¿Quién es quién en la "conspiración electoral" que investiga la Fiscalía de Honduras?
- Jairo Videa
- 8 ago
- 17 Min. de lectura
Actualizado: hace 6 días
La actual crisis se agudizó una vez más luego de que el presidente del Congreso Legislativo, Luis Redondo, decidiera sin consulta del pleno no aceptar la renuncia de la consejera Ana Paola Hall y la remitiera como denuncia al Ministerio Público (MP). A esto se suman las acusaciones de "conspiración y extorsión" entre los tres jerarcas propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaladas por el fiscal general como una "amenaza" al proceso en marcha. Mientras sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) exigen el respeto a la autonomía institucional, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advierte que la situación refleja una etapa crítica para el Estado de Derecho en Honduras.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
Una investigación de la Fiscalía hondureña apunta a una presunta "conspiración" para sabotear o desestabilizar los comicios generales previstos para el domingo 30 de noviembre de 2025. El foco está puesto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus tres principales consejeros, quienes han sido citados por el Ministerio Público (MP), aunque aún no se ha confirmado la fecha, hora ni lugar de esta diligencia, que ya ha llamado la atención nacional e internacional. La Fiscalía asegura actuar con imparcialidad, sin "distinción política", y con el objetivo de resguardar la institucionalidad electoral del país centroamericano. Sin embargo, su intervención se produce tras semanas de demora, en medio de múltiples disputas institucionales y políticas que tienen un denominador común: el consejero Marlon David Ochoa Martínez, de 33 años, miembro del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), actual vocero del CNE y —por mucho— de la narrativa gubernamental, más confrontativa que nunca.
En el último mes, la crisis en Honduras ha intensificado las tensiones en un sistema democrático ya debilitado, alcanzando niveles alarmantes, aunque previsibles. El fiscal general de la República, Johel Zelaya, denunció públicamente un supuesto complot, lo que desencadenó una intervención inmediata de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en las oficinas del CNE la mañana del miércoles 30 de julio de 2025. La operación buscaba incautar documentos relacionados con supuestas irregularidades, extorsiones y conflictos internos entre los consejeros del organismo. La investigación se centra en delitos graves, incluyendo traición a la Patria, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, según documentos oficiales.
El origen de la crisis debe remontarse por mucho a las elecciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025, marcadas por irregularidades aún no judicializadas, como demoras en la entrega de material electoral y acusaciones de manipulación atribuidas al oficialismo. La situación se agravó con los "debates técnicos" sobre la "intervención humana" en el proceso electoral que se aproxima, y con la controvertida citación del Congreso Legislativo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral el martes 08 de julio de 2025. Además, las ausencias reiteradas de Marlon Ochoa, junto con señalamientos de conductas machistas, alteran hasta el cierre de este texto el calendario electoral. La denuncia actual involucra entonces a figuras clave del CNE y a actores políticos de alto perfil, reavivando temores de fraudes electorales, como los reportados en 2013 y 2017, y el miedo cada vez más real de ejecutar un proceso a la medida de LIBRE, cuya estrategia evidentemente radica en debilitar los mecanismos y procesos de transmisión de datos y resultados, aunque la Fiscalía se hace la ciega al respecto.
El equipo de COYUNTURA detalla acá quién es quién en este entramado, basado en hechos verificados a través de fuentes especializadas y declaraciones públicas, junto con los eventos más relevantes, seguidos por esta Redacción en una cobertura electoral desde el territorio hondureño.
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