Tegucigalpa, Honduras


Una investigación de la Fiscalía hondureña apunta a una presunta "conspiración" para sabotear o desestabilizar los comicios generales previstos para el domingo 30 de noviembre de 2025. El foco está puesto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus tres principales consejeros, quienes han sido citados por el Ministerio Público (MP), aunque aún no se ha confirmado la fecha, hora ni lugar de esta diligencia, que ya ha llamado la atención nacional e internacional. La Fiscalía asegura actuar con imparcialidad, sin "distinción política", y con el objetivo de resguardar la institucionalidad electoral del país centroamericano. Sin embargo, su intervención se produce tras semanas de demora, en medio de múltiples disputas institucionales y políticas que tienen un denominador común: el consejero Marlon David Ochoa Martínez, de 33 años, miembro del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), actual vocero del CNE y por mucho de la narrativa gubernamental, más confrontativa que nunca.


En el último mes, la crisis en Honduras ha intensificado las tensiones en un sistema democrático ya debilitado, alcanzando niveles alarmantes, aunque previsibles. El fiscal general de la República, Johel Zelaya, denunció públicamente un supuesto complot, lo que desencadenó una intervención inmediata de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en las oficinas del CNE la mañana del miércoles 30 de julio de 2025. La operación buscaba incautar documentos relacionados con supuestas irregularidades, extorsiones y conflictos internos entre los consejeros del organismo. La investigación se centra en delitos graves, incluyendo traición a la Patria, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, según documentos oficiales.


El origen de la crisis debe remontarse por mucho a las elecciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025, marcadas por irregularidades aún no judicializadas, como demoras en la entrega de material electoral y acusaciones de manipulación atribuidas al oficialismo. La situación se agravó con los "debates técnicos" sobre la "intervención humana" en el proceso electoral que se aproxima, y con la controvertida citación del Congreso Legislativo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral el martes 08 de julio de 2025. Además, las ausencias reiteradas de Marlon Ochoa, junto con señalamientos de conductas machistas, alteran hasta el cierre de este texto el calendario electoral. La denuncia actual involucra entonces a figuras clave del CNE y a actores políticos de alto perfil, reavivando temores de fraudes electorales, como los reportados en 2013 y 2017, y el miedo cada vez más real de ejecutar un proceso a la medida de LIBRE, cuya estrategia evidentemente radica en debilitar los mecanismos y procesos de transmisión de datos y resultados, aunque la Fiscalía se hace la ciega al respecto.


El equipo de COYUNTURA detalla acá quién es quién en este entramado, basado en hechos verificados a través de fuentes especializadas y declaraciones públicas, junto con los eventos más relevantes, seguidos por esta Redacción en una cobertura electoral desde el territorio hondureño.



  • Los titulares de junio:






  • Los titulares de julio:




















El miércoles 30 de julio, Johel Zelaya ordenó la entrada de la ATIC al CNE para recolectar evidencia de "conspiración, extorsión y denuncias mutuas entre consejeros". Dos fiscales y diez agentes participaron en el operativo según verificación de este medio, secuestrando documentos relacionados con el proceso electoral. Zelaya afirmó que "nuevos actores se han unido a los mismos del 2017" y citó a los tres consejeros del CNE como testigos, advirtiendo que no comparecer podría llevar a detenciones.


Cossette López denunció un complot para debilitar el CNE y suspender las elecciones, mientras que Marlon Ochoa acusó a López y a la también consejera Ana Paola Hall de "proponer" la suspensión de los comicios. El Congreso Nacional, liderado por el oficialista diputado Luis Redondo, respaldó la investigación, oponiéndose a cualquier "intento de fraude", pero sin una discusión en el pleno.


La crisis ha polarizado a los partidos. La candidata de LIBRE, la exministra de Defensa, Rixi Ramona Moncada, señaló, en medio del particular contexto, que "encabeza" una encuesta realizada por una firma todavía desconocida y no aprobada por el Consejo Nacional Electoral, mientras que opositores como el liberal Salvador Nasralla y el nacionalista Nasry Asfura cuestionan la transparencia de las negociaciones "políticas", pero apoyan los diálogos y elecciones "limpias". El escenario de manipulación en los medios de propaganda estatal ya roza el libreto de Venezuela y Nicaragua.


La investigación sigue en curso, con citaciones pendientes y posibles detenciones. Fuentes indican que el foco está en prevenir un "fraude electoral" similar a eventos pasados, donde observadores como la Organización de los Estados Americanos (OEA) detectaron "manipulaciones".



Categoría

Nombre

Rol actual

Involucramiento en la conspiración

CNE

Marlon David Ochoa Martínez

Consejero vocal del CNE (representante de LIBRE).

Marlon Ochoa ha sido una figura central en la controversia, acusando a Cossette López de implementar un sistema TREP que "replica" el modelo de 2017, conocido como la "Curva de la Batson", asociado a un presunto fraude electoral que permitió la reelección inconstitucional del exmandatario nacionalista Juan Orlando Hernández. Ochoa se ha negado a asistir a sesiones del CNE en reiteradas ocasiones, denunciando irregularidades en el manejo institucional, y ha responsabilizado a las empresas encargadas de la impresión y transporte del material electoral por los retrasos en las votaciones primarias. Según analistas, periodistas y abogados constitucionalistas consultados por COYUNTURA durante todo el año, ha utilizado la violencia política contra sus colegas y ha manipulado el discurso oficialista y las leyes para argumentar sus decisiones. También por su responsabilidad se ha impedido el desarrollo del calendario electoral. "Yo la mando a aprender de transparencia, consejera (Cossette). Le hace falta alguien. Le hace falta alguien que está preso fuera de este país", dijo Marlon el martes 08 de julio de 2025.

CNE

Cossette López-Osorio

Consejera presidenta del CNE (representante del Partido Nacional).

Cossette López ha denunciado públicamente una "conspiración" para debilitar al CNE, afirmando que "fuerzas externas" intentan obstaculizar su trabajo. También ha señalado a las Fuerzas Armadas por retrasos en la distribución de material electoral durante las primarias y ha acusado a Marlon Ochoa de actuar como activista del partido LIBRE dentro del CNE, en defensa de la candidata oficialista Rixi Moncada. López defiende la implementación de un sistema TREP reforzado con un filtro humano, argumentando que es necesario para garantizar la transparencia y que la Ley Electoral no lo prohíbe.

CNE

Ana Paola Hall

Consejera secretaria del CNE (representante del Partido Liberal).

Paola Hall ha enfrentado amenazas a su integridad —al igual que Cossette López— y, en julio de 2025, presentó su renuncia condicionada, argumentando un ambiente institucional deteriorado. Su dimisión dependía de que el Congreso Legislativo nombrará a un sustituto liberal, lo que requiere al menos 86 votos, un número difícil de alcanzar debido a la falta de apoyo de LIBRE y la constante confrontación parlamentaria. Hall también ha responsabilizado a las Fuerzas Armadas por los problemas logísticos en las primarias. Y aunque su renuncia fue rechazada sin ser sometida al pleno legislativo, Luis Redondo la remitió a la Fiscalía por considerarla "alarmante". Eso detonó la intervención del MP y las pesquisas de la ATIC.

Legislativo

Luis Rolando Redondo Guijarro

Presidente del directorio del Congreso Nacional (de LIBRE).

Luis Redondo anunció la creación de una comisión especial para investigar las irregularidades de las primarias, que comenzó a operar tras la declaración oficial de resultados el 09 de abril de 2025. Su rol ha sido cuestionado por la oposición, que lo ve como una figura parcial hacia el oficialismo. Defendió la intervención del MP, argumentando que no hay base legal para que el CNE "suspenda elecciones". Opuesto firmemente a cualquier "fraude", enfatizando en su visión de "estabilidad democrática". También ordenó otra comisión especial para investigar las denuncias emitidas por la liberal Paola Hall en una carta dirigida al Congreso y el CNE.

Ejecutivo

Xiomara Castro

Presidenta de Honduras (de LIBRE).

No directamente implicada en la denuncia actual, pero su gobierno respalda la investigación. Su administración ha enfrentado acusaciones previas de influencia en procesos electorales, y en la actualidad encabeza una campaña mediática con recursos estatales para ridiculizar o atacar a la oposición, con la narrativa de "no al fraude" por delante. Presidenta de Honduras y líder del partido Libre. Señalada por la oposición por supuestamente influir en el proceso electoral a través de figuras cercanas, como Rixi Moncada, Luis Redondo, Manuel Zelaya y Xiomara Hortencia Zelaya Castro. Xiomara ha respaldado a Moncada y ha mantenido un discurso de fortalecimiento de su imagen, sin descanso. "Hay que votar por Rixi. Ella es la heredera de la refundación", dijo la presidenta hondureña en junio de 2025.

Fuerzas Armadas

Roosevelt Leonel Hernández Aguilar

Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas

Mencionado en denuncias de Cossette López, periodistas, activistas, candidatos opositores y líderes políticos, principalmente por supuestas reuniones secretas para alterar informes electorales en marzo. No hay cargos formales. Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, responsables de la custodia y traslado del material electoral, aunque ha negado un mal manejo. Hernández ha sido citado por la Fiscalía para explicar los retrasos en las primarias, pero ha negado cualquier responsabilidad, señalando al CNE como el único culpable. La oposición ha cuestionado la imparcialidad de las Fuerzas Armadas, dado que la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, fue ministra de Defensa, y porque Roosevelt ha jurado lealtad al proyecto político de Xiomara. Confrontantivo contra la prensa y la consejera presidenta del CNE. "Me gritó que yo no era su superior. Me gritó que me quedara claro que yo no soy su superior. Y yo estoy clara en que no soy su superior. Claro lo ha dejado con su deliberancia, porque eso sería insubordinación. Pero saben cómo han querido manipular los medios de comunicación diciendo que recibieron órdenes mías. Todo mundo lo sabe. Toda Honduras lo sabe. Es bastante vergonzoso", afirmó López con evidente indignación y preocupación por su seguridad, el viernes 21 de marzo de 2025, tras cancelar una reunión abruptamente interrumpida por las Fuerzas Armadas.

Ejecutivo

José Manuel Zelaya Rosales

Expresidente y coordinador general de LIBRE (esposo y asesor presidencial de Xiomara Castro)

Influyente en el gobierno actual y en casi todas las entidades estatales. Su nombre surge en contextos de poder familiar, pero no hay evidencia directa en esta conspiración específica. Ha sido acusado por opositores, como Salvador Nasralla, de intentar manipular el proceso electoral en favor de Moncada, desde ya. En 2024, un video filtrado mostró a su hermano, Carlos Zelaya, en una reunión con narcotraficantes en 2013 negociando "ofrendas" para la campaña electoral de entonces, lo que generó controversia, aunque Manuel Zelaya negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y su pariente. Estuvo en Venezuela a inicios del presente año.

Ministerio Público

Johel Antonio Zelaya Álvarez

Fiscal general de la República

Lidera la investigación contra el CNE. Zelaya Álvarez ordenó la intervención del organismo y citó a los tres consejeros como testigos en una investigación por presuntos delitos graves. Ha enfatizado que el Ministerio Público actúa en defensa del pueblo y no de intereses particulares, advirtiendo que no tolerará intentos de boicot electoral. Zelaya también ha hecho referencia a las irregularidades de las elecciones de 2017 y las primarias de 2025, prometiendo actuar con "firmeza" contra cualquier implicado, independientemente de su posición.

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

Gerardo Torres Zelaya

Vicecanciller de Honduras y miembro de LIBRE

Crítico del "bipartidismo tradicional", que en realidad ahora es tripartidismo; no directamente ligado a la conspiración, pero ha comentado sobre fraudes pasados y la necesidad de "transparencia electoral", aunque muy a menudo desestima las críticas al oficialismo y ataca abiertamente a opositores en las redes sociales digitales. Aunque no se detalla su rol específico en las fuentes, aparece como una figura relevante en el contexto político e institucional, entre polémicas y paredes de humo. Su participación en la controversia no está clara, pero su inclusión en la lista sugiere un papel en las dinámicas electorales. Estuvo en Nicaragua en pleno conflicto político, el pasado sábado 19 de julio de 2025, saludando personalmente al dictador sandinista José Daniel Ortega Saavedra —acusado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cometer "crímenes de lesa humanidad" en un plan para erradicar "toda disidencia" desde 2018—, tocando las mismas manos que tocaron y apoyaron al expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández, quien cumple ahora una sentencia de 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos de Norteamérica. Gerardo también estuvo en Venezuela, durante el fraude instaurado por el chavismo del dictador Nicolás Maduro, denunciado por los gobiernos socialistas de Chile, España, Guatemala, Brasil y Colombia. Fue observador electoral junto a otros casi 100 connacionales, todos de Libertad y Refundación.

Presidenciable

Rixi RamonaMoncada Godoy

Candidata oficialista por la Presidencia de Honduras (exministra de Defensa)

Rixi Moncada ganó las primarias de su partido con el 92,63 % de los votos, pero ha sido señalada por la oposición por presuntamente influir en las Fuerzas Armadas y otros frentes institucionales para favorecer su candidatura. En su momento, su doble rol como ministra y candidata generó fuertes críticas sobre conflictos de interés. Salvador Nasralla la acusó de ser la "culpable" de los retrasos en las primarias, mientras que otros opositores, como Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, han denunciado un supuesto "boicot" orquestado por LIBRE. Moncada Godoy, el domingo 09 de marzo de 2025, salió a dar declaraciones antes que el Consejo Nacional Electoral, y se declaró ganadora sin conocerse los datos preliminares. Fanática del "sistema cubano" y la más radical entre los radicales. Dice que "el bipartidismo quiere repetir el fraude de 2017".

Presidenciable

Salvador Alejandro César Nasralla Salum

Candidato liberal por la Presidencia de Honduras (exdesignado presidencial)

Conocido presentador de televisión, narrador de deportes y exvicepresidente del gobierno de Xiomara Castro. Nasralla obtuvo el 58,02 % de los votos en las primarias del Partido Liberal de Honduras este 2025, superando a Jorge Cálix, Maribel Espinoza y Luis Zelaya. Ha sido un crítico feroz del oficialismo, acusando a Manuel Zelaya de "planear un fraude electoral en favor de Rixi Moncada". Salvador Nasralla también ha denunciado irregularidades en procesos electorales anteriores (2013 y 2017), afirmando que le fueron robadas elecciones por el Partido Nacional.

Presidenciable

Nasry Juan Asfura Zablah

Candidato nacionalista por la Presidencia de Honduras (exalcalde capitalino)

Candidato presidencial del Partido Nacional por segunda ocasión. Exalcalde del Distrito Central (2014-2022). Asfura ganó las primarias en marzo de 2025 con el 75,84 % de los votos, derrotando a Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. Ha liderado manifestaciones exigiendo transparencia electoral y ha prometido fortalecer la democracia de llegar al Ejecutivo. Sin embargo, su historial está marcado por acusaciones de corrupción, incluyendo el desvío de fondos públicos durante su gestión como alcalde.

Partido político

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo

Líder del Partido Liberal de Honduras

Exprecandidato presidencial. Rosenthal, un empresario y político con vínculos pasados al narcotráfico según documentos de la Fiscalía de Nueva York, no es candidato en 2025, pero sigue siendo una figura influyente en su partido. Su apoyo temerario a Salvador Nasralla y su postura frente a las acusaciones de fraude han mantenido al Partido Liberal en el centro del debate electoral. En los pasillos del poder todavía se le ve como negociador "en las sombras", que pudo estar implicado incluso en las presiones contra la consejera electoral Ana Paola Hall para lograr su renuncia en tiempos extremos.

Partido político

Roberto Contreras

Presidente del Partido Liberal de Honduras

Alcalde de San Pedro Sula que busca la reelección y presidente del Partido Liberal. Contreras ha instado a Nasry Asfura a formar una alianza con Salvador Nasralla para "sacar a LIBRE" del Poder Ejecutivo, reflejando la estrategia de la oposición de unirse contra el oficialismo. También ha criticado la injerencia de Rixi Moncada en las Fuerzas Armadas, acusándola de afectar el proceso electoral.


Esta "conspiración electoral" representa un desafío crítico para la democracia hondureña, con riesgos de polarización y desconfianza en las instituciones. La Fiscalía busca prevenir un colapso similar a crisis pasadas, dice, pero las divisiones internas en el CNE y entre partidos podrían prolongar la incertidumbre, teniendo en cuenta que la intervención durante un proceso ya quebrado en una institución independiente es peligrosa de muchas formas. Observadores internacionales llaman a la transparencia, mientras que el gobierno de Xiomara Castro enfatiza la defensa del proceso democrático. Futuras actualizaciones dependerán de las declaraciones de los citados y el avance de la investigación.


En las sombras de esa creciente tormenta electoral en Honduras, el general retirado Romeo Vásquez Velásquez, quien es buscado por la justicia, emergió una vez más en las redes sociales digitales como una voz de alarma, instando a una alianza improbable pero desesperada entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Con el Consejo Nacional Electoral al borde del colapso, Vásquez advirtió que permitir que el Partido Libertad y Refundación tome el control del ente equivaldría a un "jaque mate a la democracia", manipulando las votaciones generales del próximo domingo 30 de noviembre de 2025 a su antojo.


Su llamado resonó en un video viral, donde comparó la necesidad de unidad con la solidaridad de las iglesias, urgiendo a los candidatos Nasry "Tito" Asfura y Salvador Nasralla a dejar de lado "rivalidades históricas" para defender la libertad del pueblo hondureño. "Si dejan que la izquierda radical controle el CNE, van a manipular todo", sentenció, culpando a ambos partidos tradicionales por haber permitido el ascenso de LIBRE en las instituciones.


Ese eco de unión encontró refuerzo en las palabras del alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, quien, con un tono de urgencia casi personal, extendió una invitación directa a Asfura: "¡venga, 'papi', no se pierda! Siéntese conmigo, con Salvador Nasralla, traiga a Tommy Zambrano... hablemos de esta alianza, porque hay que sacar a LIBRE del poder". Contreras pintó un panorama sombrío, advirtiendo que sin una coalición, LIBRE se perpetuaría en el Estado mediante boicots y fraudes, especialmente tras la captura del diputado nacionalista Nelson Márquez, que interpretó como una "extorsión judicial" para forzar concesiones en el CNE.


Sin embargo, la propuesta chocó con la realidad: Asfura rechazó una fusión formal, argumentando que las estructuras centenarias de ambos partidos no lo permiten, aunque abrió la puerta a un "frente común" para defender la democracia, un gesto que resuena en las protestas recientes contra las maniobras de LIBRE y el gobierno de Xiomara Castro.


Mientras la política se enreda en acusaciones, la voz de la iglesia irrumpió como un faro de moralidad en medio del caos. Monseñor Henry Ruiz, obispo de la diócesis de Trujillo, denunció el "pacto de impunidad" que ha dominado el país centroamericano, disfrazado de paz pero carente de verdadera democracia. En un momento crucial para Honduras, Ruiz enfatizó la necesidad de elecciones libres y transparentes, con observadores internacionales que garanticen el respeto a los derechos humanos y eviten votaciones fraudulentas. "Estamos hartos de discursos; queremos compromisos reales con la justicia y el bien común", proclamó, criticando a su vez el recurso al odio y la ofensa como signos de pobreza intelectual que solo agravan la confrontación. Su llamado culminó en una "invitación" a la caminata organizada por las iglesias católica y evangélica, un acto simbólico e histórico para priorizar el bien de Honduras sobre "intereses egoístas", recordando la fragilidad de las estructuras sociales ante la vulnerabilidad del pueblo y el creciente autoritarismo en toda la región.


En el epicentro de la crisis, el CNE lucha por recuperar el equilibrio, con la consejera presidenta Cossette López anunciando posibles avances en decisiones técnicas para el proceso electoral. En una conferencia reciente, López vislumbró un consenso inminente sobre mecanismos de verificación de actas con "alta trazabilidad", alejando el término "negociación" para enfocarse en un diálogo democrático enmarcado en la ley y "aspectos técnicos". A pesar de las amenazas y la renuncia condicionada de Ana Paola Hall —rechazada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, por supuestamente "carecer de validez legal"—, López aseguró que el organismo está preparado para avanzar, aunque el cronograma sufre retrasos graves, como la fallida adjudicación del sistema TREP el 29 de julio, interrumpida por tomas de instalaciones por colectivos de LIBRE. Marlon Ochoa, el consejero oficialista, se opone firmemente a la "humanización" de revisiones de actas inconsistentes, alegando riesgos de fraude por parte de la oposición, lo que ha llevado a pedidos de extensión de plazos ya aprobados en el Congreso.


Analistas como Arístides Mejía, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, ven en estas maniobras un claro intento de obstrucción por parte del oficialismo, atribuyéndolo al desgaste del partido y su temor a perder el poder. "Todo el mundo sabe que quien no quiere elecciones es LIBRE, y eso tiene un precio elevado", afirmó Mejía, advirtiendo que sin TREP o sin firma de resultados por Ochoa, la declaratoria podría caer en manos del Congreso o, peor, del Consejo de Ministros, configurando un "golpe institucional disfrazado de crisis". Melisa Elvir, de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), coincidió en el riesgo de procesos viciados o incluso la ausencia de elecciones, exacerbado por intentos de condicionar apoyos legislativos a cambios en el TREP o leyes como la de "Justicia Tributaria". La oposición acusa a LIBRE de desesperación por controlar el CNE a favor de Ochoa, mientras la sociedad civil y observadores internacionales exigen soluciones urgentes y claras para evitar un colapso a menos de cuatro meses de los comicios.


El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) alzó la voz el fin de semana pasado al rechazar públicamente la postura del fiscal general hondureño, Johel Zelaya, por considerar que emitió valoraciones inadecuadas en medio de una investigación activa contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). La directora del CNA, Gabriela Castellanos, calificó como inadmisible que el titular del Ministerio Público, quien ostenta el monopolio de la acción penal, haga pronunciamientos públicos sobre un proceso aún en curso, poniendo en duda la imparcialidad de las diligencias. Castellanos advirtió que estas acciones reflejan un "momento crítico" para el país, marcado por el debilitamiento de la institucionalidad y el quebrantamiento constante de la ley, al tiempo que hizo un llamado a respetar el artículo 232 de la Constitución, que garantiza la autonomía y la independencia de las investigaciones.



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